Una oportunidad para abordar la gran asignatura de 'limpiar' el IVA

El acuerdo adoptado ayer por el Ecofin para reformar la directiva sobre el IVA dará la oportunidad de afrontar con mayor flexibilidad una tarea que España tiene pendiente desde hace años: revisar este impuesto y hacerlo más eficiente. La reforma acordada ayer por los 27 aumenta el margen de maniobra que tendrán los Estados para establecer los bienes y servicios que se beneficiarán de los tipos reducidos, superreducidos e incluso nulos. Además, el pacto alinea la arquitectura del tributo con las prioridades de política económica de la UE para los próximos años al incluir en la lista de bienes que pueden acogerse a un gravamen inferior al estándar todos aquellos que protegen la salud pública y benefician las transiciones verde y digital, como los paneles solares, las bicicletas o el material sanitario, y al eliminar los que perjudican el medio ambiente. La reforma, que deberá ser tramitada ahora en el Parlamento Europeo, extiende al conjunto de los estados miembros la posibilidad de adoptar tipos inferiores al general, un beneficio que hasta ahora solo disfrutaban algunos países.

La revisión y reforma del IVA sigue siendo una de las grandes asignaturas fiscales de España por la gran cantidad de bienes y servicios gravados con tipos reducidos y por las exenciones, un exceso de beneficios que explica en parte la ineficiencia recaudatoria del impuesto. España es, de hecho, de los países con menor ingreso por IVA respecto al volumen de PIB. La maraña de tipos reducidos del IVA español reduce su recaudación potencial en unos 18.000 millones de euros, según algunas estimaciones, a lo que hay que unir otros 3.500 de la exención sanitaria y educativa. Los cálculos cifran a su vez en 5.000 millones la factura por fraude y errores, aunque se considera una estimación muy por debajo de la cuantía real.

La flexibilidad que el Ecofín quiere introducir en el impuesto y la coordinación de su regulación con las grandes directrices de la política económica europea permitirá abordar con mayores incentivos la compleja tarea de revisar la larga lista de bienes y servicios que se benefician de los tipos reducidos del impuesto. Se trata de una ocasión valiosa para incluir bajo esa protección categorías que no figuran actualmente en ella, como también para excluir todos aquellos bienes y servicios cuya ventajosa fiscalidad no se justifica por razones de política económica o de salud pública. Junto a esa tarea, delicada y no especialmente grata, resulta imprescindible atacar otra gran fuga de agua que padece la recaudación del impuesto en España: el alto nivel de fraude. Un problema que no se resuelve con reformas, sino con medios técnicos, eficacia del equipo humano y pedagogía fiscal del Gobierno.