Infraestructuras

El Gobierno estima en 1.291 millones la compensación a Abertis por la reversión de la AP-7

La cifra contrasta con los 4.200 millones que el grupo reclama al Estado, pero no incluye la compensación por la caída del tráfico

Una de las zonas de cobro de peaje de la autopista AP-7, operada por Acesa.
Una de las zonas de cobro de peaje de la autopista AP-7, operada por Acesa.

El Gobierno ha calculado que la reversión al Estado del tramo catalán de la AP-7, que el próximo mes de agosto eliminará sus peajes y pasará a ser gratuita, generará un déficit de 1.291 millones de euros en las cuentas públicas de este año.

Se trata del importe correspondiente a la compensación que el Estado tendrá que abonar a la concesionaria de la autopista, Acesa, perteneciente a Abertis, y ésta, a su vez, a ACS y a la italiana Atlantia, según consta en el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas.

Esta cantidad contrasta con los 4.200 millones de euros que Abertis reclama al Estado como consecuencia de las inversiones realizadas y por los descuentos en el peaje que la compañía realizó en este tramo de la AP-7 que discurre entre Tarragona-Barcelona y Barcelona-La Junquera, pero también por las compensaciones al descenso del tráfico durante la crisis financiera y la nueva crisis originada por el Covid-19.

El cálculo del Ejecutivo recoge solo el saldo por las inversiones realizadas y no la compensación por el descenso del tráfico, penciente de resolución judicial

No obstante, el cálculo del Gobierno recoge solo el saldo por las inversiones realizadas y no la compensación por el descenso del tráfico, que todavía está pendiente de una resolución por parte del Tribunal Supremo, que se mostró en 2017 favorable a este pago, pero que el entonces Ministerio de Fomento recurrió.

Un pulso que viene de 15 años atrás

Este contencioso entre Abetis y el Estado tiene su origen en un acuerdo de 2006 por el que la empresa se comprometía a realizar obras de ampliación y mejora en la AP-7 y a aplicar descuentos en sus peajes y el Estado a asumir el riesgo de tráfico de la autopista en caso de que el número de usuarios no alcanzara ciertos niveles.

No obstante, en 2011, el nuevo Gobierno comenzó a plantear dudas sobre la interpretación de este acuerdo en cuanto a las compensaciones por tráfico, lo que abrió un infructuoso intercambio de consideraciones e informes entre Abertis y el Gobierno, derivando finalmente a los tribunales.

En el Plan de Estabilidad, el Gobierno recuerda que este importe se verá compensado por el impacto en 2020 de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, relativa a las cantidades adeudadas a Bankia, Caixabank y al Banco Santander por el almacenamiento subterráneo 'Castor' por 1.454 millones de euros, sin correspondencia en 2021.

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