Consejo de Ministros

Las empresas podrán sacar de la base de cotización hasta 1.380 euros al año de su aportación a planes de pensiones para el trabajador

El Gobierno da luz verde al nuevo fondo de planes de pensiones para las empresas; prorroga las actuales condiciones de los ERTE hasta el 31 de marzo, el Plan Mecuida hasta el 30 de junio y eleva el salario mínimo a 1.000 euros desde el 1 de enero

El Consejo de Ministros de hoy ha tenido un marcado acento laboral ya que el Gobierno ha aprobado en esta reunión varias importantes medidas que afectan a millones de trabajadores. Por un lado ha dado el visto bueno al real decreto que eleva el salario mínimo interprofesional de 965 a 1.000 euros mensuales (en 14 pagas) con efectos retroactivos desde el 1 de enero pasado. Asimismo ha extendido las medidas de protección social, entre ellos el Plan Mecuida hasta el 30 de junio. Y, en tercer lugar, el Ejecutivo ha aprobado también el anteproyecto de ley que recogerá la regulación del fondo de pensiones de empleo de promoción pública de nueva creación para que esté en marcha en 2023. El Consejo de Ministros lo enviará al Parlamento para su tramitación.

Desde el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que ha capitaneado el diseño de este nuevo fondo explican que el texto legal que hoy se aprueba "facilita la creación de planes colectivos (en el seno de las empresas) en el marco de la negociación colectiva y habilita la creación de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública. Estos planes --con la nueva figura del plan simplificado, también de nueva creación-- tendrán "bajas comisiones" para facilitar el ahorro para la jubilación de trabajadores con rentas medias y bajas de pymes y para trabajadores autónomos, jóvenes y empleados públicos.

El proyecto de ley incorpora los incentivos fiscales recogidos en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 para los planes colectivos de pensiones, que elevaron el límite en la deducción de la base imponible hasta los 10.500 euros, para incentivarlos, al tiempo que redujeron este límite a los 1.500 euros para los planes individuales, algo que ha sido fuertemente criticado por el sector financiero y de gestoras de estos planes. El argumento de estos profesionales es que se han incentivado los planes colectivos a costa de los individuales sin haber puesto en marcha si quiera el fondo que se aprueba hoy.

Este anteproyecto incluye varias novedades, fundamentalmente para las empresas, orientadas a fomentar el desarrollo de estos planes. Entre las conocidas hoy está la elevación a 115 euros mensuales de la cantidad de aportaciones de las empresas a los fondos de pensiones colectivos que se podrán sacar de la base de cotización del trabajador. Esto supondría poder excluir de dichas bases de cotización hasta 1.380 euros anuales, lo que según los cálculos del ministerio supondrá un ahorro de casi 400 euros por trabajador al año.

Asimismo, recoge incentivos para que el trabajador pueda aportar más dinero que su empresa con unos límites que se establecen en función de la contribución empresarial. Así, si la empresa aporta hasta 500 euros al año, el empleado podrá contribuir con hasta 1.250, con lo que la aportación máxima será del 3.250 en su conjunto; si la aportación empresarial está entre 501 y 1.00 euros, el trabajador podrá aportar hasta 2.000 al año (4.500 euros de aportación máxima); si el empresario pone de 1.001 a 1.500 euros, el empleado podrá elevar su contribución hasta los 2.250 euros anuales (5.250 euros al año); y si la empresa mete en uno de estos planes más de 1.501 euros al año, el trabajador podrá igualar esta cantidad hasta 10.000 euros anuales como máximo.

En todos los casos de aportaciones máximas, los trabajadores pueden deducirse 1.500 euros de su plan individual o colectivo, tal y como se recoge en la Ley de Presupuestos antes citada. Igualmente la norma incorpora el aumento de la deducción para autónomos por las aportaciones a planes de pensiones que pasarán de 2.000 a 5.750 euros anuales.

