Con un ojo puesto en los fondos europeos y otro en el cambio climático

Clifford Chance y Roca resaltan las modificaciones en materia energética

Los equipos piden trámites simples y rápidos para el dinero de la UE

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Los mejores bufetes de abogados en derecho administrativo han identificado los dos desafíos más importantes a los que se enfrentarán en los próximos años: fondos europeos y cambios regulatorios derivados de la crisis climática.

Desde el departamento de derecho administrativo de Garrigues hablan de “un desafío mayúsculo”. La Administración debe ofrecer “una excelente organización, un óptimo funcionamiento de sus servicios digitales, una mejora en la eficiencia y una adecuada selección de los proyectos”.

De Europa viene también Fit for 55, el compromiso para reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para 2030. Para Jaime Almenar, socio responsable del área de derecho administrativo de Clifford Chance, se trata de la principal novedad, “por todos los cambios regulatorios que de él se esperan”.

Pérez-Llorca y GTA Villamagna llaman a resolver hechos derivados de las normas Covid

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Sergi Chimenos, socio director del departamento de derecho público de Roca Junyent, coincide en el impacto que va a tener “el cambio climático en la regulación y el desarrollo de las actividades en los distintos sectores”.

Asuntos pendientes

Ambos irán en paralelo a la resolución de aspectos derivados de las normas surgidas en la pandemia. Son “compensaciones y responsabilidades patrimoniales de la Administración que han solicitado numerosas empresas titulares de contratos públicos”, afirma Juan Rodríguez, socio de derecho público y administrativo de Pérez-Llorca.

A estas “reclamaciones de reequilibrio en materia de contratos del sector público”, Ernesto García-Trevijano, socio fundador de GTA Villamagna, añade los incrementos de precio en la ejecución de obras públicas ocasionados por los problemas de desabastecimiento de materiales.”

Desde Garrigues se completa el dibujo recordando que está pendiente por parte del Tribunal Constitucional “si la exigencia de la ratificación judicial como requisito de eficacia de las normas aprobadas por la Administración es o no conforme a la Constitución española.

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