Bruselas suaviza el impacto de Basilea III para la banca pero exigirá 27.000 millones de capital hasta 2030
La exigencia queda muy por debajo de las propuestas iniciales, pero la norma incluye más poderes para el supervisor
La Comisión Europea (CE) ha presentado hoy su propuesta para aplicar en la Unión Europea las reglas internacionales de requisitos de capital conocidas como Basilea III, en las que ha incorporado ajustes y largos periodos transitorios para limitar el aumento de las exigencias de capital a los bancos europeos. Una vez que las normas estén en vigor, conllevarán un incremento a largo plazo (para 2030) de entre el 6,4% y 8,4% del volumen de fondos que los bancos deben reservar para hacer frente a pérdidas, por debajo del 13,7% que calculaba la Autoridad Bancaria Europea en su último análisis.
Según el análisis de impacto de las autoridades comunitarias, el incremento en el caso de haber aplicado completamente el escenario de Basilea II habría casi duplicado las exigencias de capital adicional, hasta los 52.000 millones de euros, según los análisis del Ejecutivo comunitario. El plan pasa por un aumento de los requisitos de capital para 2025 de entre el 0,7% y el 2,7%, y sería en ese 2025 cuando entran en vigor las nuevas normas. El Banco Internacional de Pagos de Basilea accedió el año pasado a prorrogar hasta 2023 las nuevas exigencias a la luz del impacto de la pandemia.
Por otro lado, Bruselas ha aprovechado el paquete bancario presentado este miércoles para reforzar la capacidad de vigilancia del bloque, especialmente a raíz de recientes "escándalos" como el de la firma alemana de servicios de pago Wirecard. Así, la propuesta da a las instituciones supervisoras competencias para evaluar operaciones como la transferencia de activos y pasivos, fusiones o divisiones o la adquisición de participaciones cualificadas.
Además, la nueva legislación obligará una vez aprobada a los bancos a tener en cuenta factores medioambientales, sociales y de gobernanza en sus análisis de riesgos para mejorar su capacidad de "absorción de pérdidas" vinculadas con ellos, algo "clave" para la solidez de la economía en plena transición ecológica.
Para la comisaria europea de Servicios Financieros, Mairead McGuinness, se trata de una propuesta "equilibrada" y "creíble" para implementar la "pieza final del puzzle para reforzar la banca" que se puso en marcha a raíz de la crisis financiera, dijo en una entrevista con Efe y un grupo de medios internacionales. La propuesta, señaló, atiende a la necesidad de aplicar fielmente los acuerdos internacionales, pero también a las demandas de los Estados y la Eurocámara para que no se tradujese en un aumento generalizado de los requisitos de capital en un contexto de recuperación por la pandemia.
McGuinness ha subrayado que este planteamiento es "fiel" al acuerdo porque la propuesta utiliza "flexibilidades" contempladas en el mismo y "algunos ajustes específicos para reflejar características concretas de la economía de la UE y su sector bancario". "El calendario refleja
la realidad de cómo legislamos y el tiempo necesario para que los Estados miembros lo transpongan", ha argumentado.
La parte central y más controvertida de este paquete es hasta qué punto los bancos pueden evaluar sus riesgos siguiendo sus propios modelos de análisis, un mecanismo que habitualmente reduce las necesidades de capital respecto a las proyecciones de los reguladores. La norma admite que se sigan usando estos modelos, pero fija un indicador ("output floor") que limita la diferencia entre ambos modelos de riegos. La gran banca europea temen que esto aumente sus requisitos de capital en mayor medida que para las entidades de otros países.
La propuesta de Bruselas incorpora este baremo, pero da cinco años para aplicarlo totalmente, hasta 2030, al tiempo que lo flexibiliza e introduce periodos transitorios de hasta ocho años en algunos activos, como préstamos a empresas que no tengan "nota" de una agencia de calificación, las hipotecas de bajo riesgo, ciertas inversiones en infraestructuras o inversiones en capital a largo plazo.
Además, la nueva legislación obligará una vez aprobada a los bancos a tener en cuenta factores medioambientales, sociales y de gobernanza en sus análisis de riesgos para mejorar su capacidad de "absorción de pérdidas" vinculadas con ellos, algo "clave" para la solidez de la economía
en plena transición ecológica. El Ejecutivo, sin embargo, ha dejado para una etapa posterior la posibilidad de ajustar los requisitos de capital para activos 'verdes' o 'marrones', algo que está estudiando pero todavía no tiene "todos los datos" necesarios para tomar una decisión. Por eso, ha pedido a la Autoridad Bancaria Europea (EBA) un análisis de este asunto, cuyos resultados se esperan en 2023.