Ribera plantea suspender la minoración de ingresos de las eléctricas por el gas
Quiere modular una medida que se agrava con el alza del precio del gas
Los precios de la electricidad siguen subiendo a cimas hasta ahora insospechadas, empujados por las cotizaciones del gas natural, tanto en España como en Europa. Para este jueves, el precio medio del mercado mayorista (pool) se sitúa en 288,53 euros/MWh, por debajo de Francia, a 298,32 euros/MWh, un 5% más que hace una semana, y superado por el de Alemania, Holanda o Bélgica, que traspasan por primera vez la barrera de los 300 euros/ MWh (302 euros).
Una crisis energética en toda regla que raya la emergencia nacional y podría obligar a Europa a intervenir los mercados, según fuentes políticas. La situación se considera tan grave que, según las mismas fuentes, el Ministerio para la Transición Ecológica se plantea suspender o modificar el mecanismo de minoración de los ingresos que reciben la hidráulica, la nuclear y algunas renovables que van a mercado por los beneficios que reciben cuando el gas marca el precio marginal en el pool.
El fuerte incremento de precios desde el pasado 14 de septiembre en que entró en vigor el real decreto ley que incluye dicha medida, que está pendiente de su convalidación en el Congreso, ha llevado al Gobierno a un replanteamiento, pues supondría, para precios del gas superiores a 100 euros/ MWh, duplicar prácticamente el recorte de los ingresos a las tres grandes eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, fijado inicialmente en 2.600 millones de euros.
Precisamente, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha convocado a partir de hoy una ronda de encuentros con los responsables de estas compañías (el consejero delegado de Endesa, José Bogas, que acude hoy; el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, y el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, emplazados ambos para el miércoles), para tratar sobre la cuestión y buscar soluciones. Las empresas perfilaban ayer sus propuestas.
El objetivo del polémico real decreto ley (RDL) era que las eléctricas hicieran su aportación para aliviar la factura de los pequeños consumidores eléctricos con esos 2.600 millones (2.000 millones los asumirían las tres grandes), que se destinarían a rebajar los cargos de los peajes de recibo. En cualquier caso, aunque se aborde un cambio de la norma, el objetivo del Gobierno es que las compañías contribuyan en la solución. Las opciones son el aplazamiento de la norma o una modulación de la misma que no suponga "una expropiación tan grave" de los ingresos, indican fuentes empresariales.
A los pocos días de su entrada en vigor, el ministerio tuvo que rectificar su contenido a través de una carta al operador del sistema, REE, en la que eximía de dicha minoración a los contratos bilaterales firmados entre un productor y un cliente final, pero la mantenía para los contratos entre las generadoras y las comercializadoras de un mismo grupo empresarial. Esto es, las grandes eléctricas, que reconocieron que toda la energía que producen la tienen bilateralizada con sus comercializadoras.
Producir a pérdida
La situación se ha agravado tanto, con los precios del gas y la generación de las centrales de ciclo combinado disparados, que se puede dar la circunstancia de que las plantas afectadas se viesen abocadas a vender a pérdida. Fuentes del sector consideran que, de mantenerse tal cual el RDL, el ministerio se vería obligado a seguir haciendo rectificaciones. En este sentido, prefiere plantear nuevas opciones a las compañías. Ribera había mostrado su disposición a revocar las medidas si lograba algún acuerdo efectivo con la Unión Europea, para hacer frente a la crisis.
La fórmula que establece el RDL supone restar el precio que reciben esas energías siempre que el que marquen las centrales de gas estén por encima de 20 euros MWh, cotización se multiplica por 0,9 euros y por las horas en que el gas haya marcado el marginal del pool y se divide por 0,55%, que es el factor de emisión del gas. Se dio la circunstancia de que el pasado domingo 2.000 MW de eólica retiraron sus ofertas del mercado en las horas baratas cuando los precios estaban por debajo de lo que tendrían que devolver esos parques: 72 euros/MWh.
La regulación obliga a las plantas a hacer sus ofertas, aunque no a pérdidas, pero no pueden retirarse después. Es esto por lo que la CNMC ha abierto un expediente a la propietaria o propietarias de los 2.000 que salieron el domingo.
Las paradas de plantas pueden convertirse en una realidad
La crisis energética que azota a Europa y, particularmente, a los consumidores españoles, ya no se soluciona con las medidas que han planteado las empresas. Encima de la mesa se han puesto medidas como volver a recurrir a la fórmula del déficit de tarifa o una moratoria de la deuda eléctrica que se paga en los peajes de la luz. Este aplazamiento castigaría el rating de la deuda española.
La posibilidad de recortar tasas ha llegado al límite (el Gobierno bajó el IVA del 21% al 10% y prácticamente ha eliminado el tributo de la electricidad, entre otros) y las recomendaciones de la CE (más recortes fiscales, mejorar el bono social de la luz o hacer más contratos bilaterales) resultan un brindis al sol.
Llegados a este punto, la industria, especialmente la electrointensiva, reclama medidas de choque efectivas, pues de lo contrario ya apuntan a una amenaza real de cierres de plantas, paradas de producción, con los consiguientes despidos. No hay que olvidar que en verano el peor de los escenarios para enero era de un precio mayorista de 140 euros/MWh y solo ayer se había duplicado, hasta 288,53 euros.