Estos son los 230.000 funcionarios que volverán al trabajo presencial cuatro días por semana desde octubre

La medida afecta a la Administración General del Estado

CSIF denuncia que el Gobierno rebaja el teletrabajo de los tres días pactados a solo uno

Más de 229.000 funcionarios de la Administración del Estado volverán a trabajar presencialmente cuatro días semanales desde el 1 de octubre. Según informó este miércoles CSIF (la Central Sindical Independiente y de Funcionarios), esta medida, con la que el sindicato ha mostrado su desacuerdo, sustituye al sistema actual que contempla que estos empleados públicos trabajen el 80% de su jornada de forma telemática. El grupo de funcionarios al que afecta esta normativa representa el 8,4% del total de personal al servicio de las Administraciones públicas, según datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Fuera de este régimen quedan Fuerzas Armadas, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad o la Administración de justicia, entre otros.

El colectivo más grande (casi el 40%) de trabajadores al que alcanza esta resolución se encuentra empleado en los ministerios, con un total de 91.553 personas. Le siguen los organismos autónomos (64.360), entre los que se encuentra por ejemplo el SEPE, y otros entes de derecho público, que emplean a 33.891 funcionarios. En este último se englobarían la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) o el Consejo Económico Social.

Entidades públicas empresariales tales como Adif o Enaire también se verían afectadas por la medida (esta categoría emplea a 21.334 personas); así como las distintas agencias estatales (14.162 trabajadores). Aquí se engloban, entre muchas otras, la Agencia Estatal de Meteorología; la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo o la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

Además, también se incluye en la Administración del Estado a la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que da trabajo a 2.507 personas, la única universidad pública no transferida. Por último, también se verían afectadas por la resolución las autoridades administrativas independientes, en las que se incluye, entre otras, a la Agencia Española de Protección de Datos; la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; la Comisión Nacional del Mercado de Valores, o el Consejo de Seguridad Nuclear. Esta categoría emplea a un total de 1.541 funcionarios.

Distribución por regiones

La Comunidad de Madrid es, de largo, la región que tiene a un mayor número de trabajadores afectados por esta medida, ya que concentra al 35,4% de los empleados de la Administración del Estado (81.134 personas), algo lógico teniendo en cuenta que alberga la capital. En segundo lugar se encuentra Andalucía, con el 13,7% de los funcionarios (31.399). El podio lo completa Cataluña, con 15.193 empleados de la Administración del Estado (el 6,6% del total).

Por el contrario, Navarra, con 1.092 trabajadores, y La Rioja, con 1.109, son las autonomías con menos cantidad de este tipo de funcionarios (entre las dos suman el 1% del total). Les sigue Cantabria, con 2.674 personas afectadas por la nueva normativa, el 1,2% de todo el país.

Desde CSIF señalaron a este periódico que la medida incumple con el acuerdo que tenían con el Ejecutivo, según el cual estos trabajadores desarrollarían el 60% de su jornada de forma telemática, es decir, tres días por semana en lugar de uno. “No se corresponde con la filosofía sobre la digitalización, la reducción de emisiones y el ahorro energético que propugna el Gobierno”, denunció el sindicato.

Según el borrador de criterios generales de rein­corporación de los funcionarios al que ha tenido acceso este periódico, será necesario continuar con el sistema de cita previa en los servicios de atención al público “al menos hasta el 31 de diciembre de 2021”.

“Para el servicio de registro dependiente de la Administración General del Estado no será necesaria la misma. En todo caso se limitará el aforo de la ciudadanía en la atención presencial en función del espacio disponible para atención al público y se adoptarán las medidas de prevención para garantizar la seguridad y salud, de acuerdo con lo que establezca la normativa vigente”, se añade en el documento.

Excepciones en la norma

Inmunodeprimidos. El borrador contempla algunas excepciones, como son el caso de las personas inmunodeprimidas o con cáncer, que podrán realizar hasta el 100% de su jornada laboral de forma telemática. También será así para aquellos trabajadores que se encuentren en cuarentena por haber sido contacto estrecho de un positivo por Covid o cuando dicha cuarentena afecte a menores o a dependientes a cargo de esta persona.

Reuniones. A su vez, la norma recoge que las reuniones serán presenciales o en modalidad mixta y se levanta la prohibición de realizar viajes, aunque señala que “se evitarán en lo posible las reuniones que impliquen desplazamientos a otra localidad, así como los viajes de trabajo siempre que puedan utilizarse medios tecnológicos”.

Oposición de CSIF. El sindicato, que no ha firmado la resolución al considerar que no reúne los requisitos para una vuelta segura, pidió al Gobierno que ponga “en valor la experiencia positiva que ha supuesto el de­sempeño del trabajo en modo telemático (...) y elaborar sin dilación la norma que plasme el acuerdo de teletrabajo en la Administración General del Estado que será de aplicación en condiciones normales cuando termine la actual crisis sanitaria”.

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