La cúpula de Abengoa liderada por los minoritarios se niega a dar más información a los Benjumea
La junta de accionistas se celebrará este martes con las cuentas de 2019 como punto clave, y está previsto además que se conozca el resultado del laudo por el que la compañía reclama 1.180 millones a España
La segunda cumbre de accionistas de Abengoa se celebrará mes y medio después de la del pasado 1 de octubre, cuando se alcanzó un acuerdo in extremis entre la cúpula y los accionistas de la matriz que abre la puerta a que se produzca el rescate de la firma. Será el martes, tras no alcanzarse el quórum necesario este lunes. De momento, el consejo actual, presidido por Clemente Fernández, líder la sindicatura AbengoaShares (con un 21% del capital), considera que Inversión Corporativa –sociedad controlada por los Benjumea– no tiene derecho a determinada información. Es la misma posición que la del consejo anterior, presidido por Juan Pablo López-Bravo, según un documento registrado el domingo en la web del grupo de ingeniería.
Uno de los puntos más conflictivos de la junta de accionistas de Abengoa es la votación para solicitar al consejo que se adhiera a la querella criminal presentada por Inversión Corporativa (IC) contra los anteriores consejeros Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz, Manuel Castro Aladro, José Luis del Valle Doblado, José Wahnon Levy, Ramón Sotomayor Jáuregui, Pilar Cavero Mestre y Josep Piqué Camps.
La querella fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla el 16 de octubre de 2020 y fue ampliada posteriormente en julio de este año por los indicios de que el segundo rescate, firmado en 2019, fue parte de un plan preconcebido que habría dado comienzo ya en el año 2016.
Inversión Corporativa considera "imprescindible que los accionistas de la Sociedad se pronuncien sobre la adhesión de Abengoa a la querella inicial y a su posterior ampliación". La entidad que llegó a controlar un 51% del grupo, cuenta ahora con un 1,5%, pero se ha aliado con otros 64 accionistas y, en total, suman más del 3%, lo que les ha permitido llevar su petición a la junta.
Sin embargo, el nuevo consejo, presidido por Clemente Fernández, ha decidido alinearse con el anterior, de manera que las respuestas a las preguntas de este accionista son exactamente las mismas que las aportadas de cara a la junta del pasado 1 de octubre. Cierto es que se votará y que los accionistas, en su mayoría agrupados en AbengoaShares, serán los que decidan qué debe hacerse.
Con todo, esa eventual adhesión será difícilmente ejecutable por varias razones, aunque destacan dos, como publicó este periódico el pasado 28 de octubre. Primera, que presentar esa querella es potestad del consejo, y este carece de poderes, puesto que es el administrador concursal quien toma en última instancia las decisiones. Y, segunda, que, si esa querella llegara a presentarse, esta podría volverse en contra de la propia empresa, al ser imputada ella misma, como publicó este periódico el pasado 28 de octubre.
Los accionistas de Abengoa SA, que cotizó hasta el 14 de julio de 2020, cuando fue suspendida de negociación por la CNMV, se han rebelado desde el principio contra el plan de rescate acordado en agosto de ese año y que no llegó a ejecutarse debido a que Andalucía no inyectó los 20 millones prometidos.
El pasado 1 de octubre, en aras de firmar la "paz social" que exige la SEPI para participar en el rescate de la filial operativa, Abenewco 1, la anterior cúpula y los accionistas agrupados en AbengoaShares llegaron a un acuerdo para que todas las sensibilidades estuvieran presentes tanto en el consejo de la matriz como en el de la filial.
Aprobación de las cuentas de 2019
En el orden del día de la junta constan varios puntos, entre los que destaca la aprobación de las cuentas correspondientes a 2019 con unas pérdidas de 487,6 millones de euros. Se espera que, esta vez sí, los accionistas de Abengoa SA les den luz verde y allanen el camino del rescate.
Terramar ofrece 200 millones de euros, 140 millones en crédito y 40 millones en capital. Es crucial, en todo caso, la participación de la SEPI, con la inyección de 249 millones de euros, y de la aseguradora Cesce, controlada por el Estado, para que blinde avales por 300 millones de euros. Además, Clemente Fernández, José Alfonso Murat Moreno, también ligado a AbengoaShares, y Cristina Vidal Otero se someterán a la junta para su ratificación, o no, como consejeros.
Esta reunión es necesaria para el rescate de la filial operativa, Abenewco 1, pero queda mucho camino por recorrer. En una entrevista publicada el pasado viernes por CincoDías, el socio director de Terramar, Joshua Phillips, abrió la puerta a ofrecer a los accionistas de Abengoa SA un instrumento para que participaran en el rescate y anticipó que han hablado ya con los acreedores.
El laudo en el que se juega 1.180 millones
El mismo día en que se celebrará la junta está previsto que el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, uno de los organismos arbitrales clave en resolver las disputas de las renovables en España, decida si la empresa tiene derecho a recibir un máximo de 1.180 millones por parte del Estado como compensación por el recorte de las primas a las renovables.
El Gobierno de Mariano Rajoy decidió sustituir el sistema de primas a las energías verdes por otro de una rentabilidad mínima garantizada del 7,398%. En junio de 2013, Abengoa presentó la solicitud de arbitraje por seis plantas termosolares. La empresa recabó entonces los servicios del bufete Cuatrecasas para pelear por el caso. La Abogacía del Estado, entretanto, representó a España. Abengoa no aceptó la retribución garantizada mejorada en 2019 a cambio de no reclamar y prefirió seguir adelante con el arbitraje.
