Infraestructuras

Aena estima en 1.500 millones el impacto de la rebaja de sus alquileres aprobada en el Congreso

Los votos favorables a la enmienda suman 178, frente a 16 negativos y 152 abstenciones, estas últimas entre las filas de Podemos y del PSOE

El diputado del PNV, Íñigo Barandiarán, durante el anuncio del voto a favor de la enmienda de Aena.
El diputado del PNV, Íñigo Barandiarán, durante el anuncio del voto a favor de la enmienda de Aena.

Golpe de unos 1.500 millones a los ingresos de Aena hasta 2025. Una amplia mayoría en el Congreso de los Diputados ha arropado una enmienda en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, procedente del Senado, por la que se rebajarán aún más las rentas mínimas anuales garantizadas (RMAG) por el alquiler de espacios comerciales en los aeropuertos. Se trata de la respuesta de la Cámara Baja al momento crítico que atraviesan los comerciantes y hosteleros implantados en las terminales.

Aena ha hecho la citada estimación de 1.500 millones de impacto en sus ingresos comerciales entre 2020 y finales de 2025. El operador tiene en cuenta para este cálculo el tráfico real de 2020, la previsión para este 2021, y la evolución del tráfico esperada entre 2022 y 2026 (fijada en el Documento de Regulación Aeroportuaria), año en el que se prevé alcanzar de nuevo el tráfico de 2019.

En los 1.500 millones citados se incluyen "las reducciones de rentas ya ofrecidas por Aena a los arrendatarios el 18 de enero de 2021 para el periodo comprendido desde el 15 de marzo de 2020 y hasta el 8 de septiembre de 2021", ha puntualizado Aena ante la CNMV.

AENA SA 145,55 1,53%

Los votos a favor de la enmienda, que convierte en papel mojado los contratos de Aena con sus inquilinos, han sumado 178, alineando a PP, Vox, Ciudadanos, ERC, PNV, Grupo Plural, o Grupo Mixto. En contra se han manifestado 16 diputados, en principio socialistas, y se han abstenido otros 152, de las filas de Unidas Podemos y del PSOE.

Aena dice estar "analizando las implicaciones jurídicas de esta normativa y ejercerá todas las acciones que correspondan en defensa del interés social de la compañía", ha anticipado la empresa pública en su nota a la CNMV.

Cambio de parecer del PNV y otros

Entre las claves de este resultado figura el giro dado por PNV en el sentido del voto que venía manteniendo contra el intento de reforma legislativa de la política comercial de Aena. El grupo vasco ha apoyado la enmienda en la que se regula una nueva relación entre el gestor aeroportuario y sus inquilinos ante la falta de clientes durante meses por las restricciones a la movilidad.

El diputado socialista Manuel Arribas.
El diputado socialista Manuel Arribas.

Con ello, y con la abstención de Podemos, se decantó la balanza del lado de los intereses de comerciantes y hosteleros, que tendrán un recorte en idéntico porcentaje en sus facturas de alquiler al de la caída del tráfico aéreo. Una medida que perdurará hasta que la actividad aérea recupere los niveles de 2019. El diputado del PNV Íñigo Barandiarán ha señalado esta mañana ante el pleno del Congreso que su formación ha estado dando margen a la negociación sin fruto alguno, lo que motiva el cambio de bando. El puntillazo a la defensa de las posiciones de Aena estaba dado.

Podemos ha argumentado que se abstiene, pese a ser crítico con la gestión de Maurici Lucena y su equipo. "El Estado debe dar ejemplo, y la rebaja de las rentas debería ser pareja a la de la caída de la actividad económica", ha señalado el representante de la formación morada Txema Guijarro. El partido socio del Gobierno ha evitado votar en contra de los intereses de Aena.

El PSOE se ha quedado solo en la defensa de la propuesta de alivio que la empresa pública propuso a sus clientes comerciales. Pero la mayoría de sus diputados se han abstenido. Antes de las votaciones, el Grupo Socialista ha tratado de convencer al resto de fuerzas para que fuera frenada la enmienda a cambio de un nuevo marco de negociación para los comerciantes, pero el intento ha sido inútil.