Sin embargo, fuentes sectoriales han explicado que el Ejecutivo no ha incluido en es anteproyecto de ley ningún tipo de incentivo fiscales para estos planes, tal y como pedían todos los agentes del sector, a la espera de una conclusión de la Comisión de Expertos de fiscalidad a la que el Gobierno ha encargado el diseño de la próxima reforma tributaria. Si bien, estos incentivos sí podrían incluirse a lo largo de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley.

El texto sí ha incluido algunos cambios reclamados por los interlocutores sociales en torno a la gobernanza de este futuro fondo. Se ha determinado que la Comisión Promotora hará la selección de entidades gestoras y depositarias, el establecimiento de la estrategia de inversión a largo plazo, la constitución de los fondos de pensiones y el nombramiento de los miembros de la Comisión de Control Especial.

Mientras que dicha Comisión de Control Especial se encargará de la representación del fondo, la elaboración de la política de inversión de cada fondo, el control y observación del cumplimiento de las normas de los fondos, el examen de la actuación de la gestora y la supervisión de la misma y, en su caso de la decisión de su sustitución. Esta comisión estará formada por cinco miembros elegidos por el Gobierno y cuatro representantes de los sindicatos y otros cuatro de los empresarios.

Este anteproyecto de ley no cuenta con el respaldo de los sindicatos y la patronal, que consideran que no se ha aprovechado la oportunidad para construir de forma efectiva un segundo pilar del sistema de pensiones potente. No obstante, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriva, ha restado importancia a esta falta de acuerdo asegurando que "nunca se aspiró a que el diálogo social fuera el único canal para sacar esta norma". Aún así, ha asegurado que las contribuciones de empresarios y sindicatos al texto han sido "muy fructíferas".

Se prolonga el escudo social

El Gobierno también ha aprobado la prolongación del escudo social hasta el 31 de marzo. Entre otras cosas se han prorrogado hasta esa fecha las actuales condiciones de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) –aunque con menos exoneraciones de cotizaciones– para permitir que las empresas conviertan en marzo sus ERTE Covid en los nuevos ajustes temporales aprobados en la reforma laboral.

Así, las condiciones de protección a las personas en situación de ERTE se mantendrán iguales, tanto para los que tienen causas Covid como los originados por la crisis volcánica de Cumbre Vieja, así como la prestación extraordinaria para las personas con contrato fijo discontinuo.

No obstante, las exoneraciones de cuotas para las empresas a la Seguridad Social vigentes se modifican para este mes de extensión y pasan: de 80% a 60% donde hay planes de formación; donde no hay planes pasan a 20% en empresas de 10 o más trabajadores y a 30% en el caso de 10 o menos trabajadores, lo que supone una reducción de 20 puntos. La exoneración para fuerza mayor será el 90%.

Asimismo, han dado luz verde al mantenimiento de las prestaciones por cese de actividad para autónomos solo en caso de cierres administrativos; mientras que para los más de 100.000 autónomos que cobran el cese extraordinario de actividad por Covid dejarán de recibir esta ayuda el 1 de marzo, pero pagarán menos cuotas. Así se aprobará una rebaja de cotizaciones a la Seguridad Social del 90% en marzo; 75% en abril; 50% en mayo y del 25% en junio. Asimismo, se prorrogará también la prestación extraordinaria para autónomos en La Palma hasta 30 junio.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado también que se extenderá hasta el 30 de junio el denominado Plan Mecuida que, entre otras cosas, prioriza la adaptación de las jornadas de los trabajadores para realizar cuidados e incluso la posibilidad de recortar hasta el 100% la jornada y el salario para ello. Según la ministra unas 300.000 mujeres se han acogido a este plan.

El alza del salario mínimo por su parte afectará a dos millones de trabajadores a los que las compañías deberán pagarles la diferencia de 35 euros de enero y febrero, esto es 70 euros.

 

 

 

 

 

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