El Supremo paraliza los casos de hipotecas ligadas al IRPH ante una nueva consulta al TJUE
Un juzgado ha vuelto a recurrir a la justicia europea en busca de aclaraciones después de que el alto tribunal español diera por buena la cláusula hipotecaria pese a reconocer que era opaca
La judicialización de las hipotecas españolas vuelve a quedar en suspenso, por enésima vez, a la espera de escuchar a la justicia europea. El Tribunal Supremo ha decidido paralizar todos los asuntos pendientes de resolución sobre créditos inmobiliarios ligados al polémico Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) vuelva a pronunciarse al respecto.
El motivo es que el Juzgado Número 38 de Barcelona ha presentado una nueva cuestión prejudicial ante la Corte de Luxemburgo después de que el alto tribunal español determinara recientemente que las hipotecas ligadas a este índice se comercializaron de forma opaca pero se negara a anular su vinculación a este índice.
Así lo ha comunicado la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en una providencia emitida este viernes por su presidente, Francisco Marín Castán, a la que ha tenido acceso este diario, en la que se plantea la suspensión de las causas pendientes a la espera de ver qué curso da el TJUE a la consulta prejudicial que se le remitió en diciembre.
El juez que presentó esta última cuestión fue precisamente el que ya había elevado el caso de las IRPH a Luxemburgo en 2018 y pide ahora aclaraciones dadas las “diferentes interpretaciones” que el criterio comunitario ha generado en España, empezando por la del Supremo que aprecia falta de transparencia pero no abusividad.
El Supremo se limita a anunciar que una vez que conozca si la consulta es admitida a trámite “adoptará la decisión que proceda”, lo que podría suponer la suspensión definitiva de todas las causas ligadas a este tipo de hipotecas hasta que la Corte emita un nuevo pronunciamiento.
“Valoramos muy positivamente la cautela del Supremo y esperamos que la mantenga, ya que, como ha respondido la Comisión Europea a la denuncia de Asufin están muy pendiente de la tramitación de las dos cuestiones prejudiciales planteadas”, expone la presidenta de esta asociación de usuarios financieros, Patricia Suárez.
Aunque el fallo del Supremo supuso un importante alivio para la banca, pues los analistas de Goldman Sachs calcularon que el coste de anulación retroactiva de la cláusula podría llegar a costar 44.000 millones de euros, la nueva consulta al TJUE vuelve a dejar al sector en vilo.
