Madrid aprueba la ley para atraer a empresas y servicios de otras regiones
Supondrá un aumento del PIB madrileño de un 1,6% a medio y largo plazo, según cálculos del gobierno regional
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley de Mercado Abierto con el objetivo de "ser la primera región de España donde las empresas y operadores económicos, de todo el territorio nacional, puedan instalarse sin tener que solicitar permisos o licencias adicionales que ya tengan en sus lugares de origen", según explica el gobierno regional en una nota.
La normativa supondrá, en resumen, la libre circulación de bienes y servicios y el reconocimiento automático de licencias para que empresas y profesionales de todo el territorio nacional puedan operar en la región. Este paso "no solo contribuirá de forma eficaz a la simplificación administrativa, sino que potenciará la llegada de inversiones y ayudará a impulsar la actividad económica".
Según las previsiones del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la aplicación de la nueva ley supondrá un aumento del producto interior bruto (PIB) madrileño de un 1,6% a medio y largo plazo, lo cual se traducirá en una creación de riqueza próxima a 4.000 millones de euros anuales y unos 50.000 nuevos empleos.
El texto, que supone un paso más en la eliminación de trabas regulatorias para atraer inversiones a la región, se remite ahora a la Asamblea de Madrid para iniciar la tramitación legislativa correspondiente a lo largo de los próximos meses.
La normativa tiene el objetivo de "fomentar la inversión, la generación de empleo y la reactivación económica" de la región. De esta forma, y con carácter general, cualquier entidad que ya esté legalmente establecida en otra comunidad autónoma podrá hacerlo libremente en Madrid de forma automática. Este adelanto, añade el texto, también se aplica a los productos que se comercialicen en el resto de España y que, por tanto, podrán circular libremente sin necesitar requisitos extra a los que ya soportan.
La ley, a su vez, recoge el compromiso del Gobierno regional a la hora de suprimir la regulación propia en aquellos casos en los que los requisitos de acceso a la actividad sean mayores que los de otras autonomías.
El gobierno madrileño argumenta para justificar el cambio que organismos e instituciones como la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o el Banco de España "llevan años alertando sobre los efectos perversos de la fragmentación del mercado nacional y recomendando la necesidad urgente de garantizar su unidad para potenciar el crecimiento del PIB y la competitividad de las empresas".
Entre otros inconvenientes detectados por el Ejecutivo autonómico, "esta hiperregulación y la proliferación de normas por las autonomías segmentan los mercados, elevan los costes de transacción, dificultan la movilidad, discriminan y, en definitiva, lastran el crecimiento económico y la generación de empleo", sostiene el equipo de Díaz Ayuso.
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