Canarias

Las islas buscan su encaje fiscal en la nueva tributación global

El impuesto mínimo no afectará a las empresas nacionales o que facturen menos de 750 millones, pero sí a las inversiones de alto valor añadido. Sin esta palanca de incentivos, las Islas apenas tendrán margen para diversificar su economía o crear el paraíso digital de Calviño

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el 26 de junio de 2020.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el 26 de junio de 2020.
Las Palmas de Gran Canaria

 

La tributación internacional está en proceso de revisión y Canarias observa los cambios expectante, porque pueden afectar a su singular Régimen Económico y Fiscal y especialmente a su potencial para atraer inversiones de alto valor añadido. Dos son los pilares sobre los que se asienta el reciente principio de acuerdo suscrito por el G7, es decir por las principales potencias económicas del mundo: el impuesto mínimo global y la atribución de la potestad tributaria al país en que se prestan los servicios y no en el que reside la matriz de la multinacional.

 

Para las Islas, de aplicarse como se ha negociado inicialmente, significaría un riesgo de perder su principal palanca de incentivos para diversificar la economía gracias a su baja fiscalidad. Lastraría, por ejemplo, la posibilidad de impulsar la creación de un “paraíso digital”, al que se refirió la ministra de Economía, Nadia Calviño, en su reciente visita a la Islas.

 

De momento no hay nada perdido, dado que aún queda un largo recorrido para que se formalice esta nueva planificación mundial tributaria. Pero Canarias no baja la guardia y mantiene ya contactos con el Ministerio de Hacienda para que en las reglas de exclusión que se barajan, se tengan en cuenta las singularidades tributarias canarias. De entrada, el impuesto mínimo global no sería de aplicación ni a las entidades nacionales, ni las empresas que facturan menos de 750 millones de euros, ni a aquellas que realicen actividades de normal o bajo valor añadido. Pero sí se verían afectadas las que más interesan a las Islas por su capacidad para crear empleo o por su potencial transformador: patentes, softwares o aquellas actividades vinculadas al conocimiento, entre otras.

 

Sin esa herramienta fiscal, Canarias perdería la su principal palanca para incidir en la cualificación de su modelo productivo. Y es que, dado que ni la moneda ni los impuestos sobre el valor añadido son controlados directamente por España (sino por Bruselas), los incentivos son prácticamente el único mecanismo potente que se puede ofrecer a los grandes inversores. Y sin él, el único margen con el que jugar se reduciría a los salarios, la seguridad social o los impuestos sobre la renta.

 

De ahí, que las autoridades canarias se aferren a la regla de exclusión para tratar de escapar a esta limitación, que impediría rebajar la fiscalidad sobre los beneficios de las sociedades por debajo del 15%. Esta regla de exclusión se basa en sustancia, por lo que si hay un retorno normal en activos y empleados no se va a aplicar ese impuesto mínimo para las actividades de bajo y normal valor añadido. Pero escapan a él, tal y como está redactado el principio de acuerdo, actividades tan interesantes de captar como patentes, software y actividades vinculadas al conocimiento, o el citado paraíso digital de Calviño.

 

Otra de las cuestiones sensibles para el REF canario estriba en la falta de diferenciación que hace el acuerdo del G7 a la hora de aplicar el impuesto mínimo global entre aquellas áreas de baja tributación con incentivos reales, como es el caso de Canarias, de aquellas otras con incentivos ilegítimos o perniciosos, los denominados paraísos fiscales.

 

El replanteamiento de la tributación internacional ha sido calificado de “histórico” y, de hecho, puede significar toda una revolución respecto a la planificación fiscal mundial. Esta fue relativamente sencilla desde principios del XX hasta los años sesenta, cuando se trataba de una forma de tributación muy pegada a la tierra al aplicarse sobre productos tangibles. Pero el sistema se complicó cuando surgieron las patentes.

 

La premisa de que la tributación predominante fuera el país en el que reside el operador frente a la fuente donde recibe la renta ha regido desde entonces. Pero el sistema volvió a complicarse al surgir los servicios digitales, cuando la mayoría de grandes multinacionales buscaron rebajar su factura fiscal con el traslado de sus sedes a países con un trato impositivo más favorable.

 

La falta acuerdo entre Estados Unidos, firme defensor del gravamen en residencia (donde están las matrices de las compañías), y Europa apostando por tributar donde están los usuarios que consumen esos servicios, derivó en una guerra fiscal a la que se trata de poner fin con este impuesto mínimo global. De alcanzarse un acuerdo en los países de la OCDE y del G20, ya advierten los expertos que será muy difícil para cualquier país con áreas de baja fiscalidad bloquear el acuerdo. La vía es, por tanto, adelantarse y negociar antes el alcance de la citada exclusividad, para lo que será fundamental que España asimile y defienda las tesis de Canarias.


Un acuerdo histórico

Un acuerdo histórico. Las revisiones de las planificaciones fiscales mundiales que ha realizado históricamente la OCDE han coincidido, desde los años sesenta, con épocas de crisis, por la sencilla razón de que la recaudación cae, suben en consecuencia los impuestos sobre el consumo o la renta, y los ciudadanos reaccionan provocando una presión social y política que provoca la revisión fiscal. En esta ocasión, y tras años de tensiones, los ministros de Finanzas de las siete grandes economías mundiales llegaron a un acuerdo histórico para impedir que las grandes multinacionales deslocalicen su sede a otro país donde tengan un trato fiscal mucho más favorable, además de hacerles pagar en los países donde operan.

Canarias e Irlanda. Canarias, como Irlanda, se encuentra entre el grupo de países y regiones de baja fiscalidad que temen salir perjudicadas por el acuerdo sobre la nueva planificación fiscal global alcanzado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. La cifra del 15% sobre los beneficios del Impuesto de Sociedades está encima del nivel de países como Irlanda y las Islas. El tipo nominal en este país se sitúa en el 12,5%, mientras Canarias tributa al 4% en sus zonas especiales si se cumplen unas condiciones específicas de inversión y empleo.

Julio, mes clave. La próxima reunión de los ministros de Finanzas del G20 se celebrará entre el 9 y el 10 de julio y será clave para materializar avances y conocer si la propuesta del G7 cuenta con un apoyo lo suficientemente amplio. Uno de los puntos calientes a resolver en las próximas reuniones será la conocida como Tasa Google, el impuesto a determinados servicios digitales al que EEUU se opone y que para la UE debe ser uno de los pilares del nuevo sistema.

Normas
Entra en El País para participar