El fuero o el dinero, la disyuntiva que atormenta al sector audiovisual de las islas
El incremento de la bonificación fiscal a los rodajes en la península incumple la ley del REF y desata una tormenta política
La discusión sobre la cantidad desgravable por gastos realizados en rodajes que tienen como escenario el archipiélago canario se ha convertido en una comedia de enredo. Pero es un enredo que no le hace gracia a nadie y que perjudica a todos: a los partidos políticos de las Islas, porque son protagonistas de una agria polémica en la que menudean las acusaciones sobre el incumplimiento del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) perpetrado por el Ministerio de Hacienda; a los agentes económicos del sector, porque siguen en la incertidumbre sobre la norma a la que podrán acogerse cuando les corresponda presentar su declaración de impuestos (o sea, dentro de un mes como muy tarde); y al Gobierno autonómico, porque ve cuestionada su capacidad para ser interlocutor exitoso con una Administración central del mismo color político.
La pregunta de los 12,7 millones, o sea, el dilema que angustia a los operadores del sector cinematográfico, es la siguiente: ¿pájaro en mano o ciento volando? Porque la decisión del Ministerio de Hacienda es clara: la cantidad máxima desgravable por rodajes realizados en las Islas debe ascender a los citados 12,7 millones de euros, por encima de los 10 fijados hace un año para el resto del territorio español. Esto es lo que la Hacienda estatal define como el modo de recuperar el diferencial tributario entre ambos territorios en beneficio de Canarias. El problema reside en que la ley fiscal del REF recoge en su artículo 94 que todo incentivo vigente en el territorio nacional debe ser un 80% superior en las Islas, y esto llevaría la bonificación isleña hasta los 18 millones de euros, un goloso incentivo que al parecer es considerado excesivo por el departamento dirigido por la ministra andaluza María Jesús Montero. Es decir, que ofrece ventajas para las islas en cantidades, pero no en porcentajes.
El presidente del Clúster Audiovisual de Canarias, José Alayón, tira por la calle del medio y cree posible acomodar ambas realidades: aceptar la mejora y seguir defendiendo el fuero. “Una oferta de 12,4 millones bonificables es muy competitiva a la hora de atraer inversiones cinematográficas importantes, de modo que lo inteligente es garantizarla este año y seguir peleando por el fuero, o sea, por el porcentaje del 80% respecto a lo vigente a la Península”, afirma. El mensaje del portavoz del sector alude al pragmatismo, tanto en los números como en la imagen del Archipiélago, porque, añade, “a las productoras internacionales no les podemos explicar esto del REF, porque no es su problema. Ahora tienen una expectativa, deducir 12,7 millones, y si eso no sale adelante esos grandes rodajes podrían no volver”.
De modo que la propuesta del Clúster, que pasa por aceptar la oferta de Hacienda como punto de partida mientras se sigue peleando por elevar el techo bonificable, pone por delante el huevo aunque sin renunciar al fuero. “Entendemos a las fuerzas políticas, pero el conflicto ahora mismo no le viene bien al sector. La cantidad de 12,7 millones es atractiva para producciones importantes, de cine y de series, y lo que necesitamos ahora es tener claras las reglas del juego”, sentencia Alayón.
José Ramón Barrera, abogado especializado en la fiscalidad del sector audiovisual, y profesional familiarizado con los incentivos al cine, defiende la posición contraria, porque, en sus palabras, “el incumplimiento del REF canario que plantea el Ministerio de Hacienda es evidente y muy grave. Sobre todo es un mal precedente, y ya esa es una buena razón para rechazar la propuesta, porque en este caso es más importante la causa que la consecuencia. No es aceptable una reforma de la ley del REF por la puerta de atrás y sin consultar con Canarias”. Esta visión debilita a Canarias como destino para los rodajes, agrega Barrera, “sobre todo en comparación con nuestro principal competidor europeo, la isla de Malta, donde a las productoras internacionales les han puesto la alfombra roja”.
El fiscalista, que admite la sensibilidad del Gobierno de Canarias con el sector en medidas concretas (la más importante, la exención del pago del IGIC en todos los servicios vinculados a los rodajes de películas, series o productos de animación en las Islas) tiene muy clara la respuesta que estima correcta del Parlamento de Canarias en la consulta que deberá emitir próximamente sobre la propuesta de Hacienda: “Hay que votar en contra”.
El Gobierno canario dice 'no'
Informes negativos. El Consejo de Gobierno ha emitido con carácter urgente un informe negativo a la decisión del Ministerio de Hacienda de elevar a 12,4 millones de euros la bonificación a los rodajes en las Islas. Esta posición será refrendada la semana próxima por el Parlamento de Canarias, en una decisión que se prevé unánime. Una respuesta de esta naturaleza activará de modo automático la convocatoria de una comisión bilateral entre el Ejecutivo autonómico y el Gobierno central. Así lo contempla el Estatuto de Autonomía aprobado en 2018, que regula de este modo la salvaguarda del REF canario.
La consulta de la polémica. Una consulta vía Internet formulada ante la Agencia Tributaria abrió hace semanas una expectativa insospechada sobre las bonificaciones al cine hecho en Canarias. La respuesta del funcionario de la AEAT expresaba que, combinando lo recogido en la ley del REF con el límite máximo establecido para el conjunto del territorio español, 10 millones de euros, sería posible desgravar hasta 18 millones en las Islas, al aplicar el 80% de mejora que contempla el fuero de las Islas. Doblaron las campanas, pero…
Hacienda aclara las cosas. La delegada de la Agencia Tributaria en Canarias, Carmen Guillén, aclara que la extensión del incentivo en un 80% respecto a la cantidad máxima en el régimen general debería ser explicitada vía retoque en la propia ley del REF canario, en esta caso la Disposición Adicional Decimocuarta de la norma vigente desde 2018. Y las consultas de carácter general en la web de la AEAT no tienen carácter vinculante para la Administración, salvo aquellas relacionadas con sanciones tributarias relativas a contribuyentes particulares.