Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP deberán subastar 15.830 gigavatios
La primera subasta se celebrará antes de que termine el año; el Gobierno limitará también los desembalses de las hidroeléctricas
El Gobierno obligará a las grandes eléctricas a ofertar electricidad de forma proporcional a su cuota que podrán comprar las comercializadoras independientes y los grandes consumidores mediante contratos a plazo con un periodo de liquidación igual o superior a un año.
La norma prevé también la reforma de la tarifa regulada (PVPC) para que incorpore la referencia de precio de la subasta con una ponderación máxima del 10%. Las comercializadoras independientes que adquieran energía por esta vía deberán indicarlo en las facturas de los clientes, según consta en el paquete de medidas aprobado este martes por el Consejo de Ministros para abaratar la factura de la luz.
El Ministerio para la Transición Ecológica aprobará un calendario de subastas y la primera tendrá lugar antes de que acabe el año. De este modo, Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP ofrecerán 15.830 gigavatios (GWh), equivalentes al 6,3% de la demanda eléctrica nacional en 2020.
Europa no permite que los Gobiernos fijen precios de tecnologías como la hidráulica o la nuclear [más baratas de producir] y, por ello, el Ejecutivo propone pujas en las que las distintas tecnologías subasten su producción al precio al que la quieran comprar las pequeñas comercializadoras o los industriales.
El Ejecutivo ha dado luz verde a un plan de choque para que los consumidores paguen al final de año una factura de la luz similar a la de 2018 en un contexto de subidas históricas del precio de la electricidad en el mercado mayorista.
Entre las medidas destacan la reducción del impuesto especial de la electricidad del 5,1% al 0,5%; la ampliación en 900 millones de euros [hasta 2.000 millones] de las subastas de CO2 a rebajar los cargos del sistema y la limitación de la tarifa regulada del gas natural (TUR) para las familias y las pymes, que este trimestre crecerá un 4,6% y no un 29%.
Ley de Aguas
El Gobierno también modifica la Ley de Aguas para evitar "súbitos desembalses" por parte de las compañías que controlan las centrales hidroeléctricas. Según el ministerio para la Transición Ecológica, al inicio de cada año hidrológico, las confederaciones hidrográficas fijarán un rémigen mínimo y máximo de caudales mensuales a desembalsar en los embalses mayores de 50 hectómetros cúbicos.
Dicha medida llega después de que la propia Teresa Ribera señalara directamente a la generación hidroeléctrica, y no al gas natural, como responsable del incremento disparatado de la electricidad, acusando a las empresas eléctricas que gestionan centrales hidroeléctricas de no mostrar “ninguna empatía social”.
La energía hidráulica ha marcado el precio en el mercado mayorista en el 65% de las horas de junio, en el 64% de las de julio y en el 59% de las de agosto. Según denuncia la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), se fija en su competidor directo (ciclos combinados) y, en vez de hacer ofertas con un margen razonable, ajusta su precio al inmediatamente anterior al que los ciclos combinados podrían ofrecer.
También se ha creado un suministro mínimo vital para consumidores vulnerables con bono social eléctrico, que prohibirá la interrupción del servicio por impago durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes, garantizando una potencia de 3,5 kW durante ese periodo.
