CC OO reclama que sea obligatorio hacer contrato a las empleadas domésticas
La exigencia va dirigida a Yolanda Díaz, quien ultima estos días una nueva regulación del colectivo que incluya protección contra el desempleo y el despido
El sindicato CCOO ha reclamado al Gobierno que establezca la obligatoriedad de realizar un contrato por escrito a las empleadas del hogar, en el que conste la jornada, vacaciones y salario, así como las funciones a realizar. Esta demanda se enmarca en el diseño que está haciendo en estos momentos el ministerio de Trabajo para de una nueva regulación laboral para este colectivo, que pretende que sea un paso para lograr su equiparación con el resto de trabajadores.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacó que, tras la ratificación esta semana del convenio 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, se legislará para equiparar sus derechos laborales dando acceso a las prestaciones por desempleo.
La secretaria de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, Carolina Vidal, ha asegurado, al igual que ya lo hizo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la semana pasada, que la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el próximo 9 de junio en el Congreso de los Diputados “es el principio de la equiparación de los derechos laborales”.
Entre otras cuestiones, la norma en la que trabaja el Gobierno permitirá el acceso a las prestaciones por desempleo, la prevención de riesgos laborales o la protección ante el despido y también en la valoración del trabajo que realizan.
La ratificación de este convenio de la OIT irá al pleno del Congreso de los Diputados este jueves y el Gobierno ya ha anunciado que legislará para equiparar sus derechos con los del resto de los trabajadores.
Esta ratificación afectará a las 400.000 personas, en su inmensa mayoría mujeres (género al que pertenecen nueve de cada diez trabajadoras del colecivo), que cotizan en el sistema especial de empleadas del hogar, pero también a las 200.000 que, según la encuesta de población activa (EPA), permanecen en la economía sumergida.