Infraestructuras

Abertis pide al Gobierno que aclare el pago por uso para acabar con la especulación

Apuesta por un sistema sin barreras, basado en pórticos, y por bonificaciones a usuarios frecuentes y rentas bajas

El consejero delegado de Abertis, José Aljaro.
El consejero delegado de Abertis, José Aljaro.

El modelo de tarificación de carreteras de alta capacidad que se avecina en España será puesto sobre la mesa para su debate en el primer trimestre de 2022, según ha confirmado esta mañana la secretaria general de Transportes, María José Rallo, pero su implantación no estará preparada aún en 2023, asegura la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Ambas han participado en un foro sobre movilidad organizado por El Español, en el que el CEO de Abertis, José Aljaro, ha pedido la clarificación del modelo cuanto antes para evitar las especulaciones y el temor de los conductores.

El ejecutivo de la concesionaria catalana ha explicado que será la primera vez que un país trate de implantar el pago por uso en toda su red, cuando otros países lo han hecho de forma gradual: "Si se consigue será algo increíble". De momento, España ha comprometido esta reforma ante la Comisión Europea para 2024 a cambio de la recepción de fondos para la recuperación, y el Ministerio de Transportes ultima una Ley de Movilidad, que pasará por el Consejo de Ministros antes de final de año, en la que el sistema tendrá cobertura.

Para José Aljaro, la tecnología ideal es la de pórticos, para evitar el uso de barreras, y la aplicación de bonificaciones "de hasta el 95%" para usuarios frecuentes y rentas bajas. Sobre el sistema de control del tráfico por satélite, el CEO de Abertis cree que juega en contra la necesidad de tecnología embarcada en los vehículos más cara que el tradicional ViaT que se comunica con los pórticos.

Acometer esta implantación a través de concesiones permitiría, según el responsable de Abertis, la posibilidad de mejorar infraestructuras críticas, como puentes y viaductos; acabar con el déficit de conservación de más de 7.000 millones, y acometer retos como la digitalización de la carretera para el vehículo conectado y autónomo, o la instalación de la necesaria red de recarga eléctrica.

En la defensa del modelo concesional, José Aljaro, ha contrastado los modelos de Francia y España. En el país vecino "las concesionarias estamos obligadas a tener instaladas electrolineras con un mínimo de cinco puntos de recarga rápida el 1 de enero de 2023, y lo haremos con concursos en los que ofrecemos 15 años de explotación a las promotoras. Es un sistema que se autofinancia y no precisa un euro de los fondos europeos". En España, por el contrario, los contratos previstos son a cinco años, con lo que "los interesados perderán dinero". 

Aljaro también ha anticipado que llegarán, tarde o temprano, las cargas por contaminar o congestionar las ciudades. Un modelo que ya funciona en ciudades como Londres y que requiere un fuerte despliegue tecnológico.

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