Economía prevé que el plan de recuperación eleve la renta salarial más de un 1% este año

El plan busca atajar la brecha de riqueza entre regiones impulsando a Andalucía o Extremadura más que a Madrid

Belén Trincado / Cinco Días

Entre la ingente lista de impactos que el Gobierno confía en generar con el plan de recuperación presentado ayer se encuentra un alza superior al 1% en las rentas salariales ya para este año, del 0,5% en el siguiente ejercicio y de en torno al 0,2% o 0,3% en 2023. En consecuencia, detalla un anexo del proyecto, los sueldos tendrían mayor protagonismo en las rentas de los hogares en detrimento de otras participaciones como los subsidios de desempleo y las transferencias, que caerían por la reducción del paro y de los trabajadores inactivos.

De esta forma, las prestaciones por desempleo se reducirían a la hora de engordar las rentas familiares en torno a un 0,25% en cada uno de los tres ejercicios, mientras que las transferencias por inactividad caerían un 0,5% en 2022 y más de un 1% en 2023. En paralelo, las rentas del capital también aumentarían considerablemente su peso en la renta conjunta: más de un 1,30% en 2021 y un 0,2% y 0,5% en los dos años siguientes.

Según recoge el documento, hay dos canales vinculados al plan que afectan directamente a la distribución de la renta. Por un lado, desde la óptica de la oferta y la demanda, “el aumento de la inversión pública se refleja en un aumento del stock de capital de la economía y en una mayor demanda de empleo”, algo que influye en los rendimientos del capital y del trabajo. Por otro, y dado que parte de la inversión del plan está destinada a la educación y formación profesional, se mejora la cualificación y composición de la fuerza laboral. Este último, explica el anexo, “es el canal que más influye en el cambio de la distribución salarial” al permitir que “un porcentaje importante de los trabajadores con cualificación baja adquiera competencias de cualificación media”.

Estos efectos se sumarían a los de otras medidas ya tomadas, como el ingreso mínimo vital, y aumentarían de manera absoluta la renta de aquellos con menos ingresos.

El plan también aspira a recortar la brecha de riqueza entre las autonomías españolas, dando mayor ritmo de crecimiento a regiones con un PIB menor –como Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Ceuta y Melilla– frente a las más avanzadas (Madrid, País Vasco, Cataluña y Navarra).

Así, el plan estima un multiplicador medio del PIB per cápita de 1,4 que tendría incrementos de hasta 0,3 puntos para las citadas regiones más empobrecidas (redundando en un crecimiento real de 1,7 puntos) pero que se reduciría en 0,1 puntos en los casos de Madrid y País Vasco, hasta el 1,3 medio.

Cataluña y Navarra conservarían el impacto de 1,4, según cálculos del Gobierno; La Rioja, Baleares y Aragón alcanzarían el 1,5; y Murcia, Comunidad Valenciana, Asturias, Castilla y León, Galicia y Cantabria alcanzarían un multiplicador de 1,6.

En resumen, de acuerdo con el plan, una región con un PIB per cápita un 1% menor observará un crecimiento medio anual un 1,1% superior.

La convergencia entre las regiones españolas, explica el documento, se ha reducido en las últimas décadas, llegando incluso a experimentar periodos de divergencia entre el PIB per cápita de las regiones españolas. A diferencia de lo ocurrido en otros países, la brecha entre el PIB per cápita ha pasado a reducirse a un ritmo inferior e incluso ha llegado a crecer. Si bien la tendencia reciente tiene un importante componente cíclico y está motivado por el impacto severo y desigual de la crisis de 2008, "ejemplifica diferencias en la capacidad de resiliencia de las regiones ante los shocks y cómo, en ausencia de medidas como las contenidas en el plan, tanto la actual crisis como futuras recesiones pueden poner en peligro los logros en términos de cohesión que se alcancen en las fases expansivas".

Para que los efectos en la convergencia regional perduren en el tiempo, recalca el texto, es preciso aumentar la resiliencia de las regiones menos avanzadas ante los shocks. En ese sentido, entre las regiones españolas se encuentran disparidades sustanciales en indicadores que afectan al mercado de trabajo y al tejido empresarial, algo que incide en su capacidad de respuesta ante eventuales crisis, "generando divergencias entre regiones en las fases recesivas y socavando su capacidad de reducir la brecha en las fases expansivas".