Los ‘coworkings’ y el censo de la Agencia Tributaria

La actividad de los ‘nidos de sociedades’ nada tiene que ver con ellos, aunque Hacienda los equipare

Se acaban de publicar las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2022, que suponen “una referencia concreta a las líneas de actuación de prevención y control del fraude que se consideran más relevantes”. Uno de los apartados clave de las medidas adoptadas por el Ministerio de Hacienda es la depuración del censo. Como este registro es la base de toda la información de la Agencia Tributaria, se pretende que solo se incluyan en él aquellas sociedades que realmente intervengan en el ámbito comercial o económico.

El texto publicado explica la importancia de establecer sistemas de control porque del gran número de sociedades constituidas en España, una parte significativa corresponde a entidades inactivas o con escasa o nula actividad. Muchas han sido simplemente abandonadas por sus administradores y socios sin realizar los actos jurídicos correspondientes, y el problema, asegura Hacienda, es que esto puede dar lugar a fraudes utilizando, de uno u otro modo, estas sociedades aparentemente inactivas. Añade también que la OCDE considera que estas personas jurídicas inactivas resultan “potencialmente ocultadoras de la verdadera titularidad de bienes y derechos”, lo que afecta a la transparencia del sistema.

Durante 2022, la Agencia Tributaria va a prestar apoyo a los emprendedores que sean personas físicas para su correcta inclusión en este censo y va a trabajar en la depuración de entidades no mercantiles con el objeto de dar de baja a las que no cumplan los requisitos para estar efectivamente dadas de alta.

Para realizar estas tareas de limpieza del censo, la Agencia Tributaria prevé reconducir parte de sus habituales visitas, y anuncia que alcanzarán a “los denominados nidos de sociedades, esto es, coworkings, despachos o simplemente, lugares de simple recepción de correspondencia”.

Esta equiparación de los coworkings con “nidos de sociedades” que dan cabida a entidades que resultan “potencialmente ocultadoras de la verdadera titularidad de bienes y derechos” resulta profundamente dañina para un sector que ya viene sufriendo una importante inseguridad jurídica.

Dice Manuel Santolaya en su libro El fraude fiscal en la recaudación tributaria que los nidos de sociedades son “aquellos despachos profesionales cuyo objeto es la constitución de sociedades sin objetivo definido que, una vez alumbradas a la vida jurídica, son cedidas a terceros”. Seguramente esta sea una definición comúnmente aceptada y nada tiene que ver ni con el fin ni con la actividad que se desarrolla, con carácter general, en los coworkings de este país.

Desde la patronal del sector consideramos inadmisible que los espacios de trabajo compartidos sean asimilados, en un texto legal, con “nidos de sociedades”. Los coworkings constituyen un colectivo profesional, respetable y de escrupuloso cumplimiento del marco legal. Su actividad puede definirse como una combinación de espacio, tecnología, servicios y comunidad, y sus titulares son los primeros interesados en no dar cabida a empresas fantasma o actividades que puedan resultar fraudulentas. Así lo hemos manifestado en numerosas ocasiones desde la asociación a la Agencia Tributaria, con la que mantenemos un convenio de colaboración en vigor que establece cauces de comunicación con nuestros asociados, que firman un código deontológico.

A día de hoy, existen en España más de 1.200 espacios de coworking de gestión privada y más de 800 de gestión pública. Su actividad va mucho más allá de proporcionar un espacio físico a las 350.000 personas que desarrollan en sus instalaciones su actividad profesional. Los coworkings ofrecen espacio como servicio, lo que incluye equipamiento tecnológico, asistencia y pertenencia a una comunidad que interactúa y se retroalimenta, poniendo a las personas en el centro de toda la propuesta de valor.

El sector de la oficina flexible aporta un entorno de trabajo profesional que favorece el emprendimiento. Hoy día es una pieza clave en el ecosistema empresarial, y una alternativa que contribuye a reducir el coste y flexibilizar las infraestructuras a muchas empresas y autónomos que necesitan optimizar al máximo sus presupuestos. Es un sector de futuro, con fuertes crecimientos, que responde a las necesidades actuales, y que precisamente por eso está experimentando una creciente implantación en todo Europa y el mundo.

El del coworking es, además, un sector diverso y diversificado, que da respuesta a las necesidades de pymes y emprendedores, pero también a grandes empresas. A su vez, está compuesto por entidades de perfiles muy diferentes, que aúnan a operadores multinacionales y a empresas que cotizan en el Ibex-35, junto a startups jóvenes y dinámicas que apuestan por las oficinas del siglo XXI.

La insoportable inseguridad jurídica

Esta incomprensible equiparación de los coworkings con los “nidos de sociedades” que hace ahora el Ministerio de Hacienda se viene a sumar a una importante falta de definición en cuanto al marco jurídico en el que operan los espacios de trabajo compartido. Pese a ser, como decimos, una herramienta clave para la recuperación económica –por su aportación a un desarrollo más sostenible, digital y ecológico–, el sector no cuenta con el necesario respaldo de la Administración, especialmente en el ámbito legislativo.

Hemos sido permanentemente ignorados por una Administración Pública que no ha establecido un registro específico en el Índice de Actividades Económicas ni ha sido capaz de regular una actividad que está extendida por todo el mundo y que permite colocar a España entre los destinos preferidos de los nuevos nómadas digitales, que pueden ejercer su actividad desde cualquier parte del mundo.

En España, a día de hoy, y pese a las reclamaciones que llevamos décadas haciendo desde el sector, puede constituirse una sociedad en cualquier domicilio –sin ninguna verificación adicional– y, una vez constituida, esa dirección solo puede ser modificada por los propios administradores o jueces y tribunales. Es evidente que el problema no está en los coworkings, sino en una legislación que debe ser revisada y actualizada para favorecer el crecimiento de un sector de futuro.

Eduardo Salsamendi es presidente de ProWorkSpaces