Diálogo social

Sánchez se compromete a derogar la parte de la reforma laboral que pactó con Iglesias

Sánchez llega a un acuerdo con las vicepresidentas para respetar los trabajos que se habían hecho hasta ahora y respetar el pacto de coalición y lo acordado con Bruselas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,  con las vicepresidentas de Asuntos Económicos, Nadia Calviño (centro), y Trabajo, Yolanda Díaz.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con las vicepresidentas de Asuntos Económicos, Nadia Calviño (centro), y Trabajo, Yolanda Díaz.

Moncloa soltó esta mañana la fumata blanca tras el encuentro mantenido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las vicepresidentas primera, Nadia Calviño, y segunda, Yolanda Díaz, junto a otros ministros del Ejecutivo para aunar una posición conjunta en la negociación de la reforma laboral. Apenas hizo falta una hora para que todas las sensibilidades de dentro del Gobierno llegaran a un acuerdo sobre qué debe incluir la modernización del mercado de trabajo comprometida con Bruselas para que la Comisión haga el segundo desembolso de 10.000 millones de euros de los fondos de recuperación.

Ahora bien, posiblemente haya sido tan fácil llegar a ese acuerdo como difícil será desarrollarlo y que llegue a buen puerto dada la dificultad de lo pactado. Según han explicado desde Moncloa en un comunicado, los dos partidos que forman el Ejecutivo acordaron que “el Gobierno está comprometido con la derogación de la reforma laboral de 2012 en los términos que establece el acuerdo de coalición y el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea”.

Según esto, Sánchez quería cumplir a la vez con lo pactado con el ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, y con Bruselas. Por ello, la clave de lo que se negociará a partir de ahora está ya escrita en esos dos textos: el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos y el componente 23 del Plan de Recuperación acordado y enviado a la Comisión. Del pacto de Gobierno quedaría por cumplir exactamente la “derogación” de los límites a la vigencia de los convenios colectivos (ultraactividad) y la prioridad aplicativa del los convenios de empresa sobre el sector.

Además, lo socios de gobierno se comprometieron a establecer una nueva regulación de las subcontratas que limitaría la subcontratación en las empresas exclusivamente a actividades que no sean las principales de la compañía. Asimismo acordaron “limitar la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa” –lo que la reforma laboral de 2012 facilitó cambiando el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores–. Y, finalmente pactaron que “revisarían” el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, “orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves”. La no aplicación de los convenios en materia retributiva en las empresas en crisis también se estableció en la reforma del PP hace casi diez años.

Pero este acuerdo entre los socios de gobierno no será el único que marque la agenda negociadora, ya que lo pactado hoy en Moncloa apunta también al contenido del Plan de Recuperación enviado a Bruselas, y este es mucho más extenso en materia de reforma laboral. Así, de manera general, entre lo que quedaría por negociar de lo comprometido con Bruselas está “la simplificación de contratos, generalizando el contrato indefinido y abordando la causalidad de la contratación temporal así como una adecuada regulación del contrato temporal”.

Flexibilidad

En segundo lugar se incluye el establecimiento de un “mecanismo de flexibilidad interna y estabilidad en el empelo y apoyo a la transición”, la herramienta que sustituirá de manera estructural a los actuales ERTE. Asimismo, el texto enviado a Bruselas recoge la “modernización de la negociación colectiva”, citando expresamente la recuperación de la ultraactividad y de la prioridad aplicativa del convenio sectorial (como está pactado por la coalición); así como la vuelta a una negociación equilibrada entre la empresa y el trabajador en la modificación sustancial de las condiciones laborales por parte del empresario (artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores). Y, finalmente, otro de los puntos que se prevé más polémicos: la modernización de la contratación y subcontratación de actividades empresariales.

Estos serán, por tanto, todos los asuntos que Sánchez se ha comprometido a consensuar primero en el Gobierno y, después, negociar con los agentes sociales para “aprobar, antes de que acabe 2021, una legislación laboral moderna que revise los desequilibrios de la reforma de 2012” y deje atrás los problemas estructurales del empleo. En este punto, desde el Ejecutivo recuerdan que el Gobierno ya ha llevado a cabo una parte de la reforma laboral comprometida con la derogación del despido por baja médica, los reglamentos de igualdad, la Ley Rider o el teletrabajo”.

Bien es cierto, que aunque en estos dos textos solo se habla de “derogación” para la ultraactividad y la primacía del los convenios de empresa, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, explicó ayer que “cualquier nueva redacción normativa requiere la derogación de la anterior y no se puede derogar nada sin una norma alternativa a lo que se deroga”.

La reunión, que aseguran que se produjo en un “clima positivo y una actitud constructiva” sirvió también para que el Ejecutivo se comprometieran a buscar “un acuerdo con todas las partes justo y equilibrado” respetando “la base del trabajo realizado con los agentes sociales hasta el momento” y “a través del diálogo social. Esto es un guiño a la presencia de la patronal en el futuro pacto, tras el rechazo mostrado hasta ahora al texto presentado por Trabajo. Aunque, los sindicatos también han advertido que no aceptarán cambios en lo acordado hasta la fecha con el Ejecutivo.

 

 

Primera reacción de empresarios y sindicatos

  • Empresarios. El acuerdo con los empresarios bajo la premisa de derogar lo pactado por el Gobierno de coalición y cumplir con Bruselas no se presenta fácil. El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha avanzado hoy que los empresarios tienen “la libertad y la independencia” para expresar su rechazo a la derogación de la reforma laboral de 2012. Concretamente, precisó: “Nosotros derecho de veto no tenemos, pero tenemos totalmente la libertad y la independencia de decir que algo no nos gusta”, dijo el líder patronal.
  • Sindicatos. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha considerado hoy que el acuerdo de materias para negociar en la reforma laboral alcanzado por el Gobierno de coalición da “fiabilidad” a las negociaciones abiertas en el diálogo social. Supone que todo el Gobierno se hace “corresponsable” de lo planteado en la mesa de negociación y también del acuerdo sellado por PSOE y Podemos y todo lo pactado con Bruselas. Es más, aseguró que “Si lo que se dice es lo que se va a hacer, es perfectamente compatible con lo que el sindicato reclamaba”. Si bien, reclamó incorporar a la negociación la recuperación de los equilibrios en los despidos colectivos y dificultar el recurso al despido.
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