El CES pide que se contemple destinar fondos públicos para el servicio universal de telecos

El consejo presenta su dictamen para la nueva ley general del sector

Pablo Monge

El Consejo Económico y Social de España (CES) ha aprobado un dictamen en torno al Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones. en el que opina que la imposición de obligaciones de servicio universal a las operadoras privadas puede ser insuficiente para garantizar la universalización del acceso a los grupos de población más vulnerables. Así, plantea complementarla con un mayor compromiso de las Administraciones públicas. En particular, propone ayudas económicas y bonos sociales, para garantizar la universalización del acceso a los grupos de población más vulnerables.

Además, insta a valorar la oportunidad de financiar el servicio universal con fondos públicos, donde no llegue la iniciativa privada, y seguir la línea del marco fiscal que se acuerde en el seno de la UE con el objeto de que en la financiación del servicio universal participen todos los agentes involucrados.

El CES ve acertada la decisión de elaborar una nueva Ley, en lugar de modificar la vigente, ya que permitirá una mayor coherencia en la regulación sectorial y una mayor seguridad jurídica, lo que ayudará a avanzar en la transformación digital y promoverá la inversión. De igual modo, piensa que es necesaria tanto para fomentar el despliegue de redes de alta capacidad como para nivelar las obligaciones de las operadoras tradicionales y los nuevos servicios digitales.

Además, considera que las medidas de fomento de las inversiones en redes de alta capacidad, tanto por parte de operadoras privadas como también, subsidiariamente, públicas, suponen un avance para garantizar la disponibilidad de infraestructuras en el conjunto del territorio, que permitan ofrecer las mismas oportunidades a las personas o empresas usuarias finales independientemente de su ubicación geográfica, con una calidad suficiente y a un precio asequible.

De igual forma, respalda que el Anteproyecto recoja el desarrollo del empleo asociado a la economía digital, pero cree que se continúa atendiendo sobre todo a una competencia basada en los precios, cuando habría que orientar más la regulación a otras opciones para estimular la inversión, que redundarían en mayor y mejor creación de empleo, en especial de base tecnológica.