Los economistas instan a suprimir Patrimonio y a armonizar Sucesiones
Pich aduce que el gravamen a la riqueza complica atraer talento Los expertos creen que el calendario electoral dificulta cambios de calado De los tributos sobre la riqueza solo se debaten los que aportan el 15% de ingresos
“No parece razonable que nuestro país se empeñe en mantener el actual formato de un impuesto como Patrimonio que dificulta la atracción y mantenimiento de talento y ahorro, e introduce excesivas distorsiones de equidad dentro de nuestro territorio”, sostuvo este miércoles el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich. Sus declaraciones, durante unas jornadas sobre la reforma fiscal del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), coincidieron con la conclusión de los principales ponentes, que abogaron por suprimir Patrimonio, dado que España es el único país de la UE que lo aplica, y por armonizar el cobro de Sucesiones y Donaciones entre las comunidades autónomas.
Así lo defendieron durante el debate el catedrático de Hacienda Pública y Régimen Fiscal de la Empresa en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Juan José Rubio, y el director del Instituto de Economía de Barcelona (IEB) y profesor de la Universidad de Barcelona, José María Durán. Este último recordó que la riqueza en España está gravada por una batería de tributos que incluye el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), “que existe en todos los sistemas fiscales de referencia” y es la principal fuente de ingresos de los ayuntamientos; el de Transmisiones y Actos Jurídicos que también se da en la gran mayoría de países; el de Sucesiones y Donaciones, que es una figura redistributiva clásica en el ámbito comunitario (pese a haber sido suprimido en Suecia, Noruega, Portugal, Austria y en la Republica Checa); y el de Patrimonio, que en la UE se cobra “únicamente en España”, aunque existe en Noruega y Suiza. “En Francia existe un impuesto sobre la riqueza inmobiliaria, y en Italia sobre los activos reales y financieros que los residentes tienen fuera del país”, matizó Rubio.
En España, de hecho, Patrimonio fue eliminado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008, aunque la figura fue recuperada temporalmente tras la crisis financiera y prorrogada anualmente por los sucesivos Ejecutivos hasta que el de coalición de PSOE y Unidas Podemos lo ha recuperado de forma estructural. Comunidades como Madrid, sin embargo, lo bonifican al 100% lo que limita mucho su ya exigua capacidad recaudatoria.
El Gobierno ha avanzado su intención de armonizar este impuesto y el de Sucesiones en la reforma fiscal que diseñará el próximo año, tras recibir en febrero el dictamen del comité de expertos, para activar en 2023. Durán destacó que los impuestos a debate apenas aportan el 15% de recaudación sobre la riqueza (10% Sucesiones y 5% Patrimonio), pues el grueso lo generan IBI (50%) y Transmisiones (35%).
A partir de ahí, ambos expertos abogaron por abolir Patrimonio y centrarse en armonizar Sucesiones para acabar con las fuertes diferencias regionales y la competencia fiscal que genera entre autonomías. Rubio, con todo, asumió que el clima preelectoral del próximo año dificultará impulsar una reforma fiscal de calado.