Regulación

Las cotizadas deberán revelar más y mejores datos medioambientales y de retos sociales

La reforma de la directiva europea de información no financiera entrará en vigor el próximo año

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Reuters

Las empresas cotizadas y otras grandes firmas de interés público deben informar desde 2017 sobre asuntos de responsabilidad social corporativa, como cuestiones medioambientales, de derechos humanos, sociales y relativas al personal y de lucha contra la corrupción y el soborno, entre otras. Pero la UE ultima un cambio en la directiva sobre información no financiera con el objetivo de que esta sea más amplia y de que se alinee con el Pacto Verde Europeo (European Green Deal).

Está previsto que los cambios se aprueben el próximo año, según indicó el presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Santiago Durán, el pasado viernes en la séptima edición de la Jornada de Normalización y Derecho Contable, organizado por la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) con la colaboración de BBVA. Una de las principales misiones es que la información sea comparable y fiable, según explicó el jefe de la máxima autoridad contable española. El primer conjunto de normas se adoptará en octubre de 2022.

Ya el pasado 21 de abril la Comisión Europea adoptó una propuesta que modificará los actuales requisitos de información no financiera. Con ella se ampliará el ámbito de aplicación a todas las grandes empresas y a todas las compañías cotizadas (excepto las microempresas), exigirá la auditoría de la información comunicada, introducirá requisitos de información más detallados y la obligación de informar según las normas de sostenibilidad obligatorias de la UE.

En la información se incluyen cuestiones medioambientales, asuntos sociales, cómo se trata a los empleados respecto de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y el soborno, así como la diversidad en los consejos de administración de las empresas en términos de edad, género, formación y experiencia profesional.

Ahora, las normas de la UE sobre información no financiera se aplican a las grandes empresas de interés público con más de 500 empleados. Esto abarca a unas 11.700 grandes compañías de toda la UE, entre ellas empresas que cotizan en Bolsa, bancos, aseguradoras y otras empresas designadas por las autoridades nacionales como entidades de interés público.

Una vez entre en vigor la nueva regulación, aplicable a las cuentas de 2023, ampliará el alcance de estos requisitos a todas las grandes empresas, coticen o no en Bolsa y sin el anterior umbral de 500 empleados. El número de empresas que deberán revelar información no financiera se disparará hasta cerca de 50.000, desde las menos de 12.000 actuales.

“Este cambio supondrá que todas las grandes empresas rindan cuentas públicamente sobre su impacto en las personas y el medio ambiente. También responde a las demandas de los inversores de información sobre sostenibilidad de dichas empresas”, señala la Comisión Europea en un documento. Y además será homogénea y estará verificada por una firma independiente.

 

La situación en España

La CNMV está muy pendiente de esta información. “La futura revisión de la directiva de información no financiera y el desarrollo de la taxonomía, entre otros, constatan la necesidad de contar con un marco claro y homogéneo que facilite a los inversores la comparabilidad de la información no financiera y que evite posibles prácticas de green washing [lavado de imagen verde] mediante el establecimiento de mecanismos de verificación”, señala en su plan de actividades para el presente el ejercicio.

Ya el año pasado Deloitte llamó la atención al indicar que falta una parte de la información medioambiental de OHL en 2019. La CNMV le pidió explicaciones, y el grupo constructor respondió que estaba en proceso de poner en marcha los sistemas de información de este tipo de información.

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