Límites, condiciones y plazos: así se repartirán los 11.000 millones en ayudas a empresas

El plan del Gobierno prevé inyecciones de hasta 3.000 euros por autónomo y 200.000 por empresa si los ingresos caen más del 30% El paquete incluye ayudas directas por 7.000 millones, de los que 2.000 se reservan a Canarias y Baleares

El Gobierno ha aprobado finalmente este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario, el paquete de 11.000 millones de euros en apoyo a la solvencia empresarial que incluirá 7.000 millones de euros en ayudas directas y la ampliación de la moratoria concursal hasta final de año con el objetivo de contener un aluvión de liquidaciones ante el alargamiento de la pandemia.

El paquete, tal y como se esperaba, se estructura a través de tres vehículos, todos destinados a asistir a las compañías más afectadas por las crisis del Covid-19, atenuar su deuda financiera y reforzar su solvencia. Se une a los créditos del ICO, 120.000 millones en préstamos avalados en un 80% por el Estado, y al fondo de ayuda de la SEPI de 10.000 millones. Éstos son los tramos de ayuda y las condiciones para acceder a ellas.

Ayudas directas

La primera pata del plan es la más cuantiosa y la más reclamada por patronales y autoridades como el Banco de España: es un fondo de ayudas directas dotado de 7.000 millones de euros. La herramienta ha sido la más compleja de definir y la que más diferencias ha causado en el seno del Gobierno de coalición, donde inicialmente se habló de repartir 5.000 millones de euros a través de las regiones, como finalmente se hará, pero que Podemos reclamó elevar luego a 8.000 millones gestionados desde la administración central.

R. ¿Cuál es el objetivo?

R. Cubrir costes fijos de empresas que hayan sufrido una caída de facturación de al menos el 30%. Las ayudas son no reembolsables y de carácter finalista para el pago de deudas contraídas desde marzo de 2020 como pagos a proveedores, suministros, salarios, arrendamientos o reducción de la deuda financiera.

R. ¿Qué empresas pueden acceder?

R. Aquellas cuyos ingresos hayan caído al menos un 30% en 2020 frente a 2019. Habrá 100 tipos de subsectores apoyados según sus códigos CNAE, entre los que destacan las actividades de la industria manufacturera relacionadas con el comercio y la hostelería; comercio al por mayor y minorista; sectores auxiliares al transporte; mantenimiento aeronáutico, y actividades relacionas con la cultura y las actividades deportivas. La Agencia Tributaria ayudará a identificar la caída de ingresos en cada empresa.

R. ¿Quién canaliza las ayudas?

R. El monto será repartido a través de las comunidades autónomas, que recibirán el dinero en un plazo máximo de un mes y 10 días. “A la hora de considerar las necesidades de las distintas empresas y territorios resulta evidente el impacto diferencial de la pandemia en Baleares y Canarias por el alto peso del turismo en los archipiélagos”, ha expuesto Calviño, defendiendo que se les haya dado un tratamiento especial. Así de los 7.000 millones de euros en ayudas directas habrá dos compartimentos. Uno de 5.000 millones para todas las regiones excepto las insulares, a repartir en función de los mismos criterios aplicados en ellos fondos ReactEU (en función del impacto de la pandemia en la riqueza de la región, y del golpe de la crisis en el desempleo general y el juvenil), y otros 2.000 millones para Canarias y Baleares.

R.  ¿A cuánto ascenderán las ayudas?

R. Las comunidades autónomas podrán cubrir hasta el 40% de la caída de ingresos para las micropymes y autónomos que tengan a su cargo hasta 10 trabajadores, y el 20% para el resto de firmas. El apoyo tendrá una cantidad fija de 3.000 euros para los autónomos que tributen en régimen de estimación objetiva, y de entre 4.000 y 200.000 euros para el resto de empresas. A partir de aquí, las autonomías podrán imponer criterios adicionales a los marcados desde el Gobierno central.

Fondo de reestructuración

El segundo fondo, de 3.000 millones de euros, servirá para reestructurar la deuda contraída por las empresas que han obtenido financiación bancaria avalada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), deuda que asciende a unos 121.000 millones de euros. El mecanismo incluirá las quitas, como último recurso, y será coordinado por las entidades financieras, aprovechando su conocimiento de la solvencia empresarial, a través de la firma de un código de buenas prácticas. "Las ayudas podrán destinarse a las empresas que cumplan los criterios de elegibilidad que se establecerán por un posterior Acuerdo de Consejo de Ministros y dentro de un proceso de renegociación acordado por los clientes con las entidades financieras, que asumirán la parte proporcional de la reducción del préstamo", detalla Economía. Habrá tres escalones de actuación en este fondo:

