Diálogo social

La reforma laboral encara una fase decisiva: negociación colectiva y subcontratas en el punto de mira

Quedan apenas 15 días para que el Gobierno cumpla su objetivo de presentar a Bruselas los cambios exigidos en la normativa del mercado de trabajo

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, conversa con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, conversa con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

El Gobierno, la patronal y los sindicatos arrancan esta semana una fase decisiva de las negociaciones para pactar la reforma laboral. El tiempo juega en su contra, porque el Ejecutivo mantiene su compromiso con Bruselas para tener cerrado el posible acuerdo a tres bandas el 31 de diciembre como fecha límite. Si bien el viernes pasado el líder patronal, Antonio Garamendi, aseguró (en contra de lo que dice el Gobierno) que Bruselas no tendría ningún problema dar unas semanas más de plazo a España para cerrar este asunto. Asimismo, Garamendi y el líder de CC OO, Unai Sordo, consideraron que una negociación de este calado no debería darse al traste por días o semanas.

En las últimas reuniones hubo avances en materia de contratación y medidas contra el abuso de la temporalidad. Según fueron manifestando distintas fuentes negociadoras a lo largo de la semana pasada, los capítulos para generalizar el contrato indefinido y dejar solo dos causas de temporalidad: por picos de demanda o producción y por interinidad (sustitución). Si se utilizara la primera de estas causas se baraja que se imponga un tope temporal de 90 días para este contrato. Además, el jueves por la noche, los negociadores cerraron también el diseño de un contrato indefinido para el sector de la construcción que podrá extinguirse por cuestiones inherentes al trabajador, según avanzó el propio Garamendi. 

Para terminar de cerrar también el capítulo de las medidas contra los excesos de temporalidad, las partes deben terminar la parte de las sanciones que se impondrán a las empresas que sigan cometiendo este tipo de abuso con trabajadores eventuales en fraude de ley. El ministerio de Trabajo ya propuso en uno de sus últimos documentos la elevación de estas sanciones en su grado máximo de 7.500 a 10.000 euros. 

Aunque haya habido sustanciosas aproximaciones en materia de temporalidad y sobre el diseño de los nuevos expedientes de regulación de empleo (ERTE) estructurales, las partes son extremadamente cautelosas, porque como bien expresó Sordo el viernes pasado en esta reforma "hasta que no esté todo cerrado no hay nada cerrado".

En este sentido, aún quedan importantes aspectos de la futura reforma por terminar de negociar. Es el caso de la regulación de las contratas y subcontratas. Sordo explicó el viernes que la norma debe dejar claro que la subcontratación no puede ser en sí misma una causa de temporalidad e insistió en la necesidad de vincular estas empresas subcontratadas a determinados convenios colectivos.

Igualmente, queda por consensuar cómo se reequilibrará la negociación colectiva. Concretamente las relaciones entre los convenios sectoriales y los autonómicos y provinciales. Todo apunta a que la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa se aplicará a la materia salarial, y el resto quedarían referenciados al de la compañía. Pero aún debe concluirse esa parte.

Lo que parece que no se abordará son algunas cuestiones de la reforma laboral de 2012 como la flexibilidad dada a las empresas en la modificación sustancial de las condiciones laborales o en las condiciones de los despidos colectivos.

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