Patria potestad

Una jueza de Tafalla prima la educación en castellano al euskera porque la madre no lo habla

El juzgado concede a la mujer la facultad de decidir el modelo lingüístico que debe seguir la enseñanza de sus hijos

Una jueza de Tafalla prima la educación en castellano al euskera porque la madre no lo habla

La disputa de los progenitores sobre el modelo lingüístico que debe incorporar la enseñanza de sus hijos puede llegar a los tribunales. En estos casos, son los jueces los deciden qué propuesta es más beneficiosa para los menores. O, en definitiva, quién tiene más razón. Este es el caso de una resolución del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Tafalla (Navarra) que concede a una madre llevar a sus dos hijos (de uno y tres años) a un colegio con aprendizaje en castellano frente a la intención de su expareja de que estudiasen en euskera.

El centro público elegido por la madre incluye inglés y cuatro horas semanales de euskera como asignatura. Por el contrario, el padre quiere que el modelo con el que estudien los menores consista en un aprendizaje en euskera con programa de inglés.

La decisión (cuyo texto puede consultar aquí) tiene en cuenta que los menores viven con su madre y que ella no habla euskera, “con lo que ello puede conllevar en el apoyo educativo de sus hijos”. El padre, que tiene a los niños tres fines de semana al mes, reconoció asimismo que nunca se había dirigido en euskera a sus hijos. Por ello, la jueza cree que el hecho de ser un idioma conocido y que puede abrir puertas a los menores en un futuro (en concreto, en la función pública en Navarra o en el País Vasco), no es “suficiente” para acoger la pretensión paterna. Frente al argumento del progenitor, que estudió en un modelo íntegro en euskera, la resolución considera que entrar en la administración autonómica “es una posibilidad entre las miles de opciones laborales que, en el futuro, esperemos que tengan estos niños”.

El juzgado destaca, además, que la escuela elegida por el padre es más cara (160 euros mensuales) que la pública. Sobre todo, teniendo en cuenta que abona una pensión de 100 euros mensuales por cada menor.

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