Las críticas a la gestión de esta crisis por parte de la dirección de la compañía pública han arreciado. El denominador común ha sido acusar a Aena de no buscar un acuerdo para facilitar la supervivencia de las 120 empresas y 14.000 trabajadores que prestan servicios en las tiendas de las terminales. Se ha hablado de prepotencia frente al centenar de pymes y varias grandes cadenas que operan en las terminales; incluso frente al propio Congreso. El pasado junio se instó al gestor aeroportuario a negociar una solución con sus inquilinos a través de una proposición no de ley que fue apoyada por unanimidad. Una orden que no dio frutos.

La polémica RMAG

El contrato de arrendamiento de Aena se basa en el cobro de un variable sobre las ventas, tomando como referencia mínima garantizada la citada RMAG. La grave afectación de la pandemia en el tráfico aéreo ha derrumbado la actividad desde el 15 de marzo de 2020, ante lo que la enmienda adapta la rebaja de la RMAG a la propia caída del tráfico aéreo de cada uno de los aeropuertos.

Aena declaró un desplome del volumen de pasajeros del 72% en 2020, cuotas que se han mantenido en el primer semestre de 2021 respecto al mismo periodo de 2019. Ese porcentaje es superior al que Aena había ofrecido minorar su renta mínima garantizada. Fue la publicación del Real Decreto Ley 35/2020 de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio, la que movió a la pública a lanzar una oferta que suponía un recorte medio del 60% en los alquileres para todos sus arrendatarios: una quita del 100% en la RMAG para los meses del primer estado de alarma, y del 50% hasta septiembre de este 2021. Ya este octubre vuelve a cobrarse el 100%.

Esa oferta no convenció a las cadenas más grandes, que aseguraban tener propuestas más generosas de Aena antes de la publicación del citado Real Decreto Ley 35/2020: de los 120 inquilinos, el 65% de los contratos aceptó la rebaja, pero suponen el 13% de las RMAG.

Entre los que se resistieron, Dufry tiene contratos de alquiler que suman el 54% de la RMAG que cobra Aena, Áreas acumula el 15% y SSP, un 6%. Pero es que el plan de alivio de Aena ya no convencía ni a los que lo firmaron, siendo tachado ayer de “claramente insuficiente y alejado de la realidad que vivimos”, según criticaron ayer los comerciantes a través de sus asociaciones. Antes de esta jornada decisiva, el colectivo, así como los sindicatos, urgieron un mayor reequilibrio de los alquileres en defensa de 12.000 puestos de trabajo.

La enmienda debatida esta mañana obliga a Aena a suprimir la RMAG que debían pagar los arrendatarios entre el 15 de marzo y el 20 de junio de 2020, y que a partir de esa fecha ese alquiler mínimo quede “automáticamente reducido en proporción directa al menor volumen de pasajeros en el aeropuerto donde se ubique el local respecto al volumen de pasajeros en ese mismo aeropuerto en 2019”. Un ajuste que perduraría hasta la recuperación del tráfico y que también se aplicaría a quienes firmaron un acuerdo de rebaja con Aena.

Judicialización

El debate y votación de esta mañana en el Pleno del Congreso de los Diputados tiene claras derivadas judiciales. Algunos de los mayores operadores comerciales en los aeropuertos, como Dufry, Áreas y SSP, tienen en trámite decenas de demandas pidiendo el reequilibrio de sus contratos de alquiler en términos parejos a los que marca ahora la enmienda propuesta por el senador canario Fernando Clavijo. Lo previsible es que esos casos, según observan fuentes jurídicas, se decantarán ahora de parte de las empresas, ante lo que Aena ha criticado una posible situación de ausencia de tutela judicial.

La empresa que preside Maurici Lucena analizará ahora sus posibilidades para tumbar la decisión de esta mañana en el Congreso. Dice defender los intereses de su accionista público Enaire (51%) y del 49% del capital en manos privadas, frente a los de grandes conglomerados comerciales. Entre las salidas para Aena figuran la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, posiblemente a través del Grupo Socialista, o esperar que un tribunal plantee cuestión de constitucionalidad.

Los abogados de la pública aseveran que se ha ejecutado un cambio normativo contra una empresa en particular favoreciendo a una de las partes, los comerciantes y hosteleros, en un conflicto que espera sentencias de los tribunales. Desde el entorno de Aena se habló ayer de una “expropiación legislativa” al modificar contratos en vigor para disminuir rentas tanto futuras como pasadas.

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