Jueces estresados, un fenómeno sin datos ni registros

No hay medidores de cómo afectó la pandemia a la salud de los magistrados, a pesar de que un 84 % define el cargo como muy estresante

Jueces estresados, un fenómeno sin datos ni registros

La salud mental se ha ganado un hueco en la arena del debate público. También en el sector legal. Los jueces han vivido la pandemia sometidos a una fuerte cantidad de trabajo, en un año donde aumentaron las listas de espera y el tapón de litigios pendientes. Según un informe del Poder Judicial, en 2020 la tasa de pendencia (la relación entre asuntos resueltos y entrantes en los tribunales) se incrementó un 29,6 %, mientras que la congestión (los temas por resolver más los nuevos) se elevó un 9,4 %.

Frente a la claridad de estos datos, no existen métricas oficiales de cómo ha afectado la pandemia a la salud mental de los jueces. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) confirma que no existen medidores en este sentido. Tampoco se han llevado a cabo acciones específicas a nivel nacional para el cuidado del bienestar mental de estos funcionarios, como formaciones, charlas o protocolos para gestionar el estrés. El Consejo realizó inspecciones de oficio como antes de la pandemia, pero no implementó ninguna estrategia adicional.

Medidas insuficientes

La última vez que el CGPJ trató el asunto del bienestar mental en la judicatura fue en 2018. En una encuesta de 2.470 jueces, el 84 por ciento calificó su profesión como actividad de riesgo psicosocial “muy elevado”, por la alta carga de trabajo que suponía y los fuertes niveles de responsabilidad asociados. El Consejo prometió entonces tomar cartas en el asunto para proteger “la seguridad y salud de los garantes de los derechos de la ciudadanía” y anunció la llegada de “instrumentos preventivos”.

Tres años más tarde, el sector judicial aprecia pocas mejoras. Una de las medidas adoptadas, las evaluaciones psicológicas de acceso, son definidas por algunos de insuficientes. Claudia, una juez de nuevo ingreso que prefiere preservar su identidad, atestigua que este examen no profundiza en la cuestión de la aptitud psicológica. La comprobación más bien se limita a un chequeo médico para descartar que no existe “ninguna enfermedad física o psíquica”, pero donde no interviene ningún psicólogo.

Teresa Puchol, magistrada del juzgado mixto 1 de Huesca, comparte la crítica y denuncia que las revisiones se limitan a añadir en el informe una mención a posibles parámetros de ansiedad o depresión, pero nada más. “Como mucho, el médico que te hace el reconocimiento te recuerda que tienes psicólogos a tu disposición. Hasta ahí llega la intervención de prevención”, asegura.

La saturación en los juzgados no ayuda a luchar contra el estrés. La pila de juicios por resolver, afirma Puchol, atemoriza a los jueces en una profesión donde “se tocan temas emocionalmente duros” y “es frustrante no poder abarcar todo”. Los casos requieren respuestas rápidas y efectivas, una dinámica que alimenta la ansiedad. Al cóctel se le suma la precepción cultural de que caer es signo de debilidad. Una sensación constante de que siempre hay que estar al pie del cañón “y no flaquear”. “Conozco el caso de una compañera a la que jubilaron en la treintena por tener depresión y ansiedad. Y somos muchos los que vivimos cada día con el estrés”, enfatiza Puchol, quien lamenta que la baja implica “aumentar la carga del compañero”. “En el mejor de los casos nombrarán un sustituto que dejará el juzgado peor que cuando te fuiste, de modo que cuando te dan el alta el panorama es mucho peor”.

Jubilaciones voluntarias

Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, constata la existencia de jueces que viven al límite de su bienestar emocional. Según afirma, algunos terminan en “largos periodos de baja”. Otros optan por sacrificar sus puestos en audiencias o tribunales, donde se enjuician casos de mayor complejidad y magnitud y solicitan volver a juzgados unipersonales, de rango inferior, pero con menor carga de trabajo y causas de menor envergadura.

En opinión de Fernández Vaquero, la perspectiva “solo puede empeorar”. Principalmente por dos razones: por un lado, señala la elevada carga de trabajo “sobre la que el juez no tiene control y de la que, sin embargo, se le hace responsable”; y por otro, enfatiza la falta de medidas de prevención por parte del gobierno de los jueces.

“El número de jubilaciones voluntarias está siendo llamativo, lo que también podría estar relacionado con este mismo problema”, añade. El CGPJ no puede confirmar esta tesis, ya que no cuenta con registros sobre los motivos que llevan a un juez a jubilarse de forma prematura. Tampoco puede confirmar si los jueces que optan por retroceder en el escalafón jerárquico lo hacen por motivos de salud mental u otros.

JUSTICIA DESBORDADA

Jueces. España cuenta con 11,5 jueces por cada cien mil habitantes, una cifra que se aleja de la media europea, que se sitúa en 17,7. La brecha es mayor en fiscales, donde hay 5,2 frente al promedio, que se sitúa en 11,25, según un informe de la Comisión Europea publicado en 2020

Demanda. Las principales asociaciones de jueces han interpuesto una demanda contra el Consejo General del Poder Judicial por incumplir su plan de prevención de riesgos laborales. En su escrito, denuncian que midan la sobrecarga de trabajo según el volumen de asuntos, sin entrar a valorar riesgos de carácter psicosocial o circunstancias personales en cada uno de los juzgados.

Números. Teresa Puchol, magistrada en Huesca, critica que el CGPJ no va a la raíz del problema y se queda sólo en los datos. Si identifican que un juzgado va retrasado, no estudian si existe “un pico de trabajo, que hayas estado enfermo o que tengas problemas familiares”.

Modernidad. Para acabar con los cuellos de botella, Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, defiende una nueva distribución territorial de los juzgados, la modernización de las leyes procesales para eliminar cargas no jurisdiccionales y racionalizar la distribución de competencias entre el Ministerio de Justicia, el CGPJ y las comunidades autónomas.

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