Emprendimiento

Ley crea y crece: mucha filosofía y muy poca sustancia

El anteproyecto pone a disposición del ciudadano medios para constituir una sociedad en un día, por un euro y on-line

Ley crea y crece: mucha filosofía y muy poca sustancia
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Del anteproyecto de Ley de Creación y Crecimiento de Empresas “Ley crea y crece”, se constata que los políticos nunca se han tenido que enfrentar a la burocracia patria y ahora, como gran solución, proponen prácticamente eliminar la aportación inicial necesaria para constituir una compañía, como si ese fuese el “gran problema”.

La exposición de motivos es abiertamente un eslogan político, refrendado con la descripción del objeto de la ley; impulsar “la creación de empresas y el fomento de su crecimiento” y “la eliminación de obstáculos a las actividades económicas”. Esto último es lo que más puede sonrojar por lo abiertamente falaz que resulta a ojos de un lector que batalle diariamente con todo tipo de organismos públicos.

El anteproyecto contiene mucha filosofía y poca solución real. Se prevé la constitución de una sociedad por un euro y por medio de plataformas telemáticas; reformula la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado que data del 2013 cuya filosofía parece no haber calado entre las diferentes administraciones, enfatizando en la existencia de una suerte de principios aplicables de difícil digestión –por lo amargo del trago-, como son la cooperación y confianza mutua entre autoridades competentes (¿alguien sabe que significa esto?), debiendo estas actuar bajo el principio de necesidad y proporcionalidad. Igualmente pretende reforzar el seguimiento de la efectiva aplicación de dichos principios y mejorar el encauzamiento de las reclamaciones de los administrados ante “cualesquiera obstáculos o barreras”. Ahora tampoco se prevé que colapse el “buzón de quejas”, teniendo en cuenta lo conformistas que somos, ni que mejore su utilidad por cuanto el corporativismo de lo público seguirá difuminando cualquier queja en la odisea laberíntica administrativa.

Expone, en definitiva, la necesidad de ciertas actuaciones por parte de la Administración al objeto de ayudar a los operadores económicos en defensa de sus derechos e intereses, así como una suerte de principios filosóficos que (seguramente) ayudarán a que todo fluya como debe ser para que un administrado pueda iniciar su proyecto económico.

El problema de tanta filosofía (bien) intencionada radica en que la realidad y el día a día son otro mundo. Se aducen múltiples problemas y lagunas, así como escasez de recursos humanos y económicos. Uno de los grandes problemas de España es la burocracia y así se ha puesto de manifiesto en múltiples ocasiones durante los últimos años en informes emitidos por organismos internacionales (¡qué sabrán ellos!). Y el administrado percibe que por cada acto concreto positivo hay dos nuevos negativos.

El anteproyecto pone a disposición del ciudadano (agente económico) medios para constituir una sociedad en un día, por un euro y on-line, pero para solicitar algo básico como el Número de Identificación de Extranjeros (NIE), necesario para múltiples gestiones, se tardan semanas. Lo que antes era un trámite sencillo -solo había que conocer los vericuetos de la tramitología administrativa- se topa ahora con la problemática de la ausencia de citas para presentar las solicitudes o con que los funcionarios se saquen de la manga órdenes, circulares, instrucciones, sentencias o resoluciones para despacharte. En el mejor de los casos, admiten un poder, pero solo existe la opción de solicitar un NIE por cita (si es que se logra alguna); en el peor de los casos alegan que el solicitante debe estar ¡presente!

En nuestra defensa y para no parecer incompetentes o simplemente estúpidos, solo nos queda decir a nuestros (im)pacientes clientes extranjeros, con todas sus urgencias, que Spain is different e indifferent a estos problemas.

Christian Krause, socio de Monereo Meyer Abogados.

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