Transportes se lanza a por 120 millones en garantías de las autopistas rescatadas

La incautación de las fianzas de explotación tiene el respaldo del Tribunal Supremo

La factura del rescate de las autopistas quebradas durante la anterior crisis va a ser minorada por el Gobierno en 120 millones de euros, cantidad que las concesionarias depositaron en su día como garantía por la explotación a cambio de los peajes. Los trámites y ejecuciones posteriores a la reversión en 2018 de un ramillete de ocho concesiones, titulares de nueve autopistas, siguen adelante de manera inapelable. Y es el turno de la ejecución de avales.

Tras el cálculo de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) en gran parte de ellas, con reducciones millonarias frente a los más de 4.000 millones previstos (por inversiones en puestas a punto o expropiaciones pendiente de pago), el Ministerio de Transportes ha empezado a reclamar las garantías financieras por la vuelta anticipada de las concesiones a manos públicas.

La primera solicitud de incautación afecta a la sociedad Autopista Madrid-Toledo (AP-41), cuya garantía alcanza los 10,12 millones de euros. En todos los casos se trata de reclamar la garantía de explotación, que suma un total de 119,6 millones de euros entre el grupo de autopistas quebradas. Y es que el Tribunal Supremo rechazó la incautación de las fianzas por construcción.

Bankia, ACS, Sacyr, Abertis o Ferrovial se opusieron en los tribunales a la incautación de garantías

El ministerio que lidera José Luis Ábalos se apoya precisamente en distintas sentencias del Supremo para lanzar un procedimiento que empresas como Bankia, ACS, Sacyr, Ferrovial, Abertis, Acciona o Globalvía, además de los fondos oportunistas titulares de la deuda y distintos avalistas, han tratado de frenar durante estos años a base de recursos. Una vez iniciado el trámite por parte de Transportes, será la Caja General de Depósitos la que ejecute las fianzas.

Tras la AP-41, irán las garantías de la R-2, R-3, R-5, R-4, M-12, AP-36, AP-7 Circunvalación de Alicante y AP-7 Cartagena-Vera. La toma de estos avales ya se contemplaba en los acuerdos de liquidación, y vuelta de esas autopistas bajo el paraguas la Administración, que fueron aprobados por el Consejo de Ministros y recurridos por los actores afectados.

Es la Ley 8/1972, en su artículo 36, la que otorga potestad a la Delegación del Gobierno en las sociedades concesionarias para lanzar este trámite. También avalan al Ministerio de Transportes los propios pliegos de los concursos de concesión y la Ley 13/2003 en su octava disposición adicional. Ambos textos legales regulan la relación entre el Estado y las concesionarias de autopistas y de obra pública, respectivamente. Los casi 120 millones fueron depositados por las sociedades concesionarias en la referida Caja General de Depósitos.

El Ministerio ha reclamado ya la garantía de la AP-41, de 10,1 millones de euros

Las sumas que irán a las arcas públicas oscilan entre los siete millones por la autopista madrileña M-12 y los 29,6 millones que constituyen la garantía de explotación de Accesos de Madrid, sociedad a través de la que Abertis gestionaba las radiales 3 y 5.

Sentencias

El Supremo llegó a emitir hasta tres fallos el pasado verano considerando sujetas a derecho las incautaciones de las garantías de explotación en los casos de la M-12, R-2 y R-4. Posteriormente llegaron otras sentencias en el mismo sentido.

La Justicia, eso sí, dictó en contra de la incautación de la fianza relacionada con el proyecto de construcción a la vista de que las infraestructuras habían sido ejecutadas con éxito y el plazo de estas garantías estaba más que vencido.

Las distintas sentencias aclararon que el Gobierno sólo tenía potestad para retener y quedarse con las fianzas por obras en caso de que no se hubiera ejecutado la inversión del 1% cultural al que obligan los contratos de concesión, tal y como interpretó también el Consejo de Estado.

De este modo, quedaron separadas ambas fianzas, de construcción y de explotación, en contra del criterio de la Abogacía del Estado, que defendía su naturaleza única.

La mayor cifra, de 29,6 millones de euros, corresponde a la concesionaria de las radiales 3 y 5

En sus resoluciones sobre las garantías de las autopistas quebradas, el Tribunal Supremo precisó que la quiebra, entre otras circunstancias, impide la devolución de la fianza de explotación al extinguirse una concesión.

Respecto a las garantías de construcción, la Sala III aclaró que sirve para avalar la responsabilidad de la concesionaria frente a la Administración, no frente a terceros, y tiene por objeto la construcción de las obras conforme al contrato de concesión. Su devolución, por tanto, es pertinente una vez finalizado el proyecto y transcurrido el plazo de garantía, siempre que no haya motivos que determinen su retención.

Judicialización del desastre de las radiales

Practicamente cualquier asunto relacionado con las sumas millonarias que derivan de la quiebra y rescate de autopistas en España ha acabado judicializado: el cálculo de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), el derecho del Gobierno a la incautación de garantías, los techos indemnizatorios o el cálculo lineal de la amortización de las infraestructuras.

El Ministerio de Transportes está procediendo a liquidar la RPA con bajo coste para las arcas públicas a la vista de que se ha tenido que invertir en la puesta a punbto de las autopistas y de que hay expropiaciones de suelo que las concesionarias dejaron por pagar. Pero hasta esas cifras están pendientes de sentencias.

Las autopistas están bajo el paraguas de la estatal Seittsa y el Gobierno ha evitado de momento el impacto de una suma millonaria en el déficit mientras se ha diferido la resolución económica de los contratos de concesión.

En el el sector de las infraestructuras y entre los acreedores de las autopistas dan por hecho que el cálculo último de la factura para las arcas públicas, por la quiebra de nueve autopistas durante la anterior crisis, lo acabará fijando un juez.