La banca buscará soluciones para la España rural con las administraciones públicas
La AEB y CECA crearán un Observatorio para la Inclusión Financiera
Las patronales de los bancos AEB y de las antiguas cajas CECA han suscrito el bautizado como 'Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca', que compendia un abanico de actuaciones en diversos ámbitos como el retributivo o en materia de despidos colectivos que promoverán entre sus entidades "para reforzar su apoyo a la sociedad
y canalizarlo a través de medidas específicas".
El documento, divulgado por las patronales este viernes, se estructura en ocho grandes apartados que también incluyen actuaciones para evitar la exclusión financiera, abordar los ajustes de personal o poner las máximas garantías para ayudar a clientes, personal e, incluso infraestructuras a transitar en la inevitable digitalización, como ya adelantó el pasado 19 de junio CincoDías.
Su compromiso llega después de las críticas y denuncias realizadas desde el Gobierno por los bonus y los abultados Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) anunciados por varios grandes bancos, materias sobre las que pivota parte de los compromisos.
En el documento dejan claro que la remuneración del personal directivo en los bancos está sometida "a una regulación más intensa y exigente que la de los restantes sectores de la economía" y aprobada a nivel de la Unión Europea para alinearla de forma adecuada con "la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo de la entidad, así como con una gestión prudente de los riesgos". Reparan en que el sueldo variable está condicionado por los riesgos, y con pagos diferidos e, incluso, con cláusulas de devolución si hay mala gestión, y que el banco está sujeto a un "exigente régimen de rendición de cuentas"
de los salarios.
Sin embargo, la CECA y AEB asumen el compromiso de" favorecer un sistema de retribución variable que, siguiendo la evolución del sector, su entorno y la economía en su conjunto pondere, entre sus criterios objetivos de compensación, elementos de banca responsable, dando protagonismo a factores como la sostenibilidad, la digitalización y la atracción del talento".
Están vinculados a los objetivos en dichas áreas de cada entidad y en materia de retribución variable incorporarán "factores no financieros con objeto de valorar la ponderación de objetivos relacionados con banca responsable". "Se podrán incluir factores de sostenibilidad y de calidad
en la prestación del servicio al cliente, entre otros", refiere el protocolo, que además identifica como acciones a realizar incluir entre los criterios de evaluación a la hora de determinar el salario variable "parámetros que recojan la satisfacción de los clientes".
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
El documento reivindica el rol jugado desde siempre por la banca para apoyar el emprendimiento, la creación de empresas, con especial foco en las pymes, o financiar las familias, poniendo el acento además en las ayudas y medidas desplegadas para ayudarles y a la sociedad frente
a la pandemia del Covid.
"En ausencia de un sistema bancario formalizado, el conjunto de la economía experimentaría graves disfuncionalidades en sus canales de provisión de crédito, y emergerían fenómenos muy problemáticos, como la banca en la sombra", avisa, pero apuntando a renglón seguido que la banca está sujeta a un entorno desafiante por los bajos tipos, la alta regulación o la aparición de nuevos competidores nativos digitales, bigtech y fintech, con unos costes "un 70% más bajos que los de los bancos tradicionales", que hace "imprescindible una reestructuración del sector para garantizar la supervivencia de los bancos a largo plazo".
Así y de cara al "inevitable replanteamiento de su dimensión" con ajustes en oficinas y personal, que han levantado fuertes críticas políticas, sindicales y en el Gobierno, la CECA y AEB se comprometen a potenciar entre sus entidades el favorecer al "máximo la adscripción voluntaria
de los trabajadores" a ERE, negociarlos con los sindicatos e incorporar medidas de protección de los colectivos con mayores dificultades de reincorporación al mercado laboral.
Además, hay un compromiso concreto en cuando a la recolocación del personal que salga en los ajustes, ya que garantizan que acompañará al empleado afectado 10 meses frente a los 6 exigidos por la norma, apoyándose para ello en firmas expertas y que además analizarán "posibles soluciones alternativas a la extinción de contratos de trabajo mediante la utilización
preferente de medidas de flexibilidad interna".
Entre ellas figurarían las oportunidades de reconversión y recolocación interna, especialmente a través de la movilidad funcional o geográfica y de la modificación sustancial de condiciones de trabajo, así como potenciales suspensiones temporales de contratos, excedencias, reducciones de
jornada con reducción proporcional de sueldo por razones de conciliación familiar, o una "moderación salarial, que pudieran favorecer el mantenimiento del empleo en la misma entidad o Grupo".
Asimismo, promoverán la llamada economía 'senior' o 'Silver Economy', facilitando la contribución a una segunda carrera del empleado, desarrollar su faceta como consejeros, asesoramiento o para mentoring a pymes, o trabajos a tiempo parcial, entre otros e, incluso, el emprendimiento.
FORMACIÓN DEL EMPLEADO Y SOCIEDAD
El protocolo incluye compromisos de formación continua de todo el personal para adaptar sus capacidades al nuevo entorno económico y empresarial, "con especial atención a la capacitación digital y tecnológica" y elevando así su empleabilidad, ayudar a los antiguos profesionales
a mantenerse activos impulsando, por ejemplo, su incorporación a fundaciones y organizaciones "para aprovechar su talento maximizando su aportación a la sociedad" y se compromete con desarrollar medidas de educación financiera y digital para toda la sociedad.
En concreto, estipula la implantación de plataformas abiertas 'online' que ofrezcan cursos de educación financiera para no financieros en formatos de fácil acceso o potenciar los contenidos diseñados para segmentos diferenciados de población vulnerable, entre otras actuaciones. Una de ellas es que los bancos prevén desarrollar actuaciones para "incrementar en un 15% el número de beneficiarios en 3 años" en los programas de educación financiera.
Entre los puntos destaca además un capítulo para fomentar la inclusión financiera, alentando que cada banco de forma individual o en cooperación con otras entidades e instituciones o a través de sus fundaciones desarrolle medidas para garantizar la cobertura de los servicios en zonas rurales.
Ahí entrarían propuestas como desarrollar una red de agentes, acuerdo con entidades no financieras o desplegar ofibuses, instalar cajeros o dar servicios multicanales.
Además y de manera expresa, aboga por que "el apoyo de las administraciones públicas y, en especial, las de ámbito local, debería ser un elemento clave a la hora de diseñar potenciales soluciones y promover alternativas". Anticipa que la AEB y CECA crearán un Observatorio para la Inclusión Financiera, "que elabore y actualice el mapa del acceso a servicios financieros en la España rural, de modo que en el futuro se puedan arbitrar, en su caso, conjuntamente entre el sector y las administraciones públicas, mecanismos para ampliar el acceso a los servicios financieros básicos de la población".
A pesar de los ajustes, las patronales recuerdan, sin embargo, que "los españoles disponen de la segunda mayor red bancaria de la Unión Europea, y solo el 3% de la población carece en su municipio de una oficina bancaria, frente al 12% que habita en un municipio sin centro de salud
o el 8% que vive en un término municipal sin centro de enseñanza secundaria y bachillerato".
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Otro punto de compromiso es habilitar medidas para fomentar la sostenibilidad, donde asumen compromisos como desarrollar programas de formación sobre la importancia del cambio climático y sostenibilidad o contar en un plazo de tres años con "las metodologías necesarias para valorar el
impacto que puede tener en sus balances la actividad desarrollada por sus clientes". En materia de digitalización, asumen también el compromiso de ayudar a la sociedad en la transición y además de garantizar sus sistemas frente a riesgos de ciberseguridad o fraudes, y que realizarán cursos
sectoriales gratuitos para la prevención del fraude y la capacitación digital de los usuarios.