• Prórroga de préstamos. El primer escalón de ayudas permitirá extender los plazos de vencimientos de los préstamos, adicional a la ampliación del pasado mes de noviembre. En paralelo, el decreto prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021 la posibilidad de solicitar la financiación garantizada por el ICO.
• Entrada en capital. Un segundo nivel pasaría por convertir los créditos en préstamos participativos gracias al aval público. De este modo, además de aliviar la carga de la deuda, se refuerza la solvencia de las empresas, puesto que estos préstamos participativos tienen, también, un componente de capital.
• Quitas. El último recurso sería la transferencia directa de fondos para la reducción del principal de la financiación avalada que se haya contraído durante la pandemia. En cada una de las vías, el Estado asumirá la parte porcentual que haya avalado, del 80% del crédito en la mayoría de casos, mientras que la banca correrá con el resto, normalmente el 20%, incluyendo el caso de las quitas.

Fondo de recapitalización

El tercer y último de los fondos tendrá una dotación de 1.000 millones de euros que servirán para recapitalizar a pymes, a través de la firma pública Cofides, al estilo del fondo de 10.000 millones para grandes compañías estratégicas que maneja la SEPI. Este fondo dispondrá de distintos instrumentos de endeudamiento, capital y cuasicapital, y conllevará una participación del Estado en los beneficios futuros de las empresas ayudadas, y una duración de un plazo máximo de ocho años.

Los requisitos para acceder serán mantener viva la empresa hasta el 30 de junio de 2022, no repartir dividendos, ni incrementar los pagos de la alta dirección durante dos años, así como otros habituales como son no estar presente en paraísos fiscales. Este paquete de ayudas está dirigido a empresas que siendo viables atraviesan dificultades pero que no pueden acceder a las ayudas gestionadas por la SEPI (que incluyen una petición mínima de 25 millones).

“Ralentización de la recuperación”

El paquete ha sido presentado en rueda de prensa por la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y por la ministra de Hacienda, y portavoz del Ejecutivo, María José Montero.

Calviño ha destacado la necesidad de impulsar este plan para “aliviar la caída de ingresos y el sobreendeudamiento” empresarial ante los últimos datos macroeconómicos, “que apuntan a ralentización de la recuperación, en línea con la evolución registrada en el resto de países europeos en esta tercera ola de la pandemia”. Con todo, ha dicho, la expectativa es la de una importante reactivación económica en la segunda mitad del año.

“La duración e impacto económico de la pandemia aumentan el riesgo para las empresas”, aumentando el sobreendeudamiento y complicando la recuperación en el segundo semestre de 2021, ha expuesto. “Por eso debemos adelantarnos” y “prevenir un coste mayor en el futuro”, ha resumido la vicepresidenta. De ahí que el Gobierno apoye a los sectores más afectados, pero “viables”, movilizando 11.000 millones de euros con tres mecanismos específicos y una ampliación de la moratoria concursal. Calviño ha recalcado que estas cuantías se suman a los 20.000 millones ya transferidos a las comunidades en 2020 y 2021, a través de distintos mecanismos como transferencias directas del Estado y recursos europeos.

Reloj en la fachada de la sede del Banco de España. EFE/Kiko Huesca/ArchivoEFE

Moratoria concursal y aplazamiento tributario

En paralelo, para dar tiempo a que las ayudas surtan efecto y ayuden a paliar el potencial aluvión de insolvencias en ciernes, el Consejo de Ministros ha decidido extender hasta el 31 de diciembre la moratoria concursal vigente desde el pasado abril.

La medida, prorrogada en noviembre, vencía este domingo lo que hacía preciso dar margen adicional para evitar una oleada de procedimientos en los juzgados a partir del próximo lunes. Con la extensión por nueve meses se busca dar un colchón temporal extraordinario en el que el Gobierno tiene pendiente también impulsar una reforma de la ley concursal que adapte la directiva europea en la materia. Será en este marco, ha aclarado Montero, donde se valore la posibilidad de modificar el orden de prelación de los acreedores para restar peso a las reclamaciones de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

La moratoria supone la suspensión temporal del deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores voluntario que pesa sobre deudores insolventes, a la vez que exime a los jueces de la obligación de admitir a trámite las solicitudes de concurso necesario que presenten los acreedores de las compañías en problemas.

Aplazamiento tributario

Finalmente, el decreto también se aumenta a cuatro meses el periodo para poder retrasar el pago de deudas tributarias sin intereses de demora. Además, regula la posibilidad de que las sociedades anónimas que no hayan podido modificar sus estatutos puedan seguir celebrando la junta general o asamblea de socios por medios telemáticos durante el ejercicio 2021.

De otra parte, se permite a la CNMV controlar la publicidad de las criptodivisas, y se amplían los plazos de ejecución de proyectos financiados por la Secretaría General de Industria y de la Pyme y de los préstamos concedidos por Emprendetur a firmas del sector turístico.