Aena empieza a devolver alquileres de 2020, pero no a las grandes cadenas
Rectifica los cobros de 2020 a las pymes con las que pactó rebajas y deja en suspenso la regularización de los contratos judicializados
Los inquilinos de las zonas comerciales de los aeropuertos españoles han empezado a recibir una factura rectificando el cobro de los alquileres de 2020 por parte de Aena. Las primeras liquidaciones, según ha podido saber CincoDías, fueron emitidas ayer en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición final séptima de la enmendada Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Con ella, las rentas mínimas anuales garantizadas (RMAG) que recibe Aena de tiendas, restaurantes y demás establecimientos son rebajadas en el mismo porcentaje en que cae el tráfico en el aeropuerto en que operan, hasta la recuperación de los niveles de actividad de 2019.
La empresa que preside Maurici Lucena cumple de este modo el mandato legal, pero lo hace preservando su línea de defensa. Y es que solo va a regularizar la situación de las rentas de los inquilinos que pactaron rebajas con la propia Aena antes de que el Congreso entrara de lleno en este asunto. Eso alcanza a 90 empresas, la mayor parte pymes, con un peso del 13% en la RMAG. De momento, quedan fuera de esta actualización por ley las grandes cadenas que, como Áreas, Dufry y SSP (75% de las RMAG totales), llevaron al operador público a los tribunales demandando mayores rebajas en sus alquileres.
Aena se reserva la reformulación de las facturas si la rebaja que ha ordenado el Congreso resulta inconstitucional
Aena ha reclamado a los jueces, de momento en una decena de los 104 procedimientos abiertos, la cuestión de inconstitucionalidad contra la citada enmienda que afecta a su política comercial. En espera de que los tribunales decidan si elevan este asunto al Constitucional, Aena deja en suspenso la reformulación de las facturas de las grandes. Un contratiempo para firmas como Dufry, que ya se ha apuntado en sus cuentas una regularización millonaria por parte de Aena.
De hecho, las nuevas facturas enviadas a las pymes contemplan una salvaguarda a favor del arrendador, que se reserva el derecho a volver a rectificar las rentas, reclamando la diferencia si hubiera lugar, en caso de que prospere la cuestión de inconstitucionalidad contra la norma. Con ello se trata de mantener la línea argumental que Aena está utilizando ante la justicia.
En esta nueva situación, regida por la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, se da la circunstancia de que a algunos comerciantes les sale la liquidación a pagar. Aena había pactado con ellos la exención de la renta de alquiler durante el primer estado de alarma (del 15 de marzo al 20 de junio de 2020) y mientras la terminal en que prestan servicio se mantuviera cerrada por decisión del arrendador, como sucedió en los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca, entre otros. El texto que salió del Congreso también prevé la gratuidad durante el confinamiento y, posteriormente, la rebaja referenciada a la actividad en todo el aeropuerto. Por poco que operara la T4 de Barajas, por ejemplo, su tráfico durante 2020 sale a pagar a los comerciantes que tuvieron clausuradas las terminales 1,2 y 3.
Algunas liquidaciones salen ahora a pagar por parte de los inquilinos que habían pactado la rebaja con Aena
Aena cuantifica en 1.350 millones de euros hasta 2025 el golpe en sus ingresos proporcionado por la Ley que rebaja sus alquileres.
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