PSOE y Unidas Podemos negocian para aprobar la ley de vivienda “lo antes posible”
Los equipos se emplazan a nuevas reuniones para superar los puntos que alejan el acuerdo
La nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, han mantenido este miércoles su primera reunión para abordar la futura ley estatal de vivienda, cuya aprobación en el Consejo de Ministros acumula ya más de medio año de retraso. Es el primer encuentro entre las dos ministras y sus respectivos equipos desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, remodeló buena parte del Ejecutivo hace dos semanas.
La reunión, según fuentes conocedoras, se ha saldado sin nuevos avances sustanciales, aunque con la voluntad de acelerar las conversaciones para sacar adelante la norma cuanto antes. Raquel Sánchez, explican fuentes del Ministerio de Transportes, "ha insistido en la necesidad de dar un impulso a las negociaciones y aprobar esta ley lo antes posible para atender las demandas de la ciudadanía, especialmente de los más vulnerables". Desde la cartera de Belarra, por su parte, lamentan que la negociación continúa "encallada" al mantener la nueva titular de Transportes "la misma posición que su predecesor".
Por ello, los dos equipos se han emplazado a nuevas reuniones para seguir trabajando en los puntos que siguen alejando el acuerdo.
Fuentes del Ejecutivo, tanto por parte del PSOE como de Unidas Podemos, aseguran que en el Gobierno se asume que la ley de vivienda será uno de los condicionantes para que salgan adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022. Para el socio minoritario la norma se ha convertido en una línea roja que no puede demorarse más, y en el ala socialista reconocen que habrá que acelerar todo el proceso para no hacer peligrar las nuevas cuentas públicas.
La ley de vivienda, que sirvió para desbloquear la negociación final del proyecto de PGE de 2021, amenaza por lo tanto con volver a dar que hablar en el proceso de elaboración de las cuentas públicas. El pasado mes de octubre, hace ya casi 10 meses, Unidas Podemos dio su visto bueno a los PGE a cambio de tener lista la norma en el plazo de cuatro meses. Tras los primeros retrasos, principalmente a costa de la regulación del alquiler, el Gobierno se comprometió ante Bruselas a llevar la normativa al Consejo de Ministros antes de que acabase el mes de junio. A día de hoy, tras otro retraso y con el parón veraniego de por medio, las posiciones siguen alejadas.
La regulación del alquiler y las medidas que finalmente se adopten en esta materia siguen siendo la gran fuente de discordia entre los dos socios. El PSOE, al menos por ahora, mantiene la propuesta del anterior ministro, José Luis Ábalos, de utilizar los incentivos fiscales para que los propietarios bajen las rentas en las conocidas como zonas tensionadas, en las que también se restringiría hasta un 10% el encarecimiento del alquiler. Unidas Podemos, sin embargo, insiste en limitar las rentas para que no puedan superar un umbral concreto en las áreas más caras, provocando así un abaratamiento sustancial.
Entre las propuestas que ha venido formulando el socio minoritario se encuentra la posibilidad de que, en estas zonas, los precios no puedan superar el 30% de los ingresos medios de los hogares. También proponen servirse de los índices de referencia para fijar unos precios máximos. "Algunas comunidades y municipios, como el gobernado hasta hace unas semanas por la ministra Sánchez, han demostrado que regulación del alquiler es la vía para lograr una bajada de precios que garantice el derecho a la vivienda en nuestro país", dicen fuentes de Derechos Sociales, en referencia a la ley catalana que regula los precios en 60 municipios, incluyendo Gavá (Barcelona).
El camino está mucho más rodado en otros asuntos que también afectan a la negociación. Los dos socios, por ejemplo, han llegado a un principio de acuerdo en materia de desahucios, con el objetivo de agilizar la comunicación con los servicios sociales para que, en caso de vulnerabilidad económica, los lanzamientos puedan postergarse hasta tres meses para que las comunidades autónomas encuentren una alternativa habitacional para los afectados, que deberá ser siempre una vivienda y no un albergue u hostal.
También hay un principio de consenso para definir el concepto de vivienda vacía, que no cuenta con una descripción armonizada en toda España, y gravar los inmuebles deshabitados mediante un recargo para el propietario en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), si bien este incremento aún no está pactado. El PSOE propone que oscile entre el 50% y el 75% y Unidas Podemos quiere elevarlo al 200%.
PSOE y Podemos también parecen estar de acuerdo en aumentar el peso del alquiler social o asequible en la vivienda protegida. Una de las últimas propuestas en la materia establece que al menos la mitad de los inmuebles protegidos se destinen al arrendamiento.
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