Just Eat respalda la 'ley riders' y Adigital la acusa de vulnerar el secreto comercial
Stuart asegura que operará en España con normalidad pese a la nueva ley', pero alerta de que se pone en peligro un sector que aporta 700 millones de euros al PIB nacional
Just Eat, la plataforma de reparto de comida a domicilio, se desmarca de Uber Eat, Glovo, Deliveroo y Stuart y ha respaldado hoy el acuerdo alcanzado en la Mesa de Diálogo entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social, las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME sobre la nueva ley de riders, que regulará los derechos laborales de los profesionales dedicados al reparto a través de estas plataformas digitales.
Según la compañía, que opera con un modelo de contrato laboral, las plataformas "tienen la responsabilidad de promover la creación de empleo legal, seguro y de calidad". Just Eat asegura que se puede crecer como sector "trabajando de manera conjunta para lograr un desarrollo sostenible de la economía digital y continuar siendo un apoyo esencial para el sector de la restauración".
Patrik Bergareche, director general de Just Eat España, defiende que el acuerdo alcanzado generará la seguridad jurídica para operar, "pues garantizará los derechos de los trabajadores y asegurará que todos los operadores del sector puedan desarrollar su actividad con las mismas reglas".
El resto de plataformas y algunas asociaciones de riders que se oponen a la nueva ley critican, sin embargo, que con esta el Gobierno les aboca al modelo de Just Eat, donde el repartidor trabaja para una flota, con un contrato de 15 horas por 400 euros y tiene que estar disponible para trabajar los siete días de la semana a cualquier hora, además de poner la moto y el móvil".
Frente a estas acusaciones, Just Eat explica que en España operan con dos modelos de contratación. Uno basado en acuerdos de colaboración con empresas especializadas en logística de última milla que emplean a repartidores por cuenta ajena y se comprometen a respetar los derechos laborales de sus plantillas, y otro, que pusieron en marcha en noviembre de 2020, basado en una red propia de repartidores que trabajan bajo contrato laboral.
Vulneración del secreto comercial
Las palabras del directivo contrastan las de Adigital, quien ha mostrado su total desacuerdo con el pacto alcanzado. En su opinión, por el momento de crisis actual es más necesario que nunca dotar de seguridad jurídica a las empresas digitales e impulsar la digitalización empresarial, "pero el planteamiento de esta normativa consigue todo lo contrario y generará una gran incertidumbre en el sector", señalan en un comunicado.
Para Adigital, la inseguridad jurídica derivada de esta norma está relacionada, en gran parte, con la propuesta de que estas empresas tengan que desvelar sus algoritmos, "lo que además vulnera el secreto comercial y la propiedad intelectual de las compañías". La asociación llama la atención sobre este punto, pues asegura que afectará no solo a las plataformas digitales de delivery sino también al resto de empresas. "Por ello, es conveniente reevaluar el impacto de esta obligación sobre la tan necesaria digitalización de las empresas españolas".
Esta asociación, que alerta también sobre el impacto de la nueva ley en los sectores de la restauración y los comercios minoristas, confía en que durante el proceso de elaboración de la norma se pueda trabajar para evitar "este daño irreversible" a un sector en desarrollo. "Es fundamental que España se sume al debate internacional sobre la regulación del trabajo en plataformas en lugar de regular unilateralmente la cuestión, discriminando un modelo empresarial concreto".
Falta de apoyo de la CEOE
Por otro lado, Stuart, una de las principales plataformas de delivery junto a Uber Eat, Deliveroo y Glovo, ha asegurado hoy que seguirá operando "con normalidad" en España, y que se adaptará a la legislación vigente," acatando las pautas marcadas en el nuevo decreto ley".
En línea con lo que indicó anoche la Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda (APS), Stuart remarca que la CEOE "ha fallado en su función representativa" dentro de la mesa del diálogo y que lamentan "su falta de apoyo hacia las plataformas", lo que habría provocado que finalmente no se haya adoptado ninguna de las propuestas del sector del reparto de comida a domicilio.
En este sentido, la APS señaló el miércoles a última hora que las cesiones de la CEOE “han sido totales”, incluyendo la obligación de revelar los algoritmos, una medida que aseguran afectará muy negativamente al desarrollo de la economía digital en España además de atentar contra los principios más básicos de la libertad de empresa y la propiedad industrial.
Desde Stuart señalan igualmente que ven con mucha preocupación el futuro del sector del derivery en España y subrayan el efecto negativo que puede tener una laboralización forzosa tanto para sus clientes, como para los mensajeros colaboradores. "Esta decisión va a debilitar ineludiblemente a el pequeño y mediano comercio, los principales clientes de Stuart en España, pudiéndoles causar un daño definitivo tras las restricciones que están viviendo a causa de la pandemia mundial y poniendo en peligro un sector que aporta 700 millones de euros al PIB nacional".
Stuart añade que la transformación digital de las pymes y la restauración "ha sido el objetivo principal para la compañía" y por esta razón no comparten la decisión de ir en contra de la corriente europea, con Francia como mayor ejemplo, "donde sí se está legislando a favor de la economía digital y donde se están incluyendo mayores protecciones para los repartidores autónomos".
La empresa insiste en su compromiso por España, "que seguirá vigente a pesar de la incertidumbre que sobrevuela el futuro del sector". Stuart recuerda que la fue fundada a caballo entre París y Barcelona, donde tienen localizado su hub tecnológico.