Bruselas plantea armonizar la lucha contra el blanqueo y limitar a 10.000 euros el pago en efectivo
Propone la creación de una autoridad central a nivel comunitario que coordine los trabajos
![El vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/C5GELKJXKZJDHFONPWD5K4GCPM.jpg?auth=c86a83e8cfe0823b1e28047978c55b9bbec3b2c3265ee487e971d2c6aadc9ac3&width=414)
![Pablo Sempere](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F964e91e1-b950-4708-a92d-a4802dac399f.png?auth=5f68d4a164b8782af2e315ecf83ffd56eaac29c596c1cb780fdaf8052da4483e&width=100&height=100&smart=true)
La Comisión Europea presentó este martes su plan para armonizar entre los Estados miembros la lucha contra el blanqueo de capitales. El objetivo, subraya en un comunicado, “es mejorar la detección de transacciones y actividades sospechosas y cerrar las lagunas que utilizan los delincuentes para blanquear ganancias ilícitas o financiar actividades terroristas a través del sistema financiero”. Entre los puntos más destacados de la propuesta, Bruselas plantea la creación de una autoridad central a nivel comunitario que coordine la acción de las autoridades nacionales y una guía para aunar criterios, así como limitar a 10.000 euros los pagos en efectivo en toda la UE.
El Ejecutivo comunitario, en concreto, sugiere la creación de la Autoridad contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, por sus siglas en inglés), una institución de nuevo cuño que “coordine a las autoridades nacionales para garantizar que el sector privado cumple correctamente las leyes europeas”.
Entre las tareas de este organismo se encontrarían el establecimiento de un sistema único integrado de supervisión en toda la unión, basado en métodos de supervisión comunes. También, la vigilancia directa de algunas de las instituciones financieras que operan en un gran número de Estados miembros o requieren de una acción rápida para abordar riesgos inminentes. La entidad, a su vez, monitorizaría a los supervisores nacionales responsables de otras entidades financieras y apoyaría la cooperación entre las diferentes unidades de inteligencia financiera, facilitando la coordinación y análisis conjuntos.
Dicho de otra manera, la autoridad central tendría un papel de coordinación en las áreas del sector no financiero, mientras que en el sector financiero ejercería ella misma el rol de supervisor en lo relativo a entidades expuestas a un alto riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo.
La idea de Bruselas es que la nueva entidad cuente con un equipo de 250 trabajadores y que a partir de 2024 se coordine con estas unidades de inteligencia financiera para perseguir las actividades ilícitas. La AMLA se situaría así en el centro de un sistema integrado de autoridades supervisoras nacionales, asegurando la convergencia y una cultura y prácticas comunes.
Otra medida para armonizar la lucha contra el blanqueo dentro de la UE sería establecer un límite de pago en efectivo de 10.000 euros, una medida que según explica Bruselas ya existe en dos terceras partes de los países de la UE, por lo que su implementación no debería ser complicada. En España, este límite está en los 1.000 euros. La cantidad propuesta, subraya la Comisión, es “suficientemente alta como para no cuestionar el euro como moneda de curso legal”, además de reconocer el papel vital del dinero en efectivo. “Los grandes pagos en efectivo son una forma fácil para que los delincuentes blanqueen dinero, ya que es muy difícil detectar transacciones. Limitarlos dificulta que los delincuentes blanqueen dinero sucio”, recuerda la Comisión.
Aparte de la nueva autoridad y del freno al efectivo, el Ejecutivo europeo sugiere implantar un marco regulatorio único que incluya normas armonizadas contra el blanqueo y estándares comunes a aplicar a entidades financieras, firmas de inversiones, bufetes de abogados, auditorias, aseguradoras, casinos o proveedores de criptomoneda. Estas reglas, que deberían ser más detalladas y concisas que las actuales, no tendrían que ser traspuestas a nivel nacional a nivel de los Veintisiete.
La Comisión entiende que el actual marco europeo deja espacio a los Estados miembros para la implementación de sus normas antiblanqueo, lo que ha generado un exceso de fragmentación que resulta negativa en un contexto de mercado único. “Cada nuevo escándalo de lavado de dinero es una llamada de atención de que nuestro trabajo para cerrar las brechas aún no ha terminado”, explicó el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis.
En su exposición de motivos, la Comisión concluye que el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo “suponen una grave amenaza para la integridad de la economía, el sistema financiero de la UE y para la seguridad de sus ciudadanos” debido, entre otros puntos, a la magnitud del fenómeno. Europol, recuerda Bruselas, “estimó que alrededor del 1% del Producto Interior Bruto anual de la UE está involucrado en actividades financieras sospechosas”. Debido a ello, el Ejecutivo europeo espera que el proceso legislativo que ahora se abre sea rápido, con el objetivo de que la normativa, que tiene que pasar por el Parlamento Europeo y el Consejo, esté operativa en 2024 y comience su trabajo de supervisión directa un poco más tarde, una vez que se haya transpuesto la directiva y comience a aplicarse el nuevo marco regulatorio.
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