Bruselas estudia permitir ayudas públicas para impulsar la producción de chips en la UE

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Margrethe Vestager. Getty Images

La Comisión Europea valora permitir a los Gobiernos conceder ayudas públicas para impulsar la fabricación de chips en la Unión Europea la creación de fábricas de chips en la Unión Europea. ¿El objetivo? expandir la producción europea del 10% actual al 20% en la próxima década, y evitar futuros problemas de suministro, tras la escasez actual de semiconductores, producidos fundamentalmente en Asia, que ha obligado a paralizar la actividad de algunos fabricantes de automóviles y ha retrasar la entrega de múltiples dispositivos electrónicos.

El ejecutivo comunitario, consciente de la dependencia de Europa de empresas asiáticas y estadounidenses en el suministro de los chips, ha advertido, no obstante, que estas ayudas estatales estarán sujetas "a fuertes salvaguardas" para evitar una "carrera de subsidios"  y garantizar que los "beneficios son ampliamente compartidos y no generan discriminación" en la economía europea. 

Esta posible puerta abierta a las ayudas públicas para favorecer la fabricación de chips en la UE busca, por tanto, fortalecer la soberanía tecnológica de Europa. Ya el pasado septiembre la Comisión Europea anunció planes para crear un nuevo "ecosistema" de fabricación de chips para mantener a la Unión Europea competitiva y autosuficiente. Ursula Von der Leyen, presidenta del Ejecutivo Comunitario avanzó en el Parlamento Europeo que presentarán una nueva Ley Europea de Chips. "Se trata de crear conjuntamente un ecosistema europeo de chips de última generación, que incluya su fabricación, garantice nuestra seguridad de suministro y desarrolle nuevos mercados para una tecnología europea pionera", aseguró.

Este viernes, la vicepresidenta comunitaria Margrethe Vestager añadió que la Comisión "considerará aprobar apoyo para abordar posibles agujeros de financiación en el ecosistema de semiconductores, en particular para instalaciones europeas de primer orden". La comisaria danesa remarcó que "cada caso para el suministro de semiconductores será evaluado rigurosamente en base a sus méritos para asegurar que los proyectos tienen naturaleza europea y evitan una carrera de subsidios dentro de la Unión y más allá".

El comisario de Industria, Thierry Breton, quiere que la estrategia incluya la construcción de "mega-fábricas" de chips en Europa, pero levantar una de estas instalaciones, que cuestan hasta 30.000 millones de euros, o atraer fabricantes extranjeros, requeriría subsidios masivos para competir con otras potencias, advierten los expertos.

"La autosuficiencia es una ilusión. Cuando se piensa en el tamaño que se necesita, está claro que ningún país ni empresa puede hacerlo solo, pero tampoco podemos depender solo de un país o empresa. Por ello el objetivo debería ser la diversificación entre socios con las mismas ideas, construir cadenas de suministro resilientes", dijo Vestager.

Actualmente los Estados pueden conceder ayudas públicas para semiconductores a través del Proyecto Europeo de Interés Común (IPCEI) de microelectrónica, que reúne a Gobiernos y empresas, pero estas se limitan a investigación e innovación.

Los planes anunciados por Bruselas llegan pocos después de que Intel desvelara sus planes para construir al menos dos nuevas fábricas de chips en Europa con inversiones que podrían rondar los 80.000 millones de euros durante la próxima década, según anunció su consejero delegado, Pat Gelsinger. Las instalaciones de Intel en Europa contribuirán a que las cadenas de suministro sean más resistentes y al objetivo de la UE de duplicar su participación en la fabricación mundial de chips en el plazo señalado.

Pero la ambición de Bruselas topa con algunos obstáculos, como ya informó este periódico hace algunas semanas: el acceso a minerales de tierras raras fuera del bloque y la falta de interés por parte de las empresas para realizar enormes inversiones a menos que puedan operar las platas a plena capacidad para lograr su rentabilidad. Montar nuevas fábricas de chips implica tiempo y mucho capital, sobre todo para los chips de última generación. Se habla de entre 10.000 y 30.000 millones de dólares y de dos a tres años desde que arranca su construcción hasta que está operativa.

Boston Consulting Group también ha advertido de que el coste de operar una fábrica de chips en Europa es muy superior a hacerlo en Asia o EE UU, y eso podría derivar en última instancia en una subida de precios aún mayor para los clientes.

Pese a abrir la puerta a subsidiar la fabricación de chips, el mensaje general que ha lanzado Bruselas es que una política de competencia "fuerte" y "efectiva" es "fundamental" para que las empresas de todos los tamaños puedan competir de forma justa, incentivar la innovación, garantizar que los consumidores pagan precios asequibles, y tener cadenas de suministros diversificadas.

Desoye así las reclamaciones de Francia y Alemania, que piden flexibilizar las reglas de Competencia para permitir la creación de "campeones europeos" industriales que puedan competir con los gigantes chinos, sobre todo desde que Bruselas vetó en 2018 la fusión de Siemens y Bombardier.

Otros países, incluida España, rechazan relajarlas. La semana pasada Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Rumanía y Suecia firmaron un documento conjunto en el que advertían que suavizar estas normas podría llevar a una carrera de subsidios que solo beneficie a algunos socios, en particular si se hace un uso excesivo de los Proyectos de Interés Común.

En este sentido, Vestager defendió que las normas europeas permiten las adquisiciones y fusiones para crear grandes empresas, siempre que sigan teniendo rivales, y explicó que los IPCEI seguirán permitiendo únicamente ayudas de Estado para innovaciones que de otra forma sería arriesgado financiar, al tiempo que se facilitará que las pymes participen en ellos. "Los campeones europeos vienen en todas las formas y tamaños", dijo.

Bruselas cree que las normas europeas han demostrado tener la suficiente "flexibilidad" para responder ante situaciones nuevas o imprevistas, como ha probado el Marco Temporal adoptado por la pandemia, por el que se han autorizado más de tres billones de ayudas públicas.

Y considera que, cuando sean revisadas, contribuirán a la transición digital y ecológica, abordando los posibles abusos de dominio por parte de las plataformas digitales o autorizando más apoyo para el despliegue de la banda ancha, la descarbonización de la economía o la adquisición de vehículos de bajas emisiones, entre otras medidas.

La Comisión prevé adoptar el grueso de las regulaciones revisadas entre 2022 y 2023, una vez consultadas con los Estados