Sánchez pedirá créditos a la UE ya en 2022 para costear los nuevos ERTE de formación

Serán una vía estructural de ajuste alternativa al despido

También usará los préstamos para apoyar startups y recapitalizar pymes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados.

El libro azul en el que el Gobierno ha plasmado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que el presidente, Pedro Sánchez, presentó ayer ante el Congreso de los Diputados, no solo esboza las grandes reformas estructurales que el Ejecutivo se compromete a abordar ante la Unión Europea, o desgrana el destino de las inversiones que tiene previsto realizar con los 70.000 millones de euros en subvenciones comunitarias que aspira a recibir en tres años. La hoja de ruta económica del Ejecutivo también confirma que España solicitará parte de los otros 70.000 millones en créditos blandos disponibles hasta 2026, que lo hará ya desde el próximo ejercicio, y que su aprovechamiento será clave para el mercado laboral, las pymes y los emprendedores.

El documento, cuya versión definitiva será remitida a Bruselas en los próximos días, una vez cerrados los últimos flecos, detalla de hecho el calendario de financiación previsto por el Gobierno. Este asume que el Plan de Recuperación deberá arrancar sufragado con los 27.000 millones de euros anticipados vía deuda que recogen los Presupuestos Generales de 2021. El desembolso europeo, pendiente del plácet del Tribunal Constitucional alemán entre otros factores, no se prevé hasta la segunda mitad del año y en dos partes. De un lado, “los 9.000 millones de prefinanciación” que España aspira a recibir en cuanto la UE de el visto bueno a su programa, y de otro, “un primer pago semestral de 16.000 millones” antes de final de año.

A partir de ahí, España deberá desbloquear el resto de pagos semestrales dando cumplimiento a determinados hitos del programa, hasta completar los 70.000 millones de transferencias directas en 2023.

“No se prevé recurrir a los créditos durante 2021”, anticipa el Plan, que desvela que “la movilización de los créditos se producirá a partir de 2022” y de forma progresiva hasta 2026, “de acuerdo con un calendario que deberá ser articulado entre la Comisión Europea y el Tesoro del Reino de España con el fin de optimizar los costes de financiación del conjunto de la Unión”.

“A corto plazo, se movilizarán créditos sobre todo para financiar instrumentos financieros cuyas necesidades no puedan ser establecidas ex-ante por depender de las demandas de inversión o bien de los pagos correspondientes a las garantías u otros instrumentos”, aclara el texto, que dibuja tres destinos iniciales clave.

En primer lugar, los préstamos servirán para financiar el fondo Next Tech que busca ayudar a incrementar el tamaño de empresas innovadoras (startups), especialmente en el ámbito de la Inteligencia Artificial.

Un segundo fin será el plan de refuerzo de la solvencia empresarial recientemente impulsado por el Gobierno, a fin de apuntalar el fondo de 1.000 millones gestionado por Cofides para la recapitalización de pymes, así como la línea de 3000 millones dirigida a reestructurar las deudas bancarias avaladas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

El tercer –y principal– destino del crédito será sufragar “las reformas que comporten inversiones de magnitud variable”, entre las que se destaca “el nuevo mecanismo permanente para la estabilidad en el empleo y el apoyo a los procesos de transición”.

Se trata, desvela el Plan, de “la puesta en marcha de uno de los elementos principales de la reforma en el ámbito laboral”: la creación de “un nuevo instrumento para proteger el capital humano y aumentar la productividad, mediante el apoyo a los mecanismos de ajuste interno de las empresas alternativos al despido orientados a la formación y reciclaje de los trabajadores ante caídas de la actividad estacionales, extraordinarias o estructurales”, así como frente a “una caída significativa de la demanda”.

“Esta reforma, inspirada en los modelos existentes en otros países europeos”, busca transformar los Expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE), que han permitido contener con fuerza la hemorragia laboral durante el primer año de pandemia, en un instrumento estructural de flexibilidad laboral ligada a la formación de los afectados. El objetivo es que ante momentos de tensión, las empresas no recurran directamente al despido sino que opten por suspensiones de empleo, o reducciones de jornada, en las que sus trabajadores logren una mejor cualificación que aporte mayor productividad a la firma a su vuelta, o un grado superior de empleabilidad a los afectados que no conserven su puesto. “Se prevé recurrir a los créditos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a partir de 2022 para financiar el componente público de dicho Fondo”, incide el Plan.

A partir de ahí, el Gobierno contempla solicitar nuevos créditos en 2023 para “completar las inversiones” impulsadas inicialmente con las subvenciones.

El Ejecutivo desvela así finalmente qué prevé hacer con los créditos comunitarios, que originalmente descartó reclamar hasta 2023, cuando expira el plazo, y luego admitió que usaría sin detallar que serían claves en la reforma laboral.

La reducción del déficit, cuando se vuelva a crecer

Reforma fiscal. En el Plan de Recuperación, el Gobierno se compromete con la UE a impulsar reformas estructurales para reducir el paro (elevando el crecimiento y utilizando los ERTE para evitar grandes ajustes); a mejorar la calidad del empleo (reduciendo los contratos a tres: indefinido, temporal y de formación); y a reconducir las cuentas públicas. En este campo, matiza eso sí que “la reducción del déficit estructural, un elemento claro de sostenibilidad financiera a largo plazo, se retomará una vez se alcance un crecimiento sostenido”. De hecho, apenas detalla novedades para la reforma tributaria.

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