El autobús pide quedar exento de nuevos peajes y de la futura fiscalidad del gasoil
El endeudamiento y la lenta recuperación de la demanda dificultan la salida de la crisis, según Confebus
En un momento regulatorio clave, en que se está decidiendo sobre la tarificación de las autovías, una nueva fiscalidad para equiparar el precio del gasóil con el de la gasolina o la reforma de la Ley de Seguridad Vial, el sector del transporte de viajeros por carretera ve peligrar la supervivencia de decenas de empresas si llegan nuevas cargas.
La patronal Confebus ha trasladado al Ministerio de Transportes su preocupación por el desequilibrio de los contratos de concesión de grandes líneas y los efectos en las cuentas de las operadoras de un combustible más caro y del coste financiero que ha engordado durante la crisis.
La demanda entre los viajeros vuelve, pero lo hace lentamente. Alcanza, según datos del colectivo empresarial, el 70% en rutas urbanas; es del 60% en media y larga distancia respecto a los volúmenes de 2019, y los servicios turísticos están en un 40%. En este momento aún de debilidad, el presidente de Confebus, Rafael Barbadillo, agradeció el jueves en la Asamblea General el apoyo del Gobierno con medidas como los ERTEs, los créditos ICO o las compensaciones de los contratos públicos. Escuchaba la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, pero el mensaje de Barbadillo también se refirió a la necesidad de que el soporte continúe hasta la salida de la crisis. Y en esa dirección van los contactos con la Administración.
La compra de combustible es el segundo coste para las empresas de autobús y su encarecimiento pesa en las expectativas de recuperación
Una de las claves está en que los Presupuestos Generales de 2022 contemplen nuevos apoyos para compensaciones en los contratos públicos. Las empresas del autobús se presentan ante el Gobierno como un agente determinante en la movilidad, incluyendo zonas despobladas, y para la descarbonización del transporte. En este sentido, Confebus busca que estas empresas queden al margen del pago por uso en autovías que llegará entre 2023 y 2024, y que está presente en el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que va a ir próximamente a primera lectura al Consejo de Ministros. También se urge que los fondos de recuperación lleguen a las empresas para acometer los citados desafíos de la descarbonización y digitalización.
Sobre los citados peajes blandos, el sector advierte que su aplicación al autobús se traducirá en un encarecimiento de los billetes y en la consiguiente desincentivación a los usuarios. A la espera de lo que decida el Gobierno sobre este eventual coste, el autobús también teme ser alcanzado por el alza fiscal del diésel.
Confebus defiende que las tecnologías alternativas al motor de combustión están aún demasiado verdes para ser competitivas en rutas de media y larga distancia. Cautivas aún del combustible de origen fósil, la patronal espera un efecto neutral de la mayor presión fiscal por la vía de la exención del gasóleo profesional. La compra de combustible representa el segundo coste para este tipo de compañías y su encarecimiento pesa ya en las expectativas de recuperación tras la pandemia.
El transporte por carretera afronta inversiones en busca de la neutralidad de emisiones en sus flotas y la digitalización del servicio (medios de pago, información al viajero en tiempo real, multimodalidad, etcétera), objetivos que también se ven dificultados por el momento que atraviesan. Así, se reclama una simplificación de la burocracia, un incremento en las ayudas para la renovación de vehículos e inversión en infraestructuras como los carriles BUS y las estaciones.
Asuntos clave sobre la mesa
Plan de estímulo. Las operadoras de autobús urgen medidas que aceleren la recuperación de la demanda, como una campaña de imagen o el inicio del programa del IMSERSO. También se reclama que las ciudades sean receptivas a este modo de transporte.
Mapa Concesional. Transportes ultima un nuevo mapa de grandes líneas para el que Confebus pide coordinación con las Comunidades Autónomas. Tras su diseño, requiere una mesa de diálogo entre sector público y privado.
Licitaciones. El sector argumenta que los futuros concursos de líneas deben basarse en la capacidad innovadora de las empresas y tener en cuenta plazos para amortizar las inversiones en descarbonización y digitalización.
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