El resultado del laudo de Abengoa por 1.180 millones se aplaza al mismo día que la junta
La Cámara de Estocolmo decidirá el 16 de noviembre, cuando se celebrará la reunión clave de accionistas
Abengoa tiene pendiente un conflicto multimillonario con España, justo cuando el grupo de ingeniería está pidiendo socorro al país. La fecha en la que el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, uno de los organismos arbitrales clave en resolver las disputas de las renovables en España a raíz del cambio de legislación de 2013, debe decidir si la empresa tiene derecho a recibir un máximo de 1.180 millones. La fecha del veredicto fue fijada para hoy, 1 de noviembre, pero, según fuentes financieras, ha sido aplazada hasta el 16. Ese día, salvo sorpresa, se celebrará la junta que tiene como misión lograr la paz social que pide la SEPI para inyectar los 249 millones necesarios para el rescate.
Los frentes que tiene abiertos Abengoa son múltiples. El más importante es el proceso de salvamento, en vilo desde el verano del año pasado, pero existe otro que se resolverá más rápido: la disputa con España a cuenta de la regulación de 2013, en la que se redujeron los incentivos a las energías renovables.
El Gobierno de Mariano Rajoy, con una situación ciertamente complicada desde el punto de vista presupuestario, decidió sustituir el sistema de primas a las energías verdes por otro de una rentabilidad mínima garantizada del 7,398%. En junio de 2013, Abengoa presentó la solicitud de arbitraje por seis plantas termosolares. La empresa recabó entonces los servicios del bufete Cuatrecasas para pelear por el caso. La Abogacía del Estado, entretanto, representó a España. Abengoa no aceptó la retribución garantizada mejorada en 2019 a cambio de no reclamar y prefirió seguir adelante con el arbitraje.
Ambos signos
Otras empresas también acordaron ir a organismos especializados para discernir quién tiene la razón: si el inversor o el país. Los veredictos, que en todo caso son recurribles, han sido para todos los gustos a lo largo de este tiempo.
Precisamente, el pasado marzo, el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Estocolmo –el mismo que se pronunciará sobre el caso de Abengoa– rechazó que el fondo Freif, que fue comprado por BlackRock en 2017, tenga que ser indemnizado con 124 millones de euros por el recorte a las renovables en España. El organismo ha condenado, además, al fondo a pagar 2,7 millones de euros por las costas judiciales.
En cambio, en septiembre del año pasado se conoció que España perdió parcialmente otro de los laudos del medio millar de arbitrajes presentados por inversores afectados por el recorte de las renovables. Fue por una reclamación presentada por la portuguesa Cavalum SGPS ante el Ciadi (organismo arbitral del Banco Mundial) contra España.
El número de reclamaciones contra España ascendió en un principio a 50 por unos 10.000 millones de euros. Las dos primeras decisiones sobre estas disputas fueron favorables a España, pero después se produjo un aluvión de resoluciones contrarias a sus intereses. La buena noticia, para el país, es que las expectativas de indemnización de los reclamantes se reducen de manera notable, en torno a un 60%, una vez que se ponen a pactar el importe.
Abengoa señala en un documento enviado a la CNMV que las reclamaciones por el cambio regulatorio suman 907,8 millones de euros, aunque la cuantía se dispara hasta los 1.188 millones por los impuestos pagados de más, así como por otros daños.
El signo del arbitraje se conocerá, según el actual calendario, el día de la junta en que se debe consolidar la paz en el seno del consejo de Abengoa para mantener la paz social. El pasado 1 de octubre se pactó que AbengoaShares entrara en el consejo, para que pueda continuar el expediente presentado por Abenewco 1 ante la SEPI y vinculado a la oferta presentada por el fondo estadounidense Terramar.
Los pasos que quedan para el eventual rescate
Compromisos. La oferta de Terramar para comprar Abenewco 1 suma 200 millones de euros, pero solo 60 millones serán, según la hoja de ruta actual, en forma de capital. Estos se dedicarían a pagar parte de los créditos a los acreedores financieros y supondrían que el fondo se quedara con el 70% de la empresa. Los restantes 140 millones se inyectarían como créditos. El fondo se ha comprometido a no trocear el grupo, que cuenta con más de 12.000 empleados en todo el mundo, así como a mantener todos los centros de trabajo en España. En el país, la plantilla asciende a unos 2.000 empleados.
Plazo. El objetivo es que a finales de este noviembre el grupo reciba la luz verde de la SEPI y del Consejo de Ministros. La oferta de Terramar necesita la luz verde de los acreedores, que deben aportar 300 millones en avales.
