Celsa y Abengoa apuran los plazos para lograr un rescate de la SEPI ‘in extremis’

El organismo público tiene que validar la operación antes del 30 de junio

El tiempo se agota para Celsa y Abengoa. Las dos compañías trabajan contra reloj para lograr que la SEPI dé la autorización definitiva sobre sus rescates con dinero público, en un plazo que termina este mes. En caso de que la ayuda no llegue a tiempo, todo aboca a la siderúrgica a una guerra judicial con sus acreedores y a la ingeniería directamente a la liquidación.

El proceso más adelantado es el de Celsa. En este caso, la SEPI ya ha dicho que considera a la compañía catalana como elegible para ser rescatada por su fondo público de rescate empresarial. Y ha impuesto las condiciones: reducir en 1.000 millones los 2.300 de deuda. Para ello reclama que la empresa, que controla la familia Rubiralta, alcance un pacto con sus acreedores.

Las posturas, sin embargo, no pueden estar más alejadas. Los acreedores reclaman tomar el 49% del capital. Y los Rubiralta rechazan ceder una sola acción a los fondos –a los que acusan haber adquirido la deuda de los bancos a un elevado descuento– y en cambio reclaman una quita de 1.238 millones. Una propuesta también inaceptable para los acreedores, pilotados por los bancos Deutsche Bank y Goldman Sachs y donde participan los fondos Anchorage, Capital Group, Attestor Capital, Cross Ocean Partners, GoldenTree Asset Management, Sculptor Capital Management y SVP Global.

El problema está en que el tiempo apremia. El acuerdo entre Celsa y sus acreedores necesita ser validado por el consejo asesor de la SEPI, que en principio solo se reúne los martes, aunque mañana celebrará un consejo extraordinario para desbloquear más operaciones. Al superar una inyección superior a los 250 millones –Celsa ha pedido al organismo público 550 millones, el mayor rescate solicitado– debe contar con una validación particular de la Comisión Europea. Y después ir al Consejo de Ministros, que celebra su última reunión el 28 de junio antes de que expire el plazo para gastar el fondo. Si bien las fuentes consultadas indican que los asesores de Celsa y la SEPI trabajan día a día con Bruselas, los plazos son muy apurados y la compañía debe dar todos estos pasos en menos de 20 días. Puede ocurrir que la empresa y los fondos alcancen un acuerdo pero sin el tiempo suficiente para cumplir toda la burocracia necesaria para recibir dinero público.

En el caso de Abengoa, la compañía remitió toda la información a la SEPI a finales del mes pasado. Las principales suspicacias de este organismo estaban en las intenciones de Terramar, el fondo californiano que se ha comprometido a inyectar 200 millones y quedarse con el 70% de Abenewco, la filial que ostenta todos los activos de la compañía. Las trabas de los accionistas de la matriz de Abengoa también embarrancan que la SEPI considere la compañía como susceptible de recibir las ayudas. Grant Thornton es el encargado de validarlo.

La participación de la SEPI, a la que Abengoa ha solicitado 249 millones, es clave para desatascar el enésimo salvamento del grupo. Terramar –que ofrece una ampliación de capital por 60 millones y un préstamo participativo por 140 millones– condiciona su participación en la operación a que entre dinero público y a que los bancos concedan líneas de avales por 300 millones. Los acreedores han acordado refinanciar los 200 millones de deuda a cambio del 30% de Abenewco.

En las últimas semanas la SEPI aún no ha dado señales sobre si necesita o no más información sobre esta operación. No ha dicho si puede rescatar a la compañía, paso previo a negociar las condiciones de la operación y que después vaya al consejo de ministros. Las fuentes consultadas indican que si la semana próxima no obtienen noticias de la SEPI avanzarán en la declaración del concurso también para Abenewco. Con la matriz en concurso desde febrero de 2021 y en fase de convenio desde la semana pasada, las opciones de salvamento se reducen prácticamente a cero sin un movimiento exprés de la SEPI en las próximas semanas.

En el caso de Celsa hay algo más de margen. Pero si no llega el dinero público, todo apunta a la judicialización del asunto. Cuenta con un préstamo convertible por 1.400 millones y un crédito jumbo de 800 millones. La compañía acudió a los juzgados para tratar de paralizar cualquier acción de los fondos acreedores, a los que no ha pagado varios intereses de la deuda. En primera instancia el juez ha dado la razón a la compañía por demorar el pago de intereses y el principal del convertible por causa de la pandemia. La decisión es recurrible y una decisión en contra de la empresa catalana puede abocarla también al concurso de acreedores.