El FMI rebaja el crecimiento del PIB español al 4,6% en 2021 y al 5,8% en 2022
Los técnicos del organismo asestan un recorte de 1,1 y 0,6 puntos respecto a las últimas previsiones oficiales Piden compensar el gasto en pensiones, hacer más atractiva la contratación indefinida y vigilar el precio de la vivienda
El ritmo de crecimiento y recuperación económica que se preveía para España hace solo cuestión de meses se desinfla irremediablemente debido a la escalada de la inflación, a la crisis global de suministros y la incertidumbre de la crisis sanitaria, espoleada ahora por la nueva variante ómicron. Por todo ello, el personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), de visita en España, ha asestado este miércoles un nuevo tijeretazo a las previsiones de avance de la economía del país. De entrada, los técnicos esperan que "la actividad económica crezca un 4,6% en 2021 y un 5,8% en 2022", un recorte de 1,1 y 0,6 puntos, respectivamente, respecto a lo proyectado por el fondo a comienzos del pasado octubre.
Por todo ello, dado que "la capacidad económica ociosa persiste", no se espera que la actividad retorne a los niveles previos a la crisis "hasta finales de 2022 o comienzos de 2023". Todas las conclusiones recogidas por los expertos servirán como punto de partida para un nuevo informe oficial que próximamente firmará el organismo internacional. Mientras tanto, las directrices y recomendaciones plasmadas en el documento pueden entenderse como un anticipo de lo que recibirá España. Por el momento, la radiografía se acerca más a lo pronosticado la semana pasada por el Banco de España, que prevé un alza del 4,5% este año y del 5,4% el siguiente, y se aleja más aún de la previsión del Gobierno, que se mantiene en el 6,5% y 7%.
En sus resoluciones, los técnicos del FMI reconocen que, después de haberse desplomado un histórico 10,8% en 2020, la economía española "está recuperándose de la profunda recesión causada por la pandemia". En este avance, las políticas de apoyo han sido "oportunas y decisivas", de la misma forma que ha sido clave una campaña de vacunación "sumamente eficaz". Sin embargo, los expertos del fondo también recuerdan a España que tiene varias tareas pendientes, como la correcta implementación y ejecución de los fondos europeos, que podrían tener un impacto de entre 1,5 y 2 puntos en el PIB de 2022, o el desarrollo de un plan de sostenibilidad fiscal.
También piden compensar el gasto extra en pensiones con nuevos ingresos o hacer más atractivos para las empresas los contratos indefinidos, entre otros puntos.
En el apartado de las finanzas públicas, reconocen los técnicos, las medidas de apoyo público "fueron cruciales" para contener el impacto económico de la crisis sanitaria, pero "inevitablemente han hecho mella en las finanzas públicas" y llevado a la deuda pública, que cerrará 2021 en torno al 120% del PIB, a convertirse en una "fuente de vulnerabilidad". Por ello, aunque en el corto plazo la política fiscal debe continuar siendo "expansiva", el país tendrá que reducir la deuda a niveles más prudentes y crear margen fiscal para responder a shocks futuros. Si no se toman medidas discrecionales, advierten los expertos, se prevé que a medio plazo el déficit público siga estando por encima de los niveles prepandémicos.
El proceso de consolidación fiscal, insiste el documento, debería llevarse a cabo una vez que la economía haya entrado en una senda de crecimiento sostenido, algo que, según el escenario base, llegaría a partir del año 2023. Además de una mayor eficiencia del gasto, los técnicos proponen medidas por el lado de los ingresos como ampliar las bases imponibles y aumentar los impuestos medioambientales. También recuerdan, en relación con las inversiones vinculadas a los fondos europeos, la importancia de seleccionar proyectos con alto rendimiento social que amplifiquen los efectos multiplicadores.
Reforma laboral y de pensiones
Los técnicos del FMI también analizan los detalles de la reforma laboral que Gobierno y agentes sociales continúan negociando a contrarreloj con el objetivo de llegar a un acuerdo antes de que finalice el año. En su opinión, las "principales prioridades" son abordar la dualidad del mercado laboral, mejorar la flexibilidad y la movilidad laboral, y mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo. Estas reformas, añaden, también deberían "favorecer la necesaria reasignación de trabajadores" relacionada con los cambios inducidos por la pandemia en las preferencias de los consumidores o por el avance de la automatización.
Para reducir la dualidad, el documento propone "desincentivar el uso de contratos temporales para trabajos permanentes". Pero también, añade, sería importante hacer los contratos indefinidos más atractivos para las empresas, por ejemplo, "reduciendo el coste generado por la incertidumbre jurídica relacionada con el despido de trabajadores indefinidos".
En relación a los regímenes de reducción del tiempo de trabajo para que las empresas puedan a responder a shocks temporales, como ha sucedido en el caso de los ERTE, el FMI pide que esos mecanismos "no supongan una carga para las finanzas públicas".
La preocupación por la sostenibilidad fiscal también se extiende a la reforma de pensiones. El FMI recuerda que la indexación al IPC y la sustitución del factor de sostenibilidad por el de equidad intergeneracional incrementarán el gasto anual en pensiones "un 3,5% del PIB de aquí a 2050". Aunque parte del aumento del gasto se puede ver compensado por otras medidas como los incentivos para alagar la vida laboral, el texto sugiere adoptar mecanismos para restringir el gasto (por ejemplo, prolongar más la vida laboral) y aumentar los ingresos (como incrementar los ingresos máximos sujetos a cotizaciones).
Vivienda
Los expertos del FMI también analizan en su informe algunos aspectos de la futura Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda. En concreto, critican algunas medidas como los topes a las subidas del alquiler en áreas tensionadas para las casas propiedad de grandes empresas. Estas medidas, recoge el texto, "pueden introducir ineficiencias y restringir la disponibilidad de inmuebles para futuros arrendatarios". En su lugar, propone, sería útil realizar una evaluación más detallada de las medidas para cuantificar su impacto y optar por políticas como la simplificación de los reglamentos sobre el uso de terrenos y la agilización de los procesos de permisos de los gobiernos autonómicos.
Otras medidas recogidas en el documento, como los programas debidamente focalizados de apoyo al alquiler para grupos vulnerables, sí son "bienvenidas". A su vez, el aumento de los impuestos sobre los inmuebles desocupados y la ampliación del parque de vivienda social deberían "ayudar a aliviar las presiones en el mercado del alquiler". En paralelo, aunque no ve riesgos de burbuja, los técnicos sí animan a "vigilar" el precio de las casas en el mercado de la compraventa.
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