Semana clave para el fin de los flecos del rescate financiero
El Gobierno inicia la nacionalización de Sareb, Ibercaja anuncia su salida a Bolsa, y Calviño urge a toda la banca a garantizar la inclusión financiera
Arranca el fin de una etapa, la de la crisis financiera. Hubo muchas novedades la semana pasada, como si el Gobierno, después de una década, tuviese mucha prisa en poner el punto y final a una etapa en el sistema financiero español que se llevó por delante a todo un sector, el de las cajas de ahorros, por una crisis desencadenada por una burbuja inmobiliaria, un exceso de concesión de crédito sin las suficientes garantías o controles, con una economía en picado y una negación de la mayor, resulta que todo estaba bien hasta que de un día para otro dejó de estarlo.
Las soluciones, unas demasiado medidas, lo que provocó una pérdida de tiempo imprescindible, y otras bastante improvisadas. Conclusión, se produjo una crisis financiera sin precedentes en la historia del sector que se llevó por delante el crecimiento económico de toda una década, que ha sido pagado por todos los contribuyentes, y los no contribuyentes, como los jóvenes, que seguirán arrastrando durante mucho tiempo los efectos depredadores para los salarios de ese tsunami financiero.
El martes pasado el Consejo de Ministros aprobó el cambio jurídico para que la Sareb, ese banco malo ideado por el entonces ministro de Economía, y hoy vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, se convierta en una sociedad pública. Para ello, esta compañía que cuenta en su balance con los activos tóxicos (créditos, inmuebles y otros activos) de las antiguas cajas de ahorros en quiebra o casi en quiebra que tuvieron que recibir ayudas públicas y posteriormente ser vendidas —salvo Bankia, que se salvó de su venta al ser sistémica, pero que al final acaba de pasar a la órbita de CaixaBank— comprará a los bancos sus acciones por un céntimo el título, es decir, por un euro más o menos por el connjunto de cada una de sus participaciones.
Las entidades, ahora tan contentas porque podrán mantener los créditos fiscales que han generado las sistemáticas pérdidas registradas por Sareb desde su creación en 2012. El banco malo pasa así a ser nacionalizado. Ahora, el Estado, a través del FROB, controla más del 45% de su capital, mientras que el resto está en manos de la banca y en menor proporción de alguna aseguradora.
El Estado aún debe 35.000 millones de euros a la banca, que han cobrado 15.000 millones durante la vida de Sareb. En fin, ahí quedan para el recuerdo, solo para el recuerdo, esas palabras de Guindos asegurando que el rescate financiero tendría un coste cero para los españoles.
Ahora el agujero del rescate de la banca, o mejor dicho, de las cajas de ahorros, suma unos 70.000 millones de euros. Algo de esta cifra se podrá recuperar. Posiblemente. Pero en años, pero también puede ocurrir a la inversa, que la factura crezca. Una de las esperanzas para recortar las cuentas morosas con la sociedad consecuencia del rescate financiero, es la venta de algo más del 16% del capital de CaixaBank en manos del Estado, heredado tras absorber Bankia en marzo del pasado ejercicio. Eso sí, con Sareb ya público, el Estado podrá desarrollar más su política social de vivienda, como quiere Podemos.
Bueno, si el martes el Estado anunciaba el cambio jurídico de Sareb, el jueves Ibercaja comunicaba el arranque de su salida a Bolsa. Es una salida obligada por el cambio de la ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, creada a raíz de la crisis financiera por imperativo de Europa, que a fin de cuentas fue quien puso la pasta para la ayuda a la banca, aunque con condiciones y con intereses. Nada es gratis en esta vida, o mejor dicho, casi nada.
Economía tira de las orejas a las entidades financieras públicamente en un momento en el que el sector vuelve a atravesar una fuerte caída de su reputación
Ibercaja es la última caja que queda por cumplir con el requisito de cotizar en el mercado tras la crisis financiera. Era eso o que la fundación, máxima accionista de la entidad, con el 88% de su capital (el otro más del 11% lo tienen las fundaciones de las pequeñas cajas que se fusionaron con Ibercaja también en la crisis financiera) creara un fondo de rescate con un importe tan abultado que era difícil de constituir y más de mantener.
Pese a esta salida a Bolsa, la fundación no se libra de activar una hucha para guardar ciertos fondos como prevención ante la necesidad de ampliar capital y no tener que perder una participación mayoritaria en el banco, que tras su estreno en el parqué será del 46% o del 49% como máximo.
Pendiente, eso sí, queda la venta de la participación del 16% del capital de CaixaBank en manos del Estado, ya comentada. Pero eso será otro día, cuando el Gobierno vea que puede recuperar algo por este paquete de acciones, que le convierte en el segundo accionista de la mayor entidad de crédito de España. De momento, con la fusión de la entidad de origen catalán con Bankia el problema parece menos problema.
Y así las cosas, llega la vicepresidente primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, el jueves pasado y decide tirar de las orejas a todo el sector financiero, y anunciarlo públicamente.
Calviño convocó de urgencia una reunión con los representantes de las tres patronales bancarias (AEB, CECA y UNACC) y el Banco de España para abordar “la importancia de garantizar la inclusión financiera para el conjunto de la sociedad, incluyendo a nuestros mayores, y la urgencia de adoptar medidas en este sentido”.
El Gobierno no quiere perder ocasión (lógico, yo también lo haría) para poner en marcha todo aquello que beneficie al ciudadano, sume votos y sea, si se puede, gratis para el Estado. Y la banca, un servicio esencial para la sociedad, se presta a ello, dada su importancia, pese a que está perdiendo puntos, y ahora otra vez por su baja reputación tras el cierre masivo de oficinas y el recorte de plantilla.
Calviño ha dado un mes de plazo al sector para que resuelva esta situación y evite la exclusión financiera de los clientes, sobre todo de los mayores, con más dificultad para habituarse a funcionar con el banco vía digital.
Y todo empezó hace cuatro semanas, cuando Carlos San Juan de Laorden, de 78 años de edad, impulsó una petición en la plataforma Change.org pidiendo un trato más humano a las personas mayores en la banca. Quién le iba a decir a las entidades financieras que iban a quedar fatal publicamente por esta reclamación. Pero, bueno, esto si que tiene fácil remedio, esperemos. Es cuestión de voluntad.