Una enmienda en el Senado, con apoyo del PP, pone en jaque el negocio comercial de Aena
Se debatirá en el Congreso limitar las rentas por alquileres en las terminales hasta la recuperación del tráfico
El representante de Coalición Canaria Fernando Clavijo, con el inestimable apoyo del Grupo Popular, sacó ayer adelante en el Senado una enmienda que impacta de lleno en los intereses de Aena. El cambio que será debatido en el Congreso se incluye en el Proyecto de Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, que modificará la ley 16/1987, y busca la regulación por ley de los alquileres de establecimientos en las terminales.
Clavijo tilda de abusivas las rentas mínimas garantizadas (RMGA) que figuran en los contratos de arrendamiento, denunciadas durante la pandemia por los grandes operadores comerciales. El senador defiende que el cobro por parte de la empresa púbica, pese al derrumbe del tráfico, pone en riesgo 14.000 puestos de trabajo, 2.500 de ellos en Canarias, donde tiene especial presencia la multinacional Dufry.
Al tratarse de una enmienda, era suficiente la mayoría simple para su aprobación, con lo que la adición al Proyecto de Ley será remitida al Congreso para su debate y votación. En la Cámara Baja volverá a bastar con mayoría simple para incorporar la enmienda al texto de la ley. El objetivo es promover rebajas en la RMGA, aeropuerto por aeropuerto, acordes con las caídas de tráfico respecto a 2019.
En el entorno de Aena se observa la singularidad de que se tramite una norma que sería específica y no sectorial. La disposición adicional se titula “Modificación de los contratos de arrendamiento o cesión de local de negocio en los aeropuertos gestionados por Aena”. También ha sorprendido el giro del PP con su voto a favor de la reforma en los contratos comerciales del operador.
Clavijo había fracasado previamente en la Comisión de Transportes, pero salió triunfante ayer en el Pleno. Fuentes cercanas al Gobierno llaman la atención sobre el quiebro para introducir una adición que afecta a la actividad en aeropuertos en un texto legal que regula las infracciones relativas a las VTC y que pone veto a la morosidad en el transporte por carretera, o incluye normas para la gestión en el ámbito del transporte y las infraestructuras. Una fuente jurídica explica que “no es habitual que se tramite una adición a un proyecto de Ley sobre un asunto ex novo, no tratado en la norma”.
El resultado en el Congreso es imprevisible tras la posición del PP en contra de los intereses de Aena. Además, una proposición no de Ley encabezada por ERC, y aprobada en la Comisión de Hacienda, exigió a Aena en junio una negociación para llegar a acuerdos equilibrados con sus inquilinos.
Enfrentamiento
El resultado en el Congreso es imprevisible tras la posición del PP y la exigencia de ERC de una negociación equilibrada entre Aena y sus inquilinos
El choque entre Aena y sus arrendatarios, entre ellos Dufry, Áreas y SSP, se ha enmarañado en los tribunales, con más de un centenar de demandas en ambas direcciones. La compañía que preside Maurici Lucena tiene en juego más de 800 millones de euros.
Una vez desatada la pandemia, y con la consiguiente desaparición del tráfico aéreo, Aena propuso una quita del 100% en la RMGA para los meses del primer estado de alarma, y del 50% hasta septiembre de este 2021. El ajuste supone ahorros por los citados 800 millones.
Fue la publicación del Real Decreto Ley 35/2020 de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio, que buscaba la continuidad de los negocios, la que llevó a Aena a reducir la cuantía de esos alquileres garantizados. Una medida de alivio que fue aceptada por numerosos inquilinos de pequeños establecimientos, pero que no convenció a las cadenas.
A las que no aceptaron (pedían un reequilibrio acorde con el 72% de pérdida del tráfico aéreo en 2020) se les remitió el recibo por la renta mínima garantizada en su totalidad. Quedaba en el aire la ejecución de avales por incumplimiento en el pago.
Consecuencias de la enmienda
En los tribunales se dirime si es válida la RMGA, e incluso la rebaja de Aena, o si debe aplicarse la cláusula rebus sic stantibus, que dejaría sin efecto lo pactado por contrato ante circunstancias sobrevenidas.
La aprobación de la enmienda impulsada por Fernando Clavijo afectaría a los contratos en vigor el 14 de marzo de 2020. La RMGA entre el 15 de marzo y el 20 de junio de 2020 “quedará suprimida”. Ya desde el 21 de junio se vería reducida en proporción al menor tráfico en el aeropuerto donde esté el local respecto a 2019.
La modificación de los contratos produciría plenos efectos jurídicos incluso donde hay acuerdos sobre la RMAG. Y decantaría los procesos abiertos ante la justicia de parte de los comerciantes.
Aena viene anotando en sus cuentas, como apunte contable, el 100% de la RMGA de la totalidad de sus inquilinos, independientemente de si aceptaron o no la fórmula de reequilibrio de sus contratos. Al cierre de 2020, la empresa estimó que si todos los operadores comerciales aceptaran su propuesta, las RMGA pendientes de 2020 (635 millones) se quedarían en 180 millones.
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