El Gobierno ha perdido la ocasión de practicar la justicia fiscal

En un entorno económico inflacionario, el inmovilismo constituye en sí mismo una medida de política fiscal, pero una medida que no juega nunca a favor del contribuyente. Es lo que se conoce como presión o progresión fiscal fría, un fenómeno que se produce cuando los precios suben debido a la inflación sin que la tarifa del impuesto sobre la renta ni el resto de sus elementos se actualicen en función del IPC, lo que provoca pérdida de poder adquisitivo en el ciudadano y coloca una mayor carga fiscal sobre sus hombros. Se trata también, a todas vistas, de la primera gran medida fiscal que ha adoptado el Gobierno este año, gracias a una tasa de inflación del 6,5% en 2021 que le permitirá recaudar 4.110 millones de euros más, es decir, una media de 199 euros más per cápita, según un análisis impulsado por la Fundación Disenso. La decisión del Ejecutivo de no deflactar el IRPF –para neutralizar el efecto de la inflación– supone que todos los contribuyentes sufrirán un incremento en su factura por el mero efecto de la subida de los precios. La medida quiebra también la progresividad del impuesto, ya que empuja a una parte de los declarantes hacia tramos superiores de la tarifa, pese a que su renta real no varíe.

La presión fiscal fría es una subida de impuestos en toda regla, con la ventaja de que no supone desgaste político alguno entre el electorado ni suscita la fuerte oposición de una medida tributaria activa. Se trata de un viejo problema largamente debatido entre los fiscalistas, que ponen en duda, con razón, la legitimidad de una inactividad gubernativa que se salda con un alza oculta de impuestos fuera del debate político y al margen del control del Parlamento. Tampoco existe unanimidad doctrinal respecto a cuál sería la mejor forma de evitar este efecto sin necesidad de acometer correcciones puntuales en el impuesto, algo que exigiría diseñar un mecanismo de ajuste que vinculara automáticamente el IRPF con la evolución de la inflación.

La decisión de Hacienda de no deflactar la tarifa en 2022 obligará a los contribuyentes españoles no solo a pagar más impuestos, sino a hacerlo en medio de una coyuntura incierta, agravada por la pérdida de valor adquisitivo que ha traído consigo una tasa histórica de inflación y ante la perspectiva de una próxima subida de tipos por parte del BCE. El Ejecutivo ha desaprovechado una gran ocasión para hacer un ejercicio de justicia fiscal y practicar esa sensibilidad social de que tan a menudo hace gala en sus discursos.