El nuevo mapa judicial, visto por sus protagonistas

Justicia aspira a implantar esta reforma en tres años

Juzgados de Plaza de Castilla en Madrid.
Juzgados de Plaza de Castilla en Madrid.

La modernización de la Administración de Justicia es una reclamación histórica de todos los colectivos del sector. Con este objetivo surge el anteproyecto de la ley de eficiencia organizativa, aprobado en abril por el Consejo de Ministros. Los ejes fundamentales del nuevo mapa, que Justicia aspira a reformar en tres años, son: los tribunales de instancia, la oficina judicial y las oficinas de justicia en el municipio, antiguos juzgados de paz.

Los tribunales de instancia sustituirán la estructura unipersonal de los juzgados por un sistema de organización colegiada. Con este nuevo modelo construido sobre la actual distribución territorial de la justicia en España, habrá 431 tribunales de instancia, tantos como partidos judiciales. Desde las principales asociaciones judiciales reconocen que superar la clásica fórmula del juzgado, como célula aislada, y tender a la unificación de criterios dota de mayor seguridad jurídica a los ciudadanos. Sin embargo, temen que mantener los partidos judiciales suponga que esta reforma sea un mero cambio de denominación y no un cambio estructural.

Para el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el magistrado Manuel Almenar Belenguer, la dispersión que se provoca conservando los partidos judiciales “se traduce en un servicio público de primera y otro de segunda para el ciudadano, que no puede entender por qué quien vive en según qué lugar tiene a su disposición unos servicios que a él se le niegan”. En este sentido, Natalia Velilla, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), considera que hubiese sido más acertada la centralización provincial de los tribunales de instancia.

Asimismo, desde la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) critican que la creación de estos tribunales no venga acompañada de un aumento paralelo de las plazas estrictamente judiciales. Como sostiene la magistrada Velilla, “los números facilitados por el ministerio no significan nada si en vez de de diez juzgados de instrucción hablamos de un tribunal de instancia de instrucción con diez jueces en su composición”. Una opinión que comparten desde el sindicato STAJ, que sospecha que con los tribunales de instancia el ministerio busca también evitar la “tan necesaria” creación de nuevos órganos judiciales. En relación con ello, el sindicato CSIF denuncia que el texto tampoco aclara cómo se distribuirán los destinos de cada funcionario en estos tribunales.

Decisiones colegiadas

Desde JJpD también dudan sobre el nivel de eficiencia de las decisiones colegiadas en estos tribunales. En su opinión, sería “más útil” el sistema de unificación de criterios que el de enjuiciamiento y decisión colectiva que podría demorar el tiempo de respuesta al ciudadano.

Los jueces tendrán que adaptarse a una nueva forma de trabajar, en la que, como explica Velilla, “habrá que coordinarse con los demás compañeros del tribunal de instancia para unificar criterios en las Juntas de Jueces de Sección”. El reparto de asuntos será aleatorio, lo cual, según la magistrada, “garantiza, en principio, la independencia judicial y el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley”

Algo, en lo que Almenar Belenguer, considera que habrá que estar especialmente atentos, ya que en su opinión se trata de un aspecto que la normativa propuesta no protege con la suficiente fortaleza, abriendo la puerta a interpretaciones difícilmente compatibles con el artículo 24 de la Constitución. En ello coincide, Juan Antonio Frago, presidente-portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que insiste en que será necesario estar vigilantes para que “no existan acuerdos o normas que alteren sobrevenidamente el concreto turno de reparto”.

El anteproyecto contempla también la creación de gabinetes técnicos en los tribunales de Instancia con la finalidad de asistir a los magistrados. Para las asociaciones de jueces los principales escollos para su implementación son la falta de concreción de su composición y funciones y la escasez de personal. “Sin un incremento real de la plantilla de jueces en España, cualquier cambio será siempre insuficiente” afirman desde la AJFV. También desde el sindicato CSIF rechazan la creación de esta figura ya que lamentan que implicará dedicar unos recursos “que no se podrán invertir en el servicio público de justicia a pie de calle que es donde hacen falta” opinan.

Oficinas judiciales

El nuevo modelo organizativo implica además implantar las oficinas judiciales, creadas en 2003 para dar apoyo a los juzgados, y transformar los juzgados de paz en oficinas municipales.

