La negociación de la reforma laboral sigue encallada y se retomará en septiembre
Los plazos para el Ejecutivo, que pretende aprobarla antes de final de año, se acortan El Gobierno señala que la última reunión celebrada este miércoles se ha desarrollado en "un clima constructivo"
El Gobierno y los agentes sociales han tenido este miércoles la última reunión por la reforma laboral antes del receso de verano, sin que haya habido avances al respecto, según han confirmado fuentes conocedoras de la negociación a este medio. El próximo encuentro tendrá lugar en septiembre, lo que acorta mucho los plazos para llegar a un pacto si es que el Ejecutivo pretende tener aprobado el nuevo marco laboral antes de fin de año, tal y como ha dicho en varias ocasiones la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
"La mesa de Diálogo Social se ha desarrollado en un clima muy constructivo", han asegurado desde el ministerio de Trabajo, quienes han señalado que la patronal ha realizado "una serie de consideraciones técnicas sobre el documento" con el que trabaja la mesa. Por su parte, fuentes empresariales han indicado que no ha habido avances "ni grandes, ni pequeños". Así, la patronal permanece en su posición de rechazo frontal a la reforma planteada por el Ejecutivo, a la que Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, tildó de "marxista" y de "contrarreforma".
A principios de julio, la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y Cepyme (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) habían emitido un duro comunicado contra el documento propuesto por Trabajo, al que tacharon de "inaceptable". Las dos organizaciones empresariales habían pedido entonces que el Gobierno plantease otro borrador, "con un planteamiento nuevo, alineado con las necesidades de las empresas y de las personas trabajadoras y de acuerdo con las recomendaciones de país de Bruselas".
El punto más conflictivo del borrador propuesto por Trabajo es el relacionado con la reducción de la temporalidad (España tiene la tasa más alta de Europa con un 26%), para la que el Gobierno propone limitar los contratos de duración determinada a seis meses y que solo se puedan usar por causas organizativas o productivas. Las primeras se darán cuando la compañía no pueda hacer frente “al incremento ocasional e imprevisible de la actividad”; mientras que el segundo supuesto se refiere a cuando la empresa tenga que sustituir a un empleado de baja.
Para actividades con una gran variación de la actividad según la época del año, como la agricultura o la hostelería, la empresa no podrá hacer contratos temporales, sino que en ese caso deberá acudir a la figura del "fijo-discontinuo".
Por su parte, desde los sindicatos no han hecho valoraciones sobre la reunión celebrada este miércoles, pero el Gobierno ha señalado que las organizaciones sindicales "presentarán una propuesta conjunta el próximo mes de septiembre".
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