La inspección local denuncia la externalización de sus servicios y la pérdida recaudatoria
Las adjudicatarias reciben comisiones del 30% del fraude detectado Llegan a operar con datos sensibles de los contribuyentes
Una localidad cualquiera de España externaliza a entidades privadas parte de los servicios de inspección de los tributos locales ante la falta de medios y de personal funcionario especializado. A cambio, la empresa en cuestión recibe comisiones de hasta el 30% del fraude detectado. Ocurre en ciudades y pueblos de todos los tamaños y colores políticos y, según denuncia la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL), conlleva una importante pérdida de recaudación y el riesgo de dejar en manos privadas una base de datos que en ocasiones es de carácter sensible.
Este tipo de externalizaciones, insisten los inspectores, suponen una “práctica fraudulenta” que menoscaba la labor de las haciendas públicas y transfiere potenciales ingresos de las arcas locales a manos privadas. Así lo explicaron ayer Arturo José Delgado y Antonio Arenales, presidente y vicepresidente de la ANIHPL, en una jornada organizada conjuntamente con la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie).
La fórmula de la externalización, explicó Delgado, acumula varias sentencias en contra, falladas en 2015 y 2016 contra una serie de localidades vascas que recurrían muy a menudo a esta práctica. El problema, continuó, es que varios gobiernos locales traspasan todavía “líneas rojas” al suscribir contratos no muy distintos, e incluso iguales, a los que previamente han sido anulados por resolución judicial.
Antes de esta serie de sentencias las comisiones que se llevaban las empresas podían alcanzar incluso el 80% del fraude detectado. Ahora las mordidas son “más prudentes, del 15%, el 25% o el 30%”, pero “seguimos apreciando que se está sustituyendo la labor pública”.
Desde los ayuntamientos y empresas especializadas, prosiguió Delgado, camuflan estas prácticas y salvan los muebles gracias a la firma funcionarial necesaria en cualquier tipo de inspección, pero “toda la labor la realizan trabajadores de empresas privadas”. Así, amparándose en términos como “apoyo”, “asistencia”, “colaboración” o “soporte” a la inspección local, las entidades privadas desarrollan potestades públicas de inspección que legalmente están vedadas a las empresas.
“Es un problema que nos preocupa seriamente y que creemos que los poderes públicos deberían abordar, ya que la lucha contra el fraude en el ámbito local también es importante desde el punto de vista constitucional”, añadió.
No en vano, recuerdan desde la ANIHPL, cerca de 25.000 millones de euros anuales –14.000 millones vinculados directamente al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)– en ingresos dependen directamente de estas haciendas locales. La cifra, insistieron Delgado y Arenales, podría ser mayor si los inspectores contasen con más personal para combatir el fraude, algo que a su vez evitaría que parte del dinero aflorado acabase en manos privadas.
Los representantes de los inspectores locales también insistieron en que las sentencias pioneras que cargaron contra estos contratos llegaron “porque con la externalización algunos pueblos estaban dejando en manos de empresas privadas información muy concreta y datos reservados”. Así, todavía hoy, las tareas de los adjudicatarios no se limitan únicamente a asistir a los funcionarios, sino que los trabajadores de estas compañías llegan incluso a conocer los planes reservados de la inspección, seleccionando a su vez a los contribuyentes que pueden ser objeto de vigilancia.
Esquemas caducos
La ANIHPL denunció a su vez que, junto a la falta de medios y de personal, parte de los problemas de las haciendas locales obedecen al hecho de que funcionan con esquemas tributarios que datan de mediados del siglo XIX. Por eso, en ciertos tributos hay una suerte de “tutela” estatal que condiciona el buen funcionamiento de la gestión e inspección y repercute en una inseguridad jurídica constante.
Los casos del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, la conocida plusvalía; el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO); el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM); o el de actividades económicas (IAE) ilustran bien esta falta de claridad, ya que dependen conjuntamente de las haciendas locales y de otra serie de organismos como el catastro, la Agencia Tributaria o las jefaturas provinciales de tráfico. Esto, explicaron, resta agilidad e iniciativa a la labor inspectora.
Agujeros negros y ritmos demasiado lentos
La falta de medios y un diseño caduco en ciertos tributos, advirtió ayer la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL), provoca que haya “agujeros negros y prácticas fraudulentas” alrededor de varios impuestos, algo que menoscaba la recaudación pública. Sucede, por ejemplo, en el de bienes inmuebles (IBI), ya que no siempre es fácil perseguir a los contribuyentes que no comunican los cambios en el edificio, como las construcciones de piscinas o la elevación de plantas. También ocurre, esta vez por un mal diseño, en el impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica, ya que el domicilio que consta a la hora de aplicar el tributo es el que aparece en el permiso de circulación, que no siempre es el de la localidad en la que reside y conduce el titular.
Otros problemas se derivan de los plazos y ritmos que maneja la administración local. Aunque los ayuntamientos debían adaptar sus ordenanzas fiscales antes del 9 de mayo a la reforma del impuesto municipal de plusvalía, los inspectores admitieron que la inmensa mayoría de los consistorios no han elaborado todavía la ordenanza fiscal que recoja la modificación, por lo que todavía aplican la norma estatal.
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