El Gobierno salva la tramitación de la ley de vivienda gracias al apoyo de ERC

Acuerdan un mayor respeto de las competencias autonómicas

El TC tumba la normativa catalana que limita los alquileres

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. EP

El Gobierno de coalición ha salvado este jueves en el Congreso la tramitación de la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda gracias a un acuerdo firmado a última hora con Esquerra Republicana. La formación catalana ha rechazado finalmente las enmiendas a la totalidad presentadas por un puñado de grupos a cambio de un pacto escrito con el Ejecutivo para garantizar el "respeto escrupuloso" al marco competencial de las comunidades autónomas y a la negociación de la norma con las fuerzas parlamentarias progresistas. La tramitación de la norma estatal se ha producido precisamente el mismo día en el que el Tribunal Constitucional ha fallado contra la norma catalana de 2020 que regula el precio de los alquileres.

Las cinco enmiendas a la totalidad, presentadas en el Congreso por el PP, Cs, PNV, PDECat y Junts, se sometieron al escrutinio de forma conjunta con 161 votos favorables, 174 en contra y 4 abstenciones. ERC, por su parte, había presentado una enmienda de sustitución, que también fue rechazada. Si la formación hubiera decidido sumarse a los votos que pedían la retirada de la ley, la normativa no hubiera superado el trámite y habría sido devuelta al Gobierno.

Aunque anunció el voto en contra de su formación a las enmiendas de totalidad que pedían la devolución del proyecto de ley, la portavoz de ERC, Pilar Vallugera, marcó sus "líneas rojas" en la posterior negociación: el respeto de las competencias autonómicas. Tal y como dijo Vallugera, la redacción actual se basa en un texto "recentralizador e invasivo de las competencias y que no garantiza el derecho a la vivienda". La portavoz de la formación independentista también recordó al Gobierno que no cuenta con la mayoría parlamentaria suficiente, por lo que no tendrá más remedio que negociar la ley con los socios habituales, que reclaman más "ambición" para "regular los precios de los alquileres".

La aprobación del trámite de este jueves, añaden los republicanos, "no supone en ningún caso la validación de la ley, que tras salvar este trámite deberá abrir un intenso período de negociación y acuerdo en base a lo establecido como punto de partida".

Por su parte, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, aseguró que el cambio de planes de ERC "atestigua que es más lo que nos une que lo que nos separa". Sánchez remarcó que "el texto resultante será respetuoso" con la competencia exclusiva de las regiones y las contenidas en los estatutos de autonomía, incluido el de Cataluña.

Ley catalana

Precisamente este jueves el Tribunal Constitucional ha estimado un recurso planteado por el PP que tumbaría parte de la ley de vivienda catalana aprobada en 2020. La normativa, entre otros, regula el precio de los alquileres de la vivienda en 60 localidades catalanas, incluyendo a las cuatro capitales de provincia y al área metropolitana de Barcelona. La decisión del Constitucional, adelantada por El Periódico y confirmada a este diario por fuentes conocedoras, ha sido tomada de forma unánime por saltarse las competencias autonómicas en materia de vivienda.

La ley fue aprobada por la Generalitat en septiembre de 2020 con el apoyo de JxCat, ERC, los comunes y la CUP. La norma obligaba a congelar o bajar el precio de los alquileres en las zonas tensionadas de las 60 ciudades catalanas con más de 20.000 habitantes.

Según detalló el propio Constitucional en una nota posterior, la sentencia, "cuyo ponente ha sido el magistrado Ramón Sáez, declara que son inconstitucionales y nulos" una serie de preceptos que "suponen una invasión de la comunidad autónoma en las competencias del Estado". Según el alto tribunal, es el Estado el que tiene la competencia "para establecer los criterios de ordenación general del sector de la contratación privada en aquellos territorios autonómicos que cuenten con legislación propia". La finalidad de la reserva estatal, prosigue el comunicado, "estriba en la necesidad de garantizar un común denominador en los principios que deben regir las obligaciones contractuales, lo que se logra cuando las categorías generales son las mismas en todo el territorio nacional".

Más ambición

La titular de Transportes asegura que la ley estatal "dará una respuesta necesaria para muchas familias y jóvenes, así como a colectivos vulnerables, en el acceso a una vivienda digna y adecuada", lo que el Gobierno de coalición denomina como quinto pilar del Estado del bienestar.

También se muestra convencida de que a partir de ahora se enriquecerá el proyecto de ley desde el poder legislativo. En este contexto, Sánchez instó a todas las fuerzas políticas al máximo consenso posible y a que se unan a esta norma "para dar una respuesta necesaria para que muchas familias y jóvenes puedan acceder a una vivienda digna y adecuada".

En paralelo, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, agradeció a la mayoría "plurinacional y progresista" en el Congreso que haya facilitado el avance de la tramitación de la normativa, y emplazó a los socios del Ejecutivo a trabajar conjuntamente para lograr que sea aún "más ambiciosa".

La ley de vivienda, entre una extensa batería de medidas, permite a las comunidades autónomas que así lo consideren declarar sus zonas calientes como tensionadas para aplicar en ellas una serie de políticas como la limitación de los precios del alquiler a los caseros que sean grandes empresas o la congelación de los contratos cuando el propietario sea un pequeño tenedor.

Estas medidas, junto a otras de carácter fiscal, solo podrán llevarse a cabo en aquellas regiones que decidan aplicar la normativa, ya que las competencias en materia de vivienda dependen de los gobiernos autonómicos. El aspecto competencial, de hecho, llevó al CGPJ a posicionarse en contra del texto por tener un "problemático encaje" constitucional.

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