El laxo ‘lavado verde’ de la UE podría ser peor que la enfermedad
La taxonomía debería fomentar la financiación de la energía limpia, pero puede ocurrir al revés
Ursula von der Leyen está dañando su credibilidad en materia de cambio climático. Se supone que la llamada taxonomía de la Comisión Europea debe garantizar que los inversores y los Gobiernos canalicen los fondos hacia proyectos que sean significativamente verdes. La letra pequeña del último proyecto de la presidenta podría hacer lo contrario.
La inclusión en la taxonomía de los proyectos nucleares y de gas emisor de carbono es un revés, dado su carácter de marca de calidad. Los políticos europeos presionaron para que se incluyeran porque los proyectos financiados con fondos públicos que se consideraran conformes con la taxonomía podrían beneficiarse de los fondos de recuperación de la Unión Europea y posiblemente de una mayor facilidad para cumplir las normas presupuestarias y de ayudas estatales. En lugar de limpiar sus sistemas energéticos, han ensuciado la taxonomía.
El nuevo borrador, publicado a escondidas el 31 de diciembre, es especialmente escandaloso. Permite que las nuevas centrales de gas cumplan la taxonomía si emiten 550 kilogramos de dióxido de carbono al año por cada kilovatio de capacidad. Eso equivale a 11 toneladas de emisiones de carbono a lo largo de la vida útil propuesta, de 20 años. Esto ya es suficientemente malo: si estas centrales sustituyeran a toda la capacidad de carbón de la UE, aún podrían crear más de mil millones de toneladas de CO2, el 4% de las emisiones mundiales relacionadas con la energía en 2019.
El profesor del University College de Dublín Andreas Hoepner, miembro del grupo original de expertos técnicos de la taxonomía, considera que esta modificación también crea una problemática laguna. Dado que las emisiones permitidas se promedian a lo largo de un periodo de 20 años, un proyecto que arroje más de 550 kilogramos de carbono al año en un periodo más corto puede seguir cumpliendo con la taxonomía. Sus promotores solo tendrían que demostrar que las emisiones disminuirán con el tiempo gracias a la tecnología de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CUAC, o CCUS en inglés), a pesar de que no sea actualmente viable desde el punto de vista comercial.
El promotor de una central de gas podría emitir un bono verde con un vencimiento de, por ejemplo, 7 años, y expulsar el presupuesto de CO2 de 20 años en ese periodo. Los inversores, que el año pasado compraron 500.000 millones de dólares en bonos verdes, podrían afirmar que están invirtiendo de forma sostenible. Pero no tendrían que preocuparse de si la tecnología CUAC se materializa realmente o no, ya que sus bonos vencerían antes de que se supone que entraría en acción. Los promotores obtendrían un capital más barato. Y los Gobiernos obtendrían nuevas plantas de gas para evitar crisis de suministro como la actual, que ha disparado los precios.
El que pierde es el planeta. Si no se revisa el proyecto, se podría emitir más CO2 del que Europa puede permitirse para alcanzar sus objetivos de descarbonización. Y la taxonomía, que se supone que debe ayudar a acabar con el lavado de cara verde, en lugar de eso, lo permitirá.
Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías