Las nucleares defienden que tienen 5.500 millones de inmovilizado por amortizar
Advierten al Gobierno de que la medida para reducir la retribución a esta energía abocará al cierre de centrales
El sector nuclear asegura que cuenta con un inmovilizado pendiente de amortizar superior a 5.500 millones de euros y que la medida impulsada por el Gobierno para reducir la retribución a esta energía "incrementa la asfixia financiera del parque nuclear y lo aboca al cese de la actividad".
Foro nuclear, la patronal de esta industria, defiende que las centrales invierten 300 millones de euros al año y que las plantas están actualmente en pérdidas como consecuencia de "una tributación desproporcionada, discriminatoria y confiscatoria".
El Ejecutivo planea poner freno la sobrerretribución que percibe en el mercado mayorista la generación de energía mediante las centrales eléctricas no emisoras de CO2 (hidráulicas y nucleares) anteriores a 2005. En concreto, quiere compensar el impacto que está teniendo en el coste de la electricidad el alza de los precios del CO2 y atajar las posibles consecuencias que esto pudiera tener en la recuperación de las economías domésticas e industrial, con rebajas en la factura de la luz de alrededor del 4,8% para consumidores domésticos y del 1,5% para la gran industria.
También recalca que los balances y cuentas de resultados auditados de las empresas propietarias de las centrales, "conocidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico", recogen un inmovilizado pendiente de amortizar superior a 5.500 millones de euros, con más de 3.000 millones de euros invertidos solo en los últimos diez años.
Así, Foro Nuclear muestra su perplejidad ante las declaraciones de que las centrales están amortizadas y de que disfrutan de los conocidos como beneficios caídos del cielo (windfall profits, en inglés).
Por otro lado, la asociación afirma que el año pasado las nucleares tuvieron un flujo de caja negativo de unos 500 millones de euros y unas pérdidas superiores a los 1.000 millones de euros, como consecuencia de los bajos precios de la electricidad. Además, calcula que serán necesarias inversiones de en torno a 3.000 millones de euros para mantener las unidades en óptimas condiciones de seguridad y fiabilidad hasta su cierre.
El presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce ha advertido de que el sector sufre “tasas confiscatorias”. “Las tasas impositivas son particularmente altísimas, incluso las hemos llegado a llamar confiscatorias. En algunos meses de 2020 los impuestos y tasas superaron incluso a los ingresos que teníamos”, ha argumentado en un encuentro virtual con periodistas.
Estima así que con el anteproyecto de ley del Gobierno el flujo de caja negativo se habría incrementado significativamente, al haber estado el precio de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) en un promedio de 25 euros por tonelada.
Asimismo, dice que, desde el año 2005, tomado como referencia en el anteproyecto de ley, y hasta 2021, los tributos que soportan las instalaciones de generación nuclear se han incrementado en cerca de 20 euros por megavatio hora (MWh), representando el 60% de sus ingresos en 2020.
Por ello, la patronal destaca que las nucleares vienen solicitando "reiteradamente una revisión de la elevadísima fiscalidad" que soportan, y demandan una retribución "ajustada pero razonable que haga viable una tecnología que es indispensable para la descarbonización de la generación de electricidad, contemplada en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)" 2021-2030.
Foro Nuclear pone en valor la aportación de la nuclear, con más de una quinta parte de la energía eléctrica consumida en España, asegurando que dota de una gran estabilidad al sistema eléctrico y que es la que más contribuye a la descarbonización.
Sentencia con que este contexto de mercado futuro le conduce a "la quiebra técnica", con una destrucción de caja acumulada de 2.400 millones de euros en los próximos diez ejercicios que no le permitirá recuperar las futuras inversiones por valor de 3.000 millones de euros.
Las medidas puestas en marcha por el Gobierno para abaratar la factura de la luz harán que las energéticas afronten el pago de unos 8.000 millones de euros. El plan para reducir windfall profits de las nucleares e hidráulicas supondrá un recorte de 1.000 millones de euros de la retribución que reciben las empresas, que también deberán asumir los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore), de entre 6.500 y 7.000 millones.
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, opina al contrario que la patronal y no teme un cierre acelerado del parque nuclear antes de 2035 por parte de las empresas. Defiende que ahora hay unos precios de 50 euros la tonelada de CO2 y de más de 80 euros el megavatio hora (MWh) en la electricidad, mejores incluso que cuando se alcanzó el acuerdo [20 euros por tonelada de CO2 y de 50 euros por MWh] y que garantizan "la rentabilidad" de estas explotaciones con total seguridad.