Para Rafael Lara, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, la intención es buena, pero falla en el diseño. “El texto presentado desoye la experiencia de la propia oficina judicial”, lamenta. Los antiguos secretarios judiciales dirigen estas unidades allí donde existen desde hace casi dos décadas. El problema, expone Lara, está en la eliminación de los actuales “servicios comunes” que dotan de agilidad al sistema al concentrar tareas similares. Además, “no se habla de nuestra competencia de dirección exclusiva y especializada, rompiendo así nuestra jerarquía directiva, ni de protocolo alguno”. Es una vuelta, advierte al ministerio, a lo que ocurría hace 20 años cuando cada juzgado seguía distintos criterios de organización. “El resultado, de no corregirse, será letal para el servicio público que merece el ciudadano”, sentencia Lara.

Los funcionarios reivindican, a su vez, más diálogo en la construcción de las bases de este nuevo mapa judicial. Desde CSIF consideran que es el momento para abordar dos grandes reformas. En primer lugar, la redistribución de funciones dentro de las oficinas judiciales, un aspecto en el que el sindicato aspira a que se profundice en los “perfiles profesionales” de los trabajadores. Y, en segundo lugar, reclaman una simplificación y homogeneización tecnológica, empezando por los programas de gestión procesal y su interoperabilidad.

Las nuevas oficinas municipales son, por su proximidad al ciudadano, valoradas positivamente por letrados de justicia y funcionarios. CSIF y STAJ coinciden en la necesidad de potenciar las bondades de estas unidades, sobre todo en zonas rurales donde sus habitantes tienen más dificultas de acceso a estos servicios, dotándolas de nuevas funciones. Fernández Alaya, vicesecretario general de STAJ, aboga por que se asignen labores de Registro Civil y competencias en colaboración con los órganos del partido judicial como el otorgamiento de poderes o la información sobre trámites. Desde CSIF rechazan que se reduzcan a meras unidades administrativas y reclaman que sean consideradas parte de la oficina judicial.

Digitalización

La ley de eficiencia organizativa es tan solo una de las tres patas en las que el ministerio fía la modernización de la Justicia a través del programa 2030. Junto con el anteproyecto de eficiencia procesal, adoptado en diciembre, el departamento de Juan Carlos Campo confía en poder aprobar el borrador de la norma sobre eficiencia digital este verano.

A pesar del obligado empujón provocado por la pandemia, la transformación digital de la justicia es una asignatura pendiente que requiere de inversión. El riesgo, apunta el portavoz de JJpD es que se acreciente la brecha digital. “La discriminación tecnológica constituye una forma de exclusión de los colectivos más vulnerables especialmente peligrosa cuando hablamos de acceso a la justicia”, señala.

Abogados, procuradores y graduados sociales opinan

  • Abogacía. La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, cree que la nueva ley de eficiencia organizativa puede mejorar la coordinación de los juzgados de forma que sus pronunciamientos sean más predecibles. Asimismo, advierte de que la implantación de la oficina judicial y de las Oficinas de Justicia municipales precisan una importante inversión en medios técnicos y humanos. La Abogacía está satisfecha con la inhabilitación de Navidad, aunque, echan de menos otras medidas como la suspensión por maternidad/paternidad o restringir el envío de notificaciones no urgentes en periodos vacacionales.
  • Procuradores. Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores, augura que este nuevo intento de modernización de la planta judicial tendrá más éxito que los dos anteriores. En esta ocasión, explica, al respetarse los partidos judiciales se evita la oposición de los profesionales de estos lugares. El colectivo ya ha trasladado su apoyo al ministerio, aunque han enmendado la norma en un punto: apuestan por estar representados junto a la abogacía y fiscalía en los gabinetes técnicos. "Le deseo al proyecto la mejor de las suertes, y la procura, en este caso, no va a estar en contra para nada", afirma.
  • Graduados sociales. Ricardo Gabaldón, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados, considera acertada la reforma organizativa judicial. Sin embargo, lamenta que el texto no reconozca a los graduados sociales la posibilidad de intervenir en Justicia gratuita en el orden jurisdiccional social, sobre todo con el aumento de litigiosidad producido por la pandemia. Los graduados sociales también celebran la inhabilitación en Navidad, pero echan en falta más medidas para conciliar.
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