El Gobierno permite a las regiones ampliar los beneficiarios del plan de ayudas directas a empresas

Permitirá a las comunidades autónomas ofrecer la asistencia a nuevos sectores y a compañías con pérdidas en 2019

La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero.
La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero.

Apenas un mes después de aprobar el paquete de 11.000 millones de euros para medidas de refuerzo a la solvencia empresarial, y sin que los fondos hayan comenzado aún a desembolsarse, el Gobierno ha considerado que se quedó corto en el alcance de la medida estrella del programa, un lote de ayudas directas a empresas de 7.000 millones de euros, y ha decidido ampliar su alcance.

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado ciertas modificaciones del real decreto ley impulsado el viernes 12 de marzo para permitir que nuevos sectores puedan aspirar a recibir la asistencia pública y para levantar la mano en el veto a ayudar a empresa que ya sufrieron pérdidas en 2019.

Inicialmente, el plan de ayudas directas se circunscribió a un grupo de 93 subsectores CNAE, que la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ya se mostró dispuesta a ampliar apenas unas horas después de la aprobación de la norma ante las presiones empresariales.

“El Gobierno identificó casi un centenar de sectores en base a criterios como el porcentaje de trabajadores en ERTE en cada sector o grado de reincorporación al mercado laboral, pero somos plenamente conscientes de que cada comunidad autónoma tiene características especifica que requieren de respuestas personalizadas”, ha expuesto la ministra de Hacienda, y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

“Es lo que ocurre con el sector del calzado o el vino en algunas comunidades, que con la firma de los convenios podrá incorporarlos para su protección”, ha ilustrado. En paralelo, el Consejo de Ministros habilita a regiones y ciudades autónomas a beneficiar con las ayudas a compañías que sufrieron pérdidas en 2019 para no dejar fuera del paquete de refuerzo de la solvencia a aquellas afectadas por la quiebra de Thomas Cook, en el ámbito turístico balear o canario, por ejemplo.

Las ayudas

El paquete está dirigido a firmas que hayan sufrido una caída de la facturación de al menos un 30%, lo que certificará la Agencia Tributaria, y cubrirán hasta el 40% de la pérdida de ingresos para micropymes y autónomos, y del 20% para el resto de firmas.

Como consecuencia, los trabajadores por cuenta propia recibirán una cuantía fija de 3.000 euros y el resto de empresas un monto de entre 4.000 y 200.000 euros, si bien se dejó margen a las autonomías para ir más lejos.

Los fondos, después de todo, serán gestionados por las comunidades, que el pasado viernes recibieron el convenio del Ministerio de Hacienda que deben firmar para recibir la transferencia, en un plazo de 10 días desde la entrega del documento.

De momento, ha revelado Montero, solo Extremadura y Castilla-La Mancha han remitido el convenio firmado a Hacienda, cuya titular lo rubricará para su publicación en Boletín Oficial del Estado (BOE) activando ya el desembolso. Otras regiones estudian si firmar o no el documento por el descontento que ha generado el reparto entre algunos territorios, si bien Montero consideró que sería “escandaloso” que algún territorio incurriera en una “insumisión” de este tipo y que el Gobierno actuaría para evitar que el tejido productivo se quede sin las ayudas.

Tres fondos

El plan aprobado a mediados de marzo consta de tres instrumentos. De un lado las citadas ayudas directas por 7.000 millones de euros. De otro, un fondo de 3.000 millones de euros para reestructurar préstamos bancarios avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), en el que la banca podría acabar aportando otros 1.285 millones.

Finalmente, supuso la constitución de un fondo de recapitalización de pymes, de 1.000 millones de euros, gestionado por la sociedad pública Cofides, al estilo del programa para grandes compañías que opera la SEPI, por 10.000 millones de euros.

Aplazamiento de deuda

En paralelo, el Consejo de Ministros ha aprobado un plan para permitir el aplazamiento y fraccionamiento del pago de deudas no tributarias o aduaneras con la Administración General del Estado.

La medida, que se tramitará en las delegaciones de Economía y Hacienda, afectará a las deudas derivadas del reintegro de ayudas públicas. Los interesados podrán solicitarlo en los ejercicios 2021 y 2022 en el momento de vencimiento de la deuda, pudiendo gozar de dos años de carencia y otros dos de fraccionamiento.

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