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El Ejecutivo pone en marcha el fondo de recapitalización de pymes

Cofides gestionará los 1.000 millones del mecanismo que se anunció en marzo junto con el plan de ayudas directas a empresas

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Efe
Juande Portillo

El Gobierno ha puesto finalmente en marcha este martes el nuevo fondo de recapitalización para pymes en dificultades por la crisis del Covid-19 que se anunció en marzo dentro del paquete de medidas de ayudas directas a empresas y de refuerzo de la solvencia empresarial.

El mecanismo estará dotado con 1.000 de los 11.000 millones de euros que englobaba aquel paquete y será gestionado por la firma pública Cofides de manera similar al fondo de 10.000 millones de euros para grandes compañías que ya maneja la SEPI.

Podrán beneficiarse de la asistencia pública pymes con una cifra de facturación de entre 14 a 400 millones de euros, cuya sede social esté situada en España y que hayan sufrido dificultades temporales como consecuencia de la pandemia tras partir de una situación de plena solvencia antes de la crisis.

Así lo ha recordado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha tomado la decisión, en la que ha subrayado que la herramienta permitirá reforzar la situación de empresas de todos los sectores de actividad.

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El nuevo fondo utilizará principalmente préstamos participativos, aunque también facilitará inversiones de capital y, como complemento a estos dos brazos, posibles aportaciones en forma de deuda.

El fondo tendrá una vida máxima de ocho años y busca que “estas empresas sigan siendo viables después de que terminemos y demos por cerrada la crisis sanitaria y las consecuencias económicas que se derivan de ella”, ha detallado Montero.

La herramienta, tal y como se anunció en su día, conllevará una participación del Estado en los beneficios futuros de las empresas asistidas, que como condición deberán mantener viva la empresa al menos hasta finales de junio del próximo año.

Las firmas beneficiarias, además, no podrán repartir dividendos, elevar los emolumentos de su alta dirección durante dos años, ni operar en territorios considerados como paraísos fiscales.

Las otras dos patas del plan anunciado en marzo son un paquete de 7.000 millones en ayudas directas a empresas que acaban de comenzar a distribuirse este mes y un fondo de 3.000 millones para apoyar la reestructuración de deuda financiera avalada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

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